La Generalitat de Cataluña un requerimiento al Ministerio de Vivienda para la modificación del sistema para fijar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas, un paso previo a la interposición de un recurso contencioso administrativo ante los tribunales, según ha informado este viernes EFE. Con este paso, el Departament de Territori inicia un pulso judicial con el ministerio liderado por Isabel Rodríguez que deja patente las diferencias entre ambas administraciones por el índice de precios establecido por Vivienda para topar los alquileres.
En declaraciones a los medios en Terrassa (Barcelona) recogidas por Europa Press, la consellera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella ha explicado que el requerimiento previo insta al Gobierno a cambiar de opinión: "La voluntad expresa que recapaciten antes de interponer el procedimiento judicial, que estamos muy convencidos que ganaremos". "El requerimiento tiene relación con la defensa de las competencias propias de Catalunya", ha asegurado Capella, que ha apuntado que el sistema catalán es más fiable que el baremo estatal para controlar los precios.
Fuentes del Ministerio de Vivienda aclaran que los sistemas autonómicos no pueden servir para regular aspectos básicos del ejercicio de competencias exclusivas del Estado y que el índice estatal da seguridad jurídica al sistema y se evitan recursos por competencia que podrían impedir su aplicación.
El Índice de Precios de Referencia del alquiler estatal es condición indispensable para poder aplicar los límites a los alquileres en las zonas tensionadas. El indicador ofrece un rango de precio para las diferentes áreas que abarca desde un límite inferior hasta uno superior. La Generalitat de Cataluña cuenta con su propio indicador, en el que se establece un precio único, aunque a efectos prácticos este no cuenta con ninguna aplicación en la nueva ley de vivienda.
Desde el departamento de Territorio que dirige Ester Capella no vieron con buenos ojos este formato de rangos de precios y se decantaban por un modelo parecido al suyo -con un precio del alquiler único, en lugar de una horquilla-, ya que la propia Capella criticó que la existencia de un límite superior provocaría que todos los arrendamientos se incrementaran hacia el escalón más alto.
Desde el departamento de Vivienda de la Generalitat piden modificar la resolución del Ministerio de Vivienda que recoge esa horquilla de precios, para que determine la "coexistencia" del indicador estatal con uno autonómico y prevea "mecanismos de colaboración adecuados" para determinar el límite máximo del alquiler.
El indicador ya está en vigor en Cataluña
Cataluña es la única comunidad autónoma en la que se ha utilizado el índice de precios del alquiler estatal para declarar zonas tensionadas. En concreto, desde el pasado 15 de marzo la Generalitat tiene capacidad para limitar los alquileres en las zonas consideradas de mercado tenso, un instrumento previsto en la Ley de Vivienda del Gobierno.
La Generalitat asegura que la resolución del Ministerio, publicada el 15 de marzo en el BOE, "no incluye ninguna aplicación territorial ni tiene en cuenta los índices de referencia que ya pudiesen existir en alguna comunidad autónoma ni ningún mecanismo de colaboración entre los diversos índices".
Esta ausencia comporta, a su juicio, "una vulneración de toda la normativa estatal vigente", desde el real decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y de alquiler hasta la propia ley para el derecho a la vivienda, que prevé "la coexistencia" entre los índices estatales y autonómicos, aseguran.
Territorio defiende además que la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) prevé también la coordinación entre los diferentes sistemas y metodologías desarrolladas por las comunidades autónomas.
Por todas estas razones, la Generalitat pide modificar la resolución del Ministerio de Vivienda sobre el índice de referencia para que determine la coexistencia del estatal con el autonómico y prevea "mecanismos de colaboración adecuados" para determinar el límite máximo del alquiler.
