El Gobierno da vía libre al mayor pelotazo inmobiliario del Estado desde la crisis

Ni la factura ingresada por la venta en 2014 de los históricos Estudios Luis Buñuel de RTVE en el Paseo de la Habana, ni la de la adquisición por parte del Consorcio de Compensación de Seguros de la emblemática vieja sede de la CNMV, en pleno Paseo de la Castellana, se aproximan a los rendimientos para el erario público que el Gobierno espera obtener de la operación inmobiliaria que acaba de poner en marcha y que espera sustanciar en los próximos tres meses. Se trata de la enajenación del edificio de oficinas que el Estado posee en el número 50 de la madrileña calle María de Molina, en la manzana delimitada por esta calle y las de Núñez de Balboa, General Oraá y Castelló - es decir, en pleno corazón del Barrio de Salamanca -, cerca de 45.000 metros cuadrados de espacio disponible, más 396 plazas de garaje, más un local comercial de 1.431 metros cuadrados y siete trasteros bajo rasante. Un 'caramelo', por su tamaño y por su localización, en un mercado cada vez más estrecho y con una demanda potente.

El proceso de consulta que el Gobierno abrió -aún en la época de Mariano Rajoy- con las principales consultoras inmobiliarias del mercado para chequear el apetito por este espacio y aproximar su valor real en el mercado inmobiliario debió llegar a esa misma conclusión, porque la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Madrid -el órgano dependiente de Hacienda que gestiona este proceso- ha determinado la convocatoria de una subasta al alza, cuyo precio de salida ha quedado fijado en 196 millones de euros. Por ofrecer una comparación, los terrenos donde se situaban los Estudios Luis Buñuel se vendieron en 2014 por 35,2 millones de euros y el Consorcio de Compensación de Seguros pagó algo más de 40 millones por los 6.300 metros cuadrados y las 39 plazas de garaje de la histórica sede de la CNMV.

Sobre el papel, se trata de la mayor venta inmobiliaria que va a ejecutar la Administración General del Estado desde que en 2012, con el agua al cuello y necesitado de ingresos inmediatos como nunca antes, el Gobierno de Mariano Rajoy activara el llamado 'Programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios del Estado', que aspiraba a colocar en el mercado en apenas tres años (2012 a 2015) 15.135 activos inmobiliarios de propiedad estatal, entre solares, fincas rústicas, edificios, locales comerciales, naves industriales, etcétera, y en lo que también se incluyeron un centenar de edificios singulares por los que se preveía obtener una jugosa suma.

Al margen de que terminado ya 2017 el Estado apenas hubiera logrado vender un 46% de los bienes inmobiliarios de los que pretendía desprenderse, ninguna de todas las operaciones liquidadas dentro de ese plan se aproximó siquiera al rendimiento que el Estado espera obtener por la venta del edificio de oficinas de María de Molina, 50. 

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Según un informe que elaboró en su día El País, hasta la fecha la principal operación inmobiliaria realizada por el Estado ha sido la venta por parte de ADIF a El Corte Inglés del aparcamiento situado junto al centro comercial de Nuevos Ministerios, en la calle Raimundo Fernández Villaverde, que se cerró por un importe de 135 millones de euros.

Ahora, el Ministerio de Hacienda ha abierto la puja por el edificio de María de Molina, 50 en 196 millones de euros. Según la resolución aprobada por la Delegación de Economía y Hacienda de Madrid el pasado 20 de marzo, el plazo para presentar ofertas se abrirá este martes 26 de marzo y permanecerá abierto durante los próximos dos meses para que los interesados puedan hacer sus ofertas, que se presentarán en sobre cerrado y que deberán adjuntar una garantía equivalente al 5% del tipo de licitación de lote: 9,8 millones de euros. La apertura de los sobres está prevista para el próximo 7 de junio.

Modernizar la red de instalaciones del Estado

Cuando la operación fue puesta encima de la mesa por el Ministerio de Hacienda en abril de 2018, todavía con Cristóbal Montoro como titular de esa cartera, el planteamiento inicial era aprovechar los ingresos que se obtuvieran de la venta en el mercado del edificio de María de Molina, 50, para construir nuevas oficinas que acogieran las dependencias trasladadas temporalmente de su antigua sede por la ejecución de esta operación inmobiliaria. "Permitirá la construcción de inmuebles estatales suficientes para amortizar no sólo los nuevos arrendamientos, sino también, otros arrendamientos existentes destinados, igualmente, a alojar unidades administrativas", decía la nota emitida por Hacienda.

Entre 2012 y 2018, la Administración General del Estado y el sector público empresarial dependiente de la misma ha vendido al mercado 6.500 propiedades inmobiliarias con un saldo total de ingresos de 886 millones de euros. Esta operación puede mejorar sensiblemente el saldo.