El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que pilota la vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, ha suscrito un convenio de cooperación educativa con la Universidad Autónoma de Madrid para incorporar al departamento a estudiantes en prácticas sin retribución económica. En concreto, es la Dirección General de Análisis Macroeconómico -la 'sala de máquinas' donde se realizan, entre otras tareas, las previsiones de PIB- la que oferta estas plazas para prácticas externas de universitarios de las que "no se derivarán, en ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral", tal y como consta en la resolución firmada el pasado 20 de abril y publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El convenio, en base a la normativa vigente, deja claro que estas prácticas, dirigidas a estudiantes de Máster en Economía, no son remuneradas, por lo que no se prevé ningún gasto derivado de bolsa de estudios o ayudas a cargo de la Dirección General de Análisis Macroeconómico. El objeto es, según lo firmado con la Autónoma, "exclusivamente formativo", de modo que "no se establecerá, en ningún caso, relación laboral alguna". La Universidad defiende esta colaboración para "completar los conocimientos de los estudiantes" y favorecer que "adquieran las competencias que les preparen para el ejercicio de su actividad profesional", mientras el departamento ministerial manifiesta que "desea participar en la formación de universitarios" para lograr "un mejor desempeño de su trabajo profesional".
De este modo, los estudiantes, que deberán cumplir un horario, respetar las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales o guardar secreto sobre toda la información a la que tengan acceso, entre otras obligaciones, no cobrarán un sueldo, ni cotizarán a la Seguridad Social, ni tendrán derecho, por ejemplo, a vacaciones o a acumular antigüedad. Recibirán su formación en el centro neurálgico del Ministerio, donde se elaboran las previsiones macroeconómicas del Gobierno que acompañan a los Presupuestos Generales del Estado o el Plan de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera; se coordina la interlocución con la Comisión Europea, así como con los principales organismos internacionales de previsiones; o se evalúa el impacto económico de las medidas incorporadas en el Plan Nacional de Reformas, por citar solo algunas tareas de notable calado.
Convenios habituales
Con todo, Calviño no es la única que oferta estas plazas sin remuneración. Dentro del marco legal vigente, distintos departamentos ministeriales optan por la opción de ofertar prácticas académicas gratuitas para estudiantes universitarios, a pesar de que el Gobierno mantiene su compromiso de cambiar la regulación sobre este tipo de prácticas que, en muchos casos, esconden relaciones laborales fraudulentas, según han venido denunciando los sindicatos. Durante el anterior Ejecutivo del PSOE, la entonces ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se comprometió a dar un vuelco a estas prácticas no laborales para garantizar su carácter formativo y el apoyo económico durante su realización. También está pendiente desde 2019 el desarrollo reglamentario de un decreto que obligaba a los estudiantes en prácticas a cotizar a la Seguridad Social; y la actual titular de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene en cartera un 'Estatuto del Becario' para dignificar las condiciones de esta figura predominante entre los jóvenes.
Pero con todo este desarrollo normativo paralizado, el Gobierno sigue firmando convenios con universidades para la realización de prácticas académicas sin contrato ni remuneración. Se trata de una modalidad, hay que insistir, regulada en la normativa vigente, que establece el carácter formativo de las prácticas académicas externas, sin derivarse de éstas las obligaciones propias de una relación laboral. La regulación, no obstante, sí contempla como derecho del estudiante el "percibir, en los casos en que así se estipule, la aportación económica de la entidad colaboradora, en concepto de bolsa o ayuda al estudio", algo que no se recoge en ninguno de estos convenios. Todos aclaran, eso sí, que los acuerdos, con una vigencia de cuatro años prorrogables por otros cuatro, se irán adaptando a los cambios normativos, incluida la obligación de cotización a la Seguridad Social para las personas en prácticas, sean éstas remuneradas o no.
Compromisos incumplidos
En cualquier caso, estos convenios no son los primeros que se firman en estas circunstancias en el ámbito de las administraciones públicas y, de hecho, son bastante habituales. El propio Ministerio de Trabajo, en tiempos de Valerio, protagonizó una polémica cuando salió a la luz en diciembre de 2018 que buscaba becarios universitarios expertos en estadística para hacer prácticas gratis en el Ministerio. El convenio se hizo público apenas dos semanas después de que se comprometiera con los sindicatos a regular las prácticas no laborales en un Plan de Empleo Joven. Fue entonces cuando se introdujo en el decreto por el que se subieron las pensiones en 2019 ese plan para hacer cotizar a los becarios que aún no se ha desarrollado.
La actual vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, tiene entre manos una reforma de profundo calado para mejorar las condiciones de los becarios, impulsando por ley la mejora de sus retribuciones, limitando el encadenamiento de periodos de prácticas y estableciendo un porcentaje máximo de becarios en las empresas, entre otras cuestiones. El bautizado como 'Estatuto del Becario' empezó a desarrollarse a principios de 2020, pero los trabajos se vieron interrumpidos por la crisis sanitaria y ahora se va a impulsar esta iniciativa a través del diálogo social, en el marco de las reformas comprometidas con Bruselas para acceder a los fondos europeos de recuperación Next Generation EU. Es un tema prioritario para los sindicatos, que reclaman al Gobierno que cumpla sus compromisos en esta materia.
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