Topar o no topar, esa es la cuestión. Las comunidades autónomas son las administraciones con las competencias exclusivas para legislar sobre vivienda, y aquellas gobernadas por el PP no ven con buenos ojos el establecimiento de zonas tensionadas. La medida permite la intervención del mercado del alquiler en las áreas residenciales calientes, como dispone la normativa estatal de vivienda. No obstante, el Ministerio del ramo y algunos ayuntamientos, la práctica mayoría gobernados por las fuerzas políticas de izquierdas, no dan la batalla por perdida para poner en práctica la ley, aunque la última palabra recae sobre las autonomías.
En una visita reciente a Alcorcón, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, pidió a los municipios que aprovecharan su "autonomía local" para reivindicar ante sus gobiernos autonómicos la puesta en marcha del Índice de Precios de Referencia. La Comunidad de Madrid, una de las autonomías más combativas contra la nueva ley, ha recibido la solicitud de declarar zonas tensionadas por parte de tres municipios: Getafe, Alcorcón y Fuenlabrada -los tres con alcaldes socialistas-, afirman fuentes de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda. Las tres han sido rechazadas.
Desde el ayuntamiento de Alcorcón asumen que no pueden sortear la decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, cuya negativa es suficiente para que los topes no puedan aplicarse e impugnaría cualquier decisión unilateral por parte de los ayuntamientos madrileños. La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, advirtió a principios de mes que, de no aprobarse la declaración de zonas tensionadas, el consistorio presentará una iniciativa legislativa municipal en la Asamblea de Madrid, órgano en el que el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta.
Getafe vive una situación similar. Desde el municipio, liderado por la alcaldesa socialista Sara Hernández, denuncian que llevan reclamando sin éxito desde septiembre intervenir los mercados del alquiler al Gobierno de Madrid, algo que Hernández volverá a solicitar a Ayuso este lunes, en una reunión entre ambas administraciones. "No valoraron los datos de la ciudad, con alquileres hasta un 45% por encima de los índices de referencia", según critica un portavoz del ayuntamiento.
Galicia abre la mano
Galicia es otra de las autonomías que han declinado aplicar a nivel autonómico las limitaciones de precios. Sin embargo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que tendrá en consideración las propuestas de los ayuntamientos que soliciten y "justifiquen" debidamente las intervenciones del mercado.
Es el caso de Santiago de Compostela, gobernada por el BNG y Compostela Aberta. La capital de Galicia espera que, una vez aprobados los Presupuestos municipales de este año, el Concello encargue los informes técnicos que demanda la Xunta para declarar las áreas residenciales calientes, aunque fuentes del ayuntamiento aseguran que aún no han comprobado el grado de "receptividad" del Ejecutivo autonómico.
Iago Lestegás, concelleiro de Urbanismo del ayuntamiento, afirmó que al Xunta ha comunidado a la ciudad que tan solo el distrito 5 -en el que se concentra el 41% de los contratos de alquiler de Santiago, detalló Lestegás- cumpliría con los requisitos fijados por la Xunta para aplicar los topes, según recoge elCorreoGallego.
A Coruña es otro de los ayuntamientos gallegos liderados por una alcaldesa socialista, Inés Rey, que busca aplicar la ley de vivienda en el municipio. No obstante, Rey llegó a acusar a la Xunta de "torpedear" la petición del gobierno local para declarar la ciudad mercado tensionado, unas acusaciones a las que también se ha sumado el BNG. "No tiene ninguna lógica que [desde la Xunta] primero exijan documentación para respaldar la solicitud y luego digan que no cumplimos", aseveró la alcaldesa de A Coruña el pasado mes de marzo.
Críticas a la normativa
Aunque desde la Xunta de Galicia darán la posibilidad a los concellos de incluirse a las limitaciones de alquiler, tanto el Gobierno de Rueda como el del resto de ejecutivos con presencia popular han venido criticando la normativa de vivienda por considerar que las intervenciones del mercado rebajarán la oferta de vivienda disponible.
La otra vía de críticas al índice parten desde Cataluña, aunque en este caso por falta de ambición, según denunció la consellera de Vivienda de Cataluña, Ester Capella, poco antes de darse a conocer el indicador de precios.
El departamento de Territorio de la Generalitat criticó el hecho de que el registro -que se utiliza como baremo para fijar las limitaciones de actualización de las rentas- cuente con un rango de precios del alquiler superior y otro inferior que marca una horquilla de precios en lugar de un valor único. En opinón de la consellera esto "hará que todo el mundo se rija al rango superior y, por lo tanto, no bajarán los precios de los alquileres", algo que no ha evitado que la aplicación de los topes haya entrado en vigor en la comunidad.
El indicador de vivienda permite establecer un precio máximo como límite del precio de la renta de los nuevos contratos de arrendamiento o los contratos de los arrendadores considerados como “grandes tenedores” en aquellas zonas que se declaren de mercado residencial tensionado, unas medidas que la propia Rodríguez estima que presentará un ahorro de entre el 20% y hasta el 40%.
