Miércoles, 16.10.2019 - 20:05 h
La Administración 'mueve' su patrimonio inmobiliario

Carmena deja en el dique seco el principal activo inmobiliario del Estado en Madrid

Recorta la edificabilidad de la parcela del Parque Móvil y desactiva una de las mayores operaciones impulsada jamás desde la Administración.

Fotografía de Manuela Carmena / EFE
El equipo de Carmena ha puesto freno al 'pelotazo' inmobiliario del Parque Móvil / EFE

El Ayuntamiento de Madrid ha dejado en el dique seco la mayor operación inmobiliaria planteada desde la Administración del Estado en los últimos años: la venta de los terrenos que ocupa la antigua sede del Parque Móvil del Estado, en la madrileña calle Cea Bermúdez, con la que se pretendían obtener al menos 300 millones de euros. Según fuentes conocedoras de la operación, la decisión de los técnicos del Ayuntamiento de Madrid de reducir de manera drástica la edificabilidad planteada en el proyecto de la Dirección General de Patrimonio ha aconsejado a la Administración del Estado paralizar la operación y centrarse en otras apuestas más viables o que garantizan una mayor rentabilidad.

Una parcela de 26.700 metros cuadrados en pleno centro de Madrid, en el corazón del Barrio de Chamberí, con unas instalaciones administrativas obsoletas y de una operatividad muy limitada, pero con un gran potencial como desarrollo inmobiliario y un valor de mercado sin parangón dentro de la cartera de activos de la Administración del Estado. La histórica sede del Parque Móvil del Estado en la calle Cea Bermúdez se identificó desde el primer momento -fue incluida en el plan de enajenación de activos inmobiliarios propiedad del Estado aprobado en 2013- como un auténtico 'caramelo' dentro de un mercado saturado como el madrileño y sus posibilidades no pasaron desapercibidas para el equipo de Cristóbal Montoro, que impulsó un ambicioso proyecto inmobiliario para poner esos terrenos en el mercado.

¿Su objetivo? Ofrecer la mayor parte de los terrenos al mejor postor para realizar un desarrollo inmobiliario con 300 viviendas de lujo y aprovechar los ingresos obtenidos de la operación - esperaban conseguir alrededor de 300 millones de euros - para financiar la construcción en el espacio restante de un moderno espacio de oficinas para el Estado y también para reducir el déficit, un imperativo en aquellos años de la postcrisis.

Una carrera de obstáculos

Hacienda, a través de la Dirección de Patrimonio, se puso manos a la obra para presentar al Ayuntamiento de Madrid un plan parcial para poder ejecutar la operación. Pero se encontró con un problema. Resultó que la rampa por la que accedían y salían los vehículos del Parque Móvil era una joya arquitectónica única (sus características se glosan en este artículo de El Español) y como tal gozaba de protección. No se podía tocar. Hacienda asumió el contratiempo, recompuso su proyecto y hace un año y medio abrió una nueva ronda de conversaciones con los responsables de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid para reactivar la operación al calor del renacido impulso del mercado inmobiliario de la capital, que prometía unos jugosos ingresos para las arcas del Estado.

Pero el Ayuntamiento de Madrid no ha estado por la labor. Inmerso en un pulso con Hacienda a cuenta de las restricciones del Estado a los planes inversores del consistorio, el combativo concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, respondió en un primer momento a la propuesta del equipo de Cristóbal Montoro ofreciendo quedarse con la parcela por su valor catastral, unos 62 millones de euros, muy lejos de los 300 millones que pedía el Estado en lo peor de la crisis. 

Descartada esa opción, la Administración del Estado persistió por otros cauces. Continuó renegociando el proyecto y accedió a ceder al Ayuntamiento de Madrid los 3.000 metros cuadrados de las antiguas y ya obsoletas instalaciones deportivas del Parque Móvil para que el Consistorio desarrollara en ese espacio una nueva instalación con una piscina municipal.

La negociación entre Hacienda y el Ayuntamiento de Madrid, sin embargo, no llegó a buen puerto. Los técnicos municipales respondieron al proyecto gubernamental con un recorte muy importante de la edificabilidad prevista en el proyecto inicial, tan importante que comprometía seriamente las opciones de rentabilizar la operación, según aseguran fuentes conocedoras del expediente. Ante este escenario administrativo y con el patio político también revuelto por la proximidad de las elecciones, el Estado ha optado por aparcar 'sine die' el proyecto.

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