Las ayudas a las personas en situación de dependencia, que valoran, gestionan y otorgan las comunidades autónomas, siguen sin llegar a sus destinatarios, que pese a tener el derecho reconocido a recibirlas, causan baja en casi el 20% de los casos -la mayoría por fallecimiento- antes de obtenerlas. A día 31 de marzo, último dato disponible, un total de 253.346 dependientes con prestación asignada no la habían recibido. Alrededor de 102.000 tenían reconocidos grados II y III, los más severos, frente a 151.400 de grado I.
Según se desprende de las estadísticas del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), a finales de marzo había 1.064.795 beneficiarios de las ayudas, apenas 10.500 más que a finales del año 2018. Siete de cada diez superaban los 65 años y de esos, la mitad tenía más de 80 años, una situación que sin duda propicia que hasta el 18,23% de los que debían recibir el servicio causen baja antes de obtenerlo. La mayoría de los beneficiarios -casi el 70%- tenían reconocidos servicios, mientras que para 409.000 se había dado el visto bueno para que recibiesen prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar.
El mayor número de beneficiarios que están recibiendo ayuda en este momento se concentra en las autonomías de Andalucía (210.304), Cataluña (158.340) y Madrid (140.767), que representan casi la mitad del total. No obstante, Cataluña, Canarias, La Rioja y Andalucía lideran el ránking de las comunidades autónomas con un mayor porcentaje de personas pendientes de obtener la prestación con respecto al número total de beneficiarios. En los cuatro casos superan el 26%.
Tras el desembarco del Gobierno bipartito de Partido Popular y Ciudadanos, Andalucía ha sido una de las comunidades que más ha reactivado las ayudas a la dependencia, que cofinancian la Administración General de Estado (AGE) y las regiones, mientras que algunos servicios -residencias- son pagados en parte por los beneficiarios. Ha sido precisamente la nueva Junta la que ha denunciado que el Gobierno autonómico anterior ocultó a 34.000 solicitudes de ayudas, en un hecho similar al que se dio con las listas de espera de la sanidad, y que 26.000 andaluces fallecieron en los últimos tres años antes de recibir su prestación. Además destinará este año 77 millones para agilizar los procedimientos de concesión de ayudas.
Las mujeres y, fundamentalmente, con más de 80 años copan la solicitudes de Dependencia y es Andalucía la comunidad en la que el porcentaje de beneficiarios con prestación en relación a la población es mayor, casi el 2,53%. A finales del mes de diciembre, el número de receptores era mayoritariamente mujeres, casi el doble que hombres, 686.417 frente a 367.858. Mientras, más de la mitad de los que recibían ayuda eran octogenarios, según la estadística del Saad.
Las diferentes ayudas fijadas varían entre apenas 150 euros y algo más de 700. Así, las prestaciones económicas para financiar los gastos del servicio de atención residencial, atención diurna o ayuda a domicilio oscilan entre 300 y 715 euros, dependiendo del grado de dependencia. También existe una ayuda, de carácter excepcional, para cubrir parte del coste derivado de la atención de los dependientes en su domicilio por parte de personas de su entorno familiar, que va de 153 a 387 euros; y otra para afrontar el contrato de una asistencia personal profesional, que representa un importe de entre 300 y 715 euros.
El efecto de los recortes de la crisis
Un reciente análisis elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales destacaba que durante 2018 se produjeron ciertas mejoras en el sistema de dependencia, sobre todo relativas a la gestión, a la reducción de listas de espera -en 60.000 personas- pese al incremento de las solicitudes y al aumento de las prestaciones recibidas, lo que no impidió que 30.000 personas muriesen durante ese año sin recibir su ayuda, casi 80 cada día.
Además, constataba el informe que la reducción acumulada de las cuantías de las prestaciones por cuidados familiares desde 2012, debido a la crisis económica, ascendió a 1.635 millones de euros, una cantidad que los afectados dejaron de recibir. Mientras, calculaba que el tijerazo en la inversión en dependencia por parte de la Administración General del Estado desde hace siete años supera ya los 5.400 millones de euros.
Por ultimo, apuntaba que el coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2018 ascendió a 8.252 millones, de los cuales las administraciones públicas aportaron 6.922 millones de euros. El resto -1.330 millones- lo pusieron sobre la mesa los usuarios en forma de copago regulado, lo que supone algo más del 20%. Del gasto público directo en dependencia en 2018, la Administración General del Estado soportó el 20% y las comunidades autónomas el 80% restante. Muy lejos de la pretendida aportación c0mpartida al 50%
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