La CNMC ha resuelto declarar la inexistencia de infracción y el archivar el procedimiento sancionador contra Caixabank, Bankia, Banco Santander y Banco Sabadell por presuntos actos de competencia desleal cometidos con ocasión de la comercialización de los préstamos avalados por la línea de avales ICO Covid a empresas y autónomos, según ha explicado el organismo que lidera Cani Fernández en un comunicado.
La investigación del organismo arrancó en 2020. La CNMC recibió quejas de algunas pymes a través de su canal de denuncias, que señalaban que para lograr acceso a las líneas COVID, impulsadas por el Gobierno, las entidades financieras estaban exigiendo la contratación de otros productos adicionales -fundamentalmente de vida- y refinanciar deudas preexistentes.
"Tanto en la fase de instrucción como de resolución del procedimiento se llevaron a cabo múltiples actuaciones destinadas a esclarecer los hechos dirigidas a las entidades investigadas, a entidades representativas de consumidores y usuarios, de pequeñas y medianas empresas o del ámbito de los seguros, etc. Destacan particularmente los requerimientos efectuados por este Organismo al Instituto de Crédito de Oficial y al Banco de España que no reportaron incidencias relevantes, ni actuaciones concretas en el ámbito de sus respectivas competencias", apunta la CNMC. Tras muchos meses de investigaciones, finalmente la autoridad de Competencia señala "no se ha acreditado la concurrencia de los elementos necesarios para considerar probada una infracción del articulo 3 de la LDC", apunta.
En un primer análisis, avanzado en 2021, la CNMC había sido bastante dura con los bancos, dudando de que la venta de estas líneas de liquidez hubiera estado alineada con las buenas prácticas. "Tras el análisis realizado, la CNMC considera que la actuación de los bancos investigados se alejaría de la buena fe exigida a las empresas en sus relaciones con los clientes. En consecuencia, sus prácticas podrían haber alterado el comportamiento económico de los consumidores que acudieron a estas entidades para suscribir los créditos ICO. Todo ello podría suponer un falseamiento de la libre competencia y habría afectado al interés público", apuntaba hace dos años. A partir de entonces, la CNMC se daba 18 meses para resolver el expediente.
Polémica con los avales
Las líneas ICO-Covid fueron lanzadas por el Gobierno para facilitar la liquidez de las pequeñas empresas durante la pandemia. El gran atractivo para los bancos es que estos créditos cuentan con aval público de manera que si entraran en impago contarían con cobertura ante las posibles pérdidas. Las entidades financieras españolas fueron muy activas con la venta de estos productos, utilizados especialmente para financiar necesidades de liquidez en pleno parón de la actividad económica, pero surgieron denuncias -a las que se refiere la CNMC- que apuntaban a que se habría podido exigir a algunos clientes la contratación adicional de productos.
El modelo de avales diseñado por el Gobierno no contemplaba requisitos de contratación de productos adicionales en este sentido y los bancos investigados siempre defendieron que la venta se había llevado a cabo sin ningún tipo de exigencia añadida.
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