La Unión Europea ha llegado a un acuerdo provisional para la reforma de la regulación bancaria con el objetivo de aumentar la resistencia de las entidades que operan en la Unión y reforzar su supervisión y gestión del riesgo ultimando la aplicación de las reformas reglamentarias de Basilea III acordadas a escala mundial. Los negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo han logrado este acuerdo provisional sobre las modificaciones del reglamento y la directiva sobre requisitos de capital, aunque aún debe ser refrendado por ambas instituciones antes de su adopción formal.
En virtud del acuerdo provisional, los negociadores han acordado la forma de aplicar el denominado 'output floor', que limita la variabilidad de los niveles de capital de los bancos calculados mediante modelos internos, y las disposiciones transitorias adecuadas para dar tiempo suficiente a los agentes del mercado para adaptarse.
Los negociadores han convenido, además, introducir mejoras en los ámbitos del riesgo de crédito, el riesgo de mercado y el riesgo operativo. También acordaron introducir una mayor proporcionalidad en las normas, en particular para las entidades pequeñas y no complejas.
El acuerdo incluye además un marco armonizado para evaluar la idoneidad de los miembros de los órganos de dirección de las entidades y de los titulares de funciones clave. Asimismo, se ha alcanzado un acuerdo sobre normas para salvaguardar la independencia de la supervisión, en particular estableciendo un período mínimo de reflexión para el personal y los miembros de los órganos de gobierno de las autoridades competentes antes de que puedan ocupar cargos en las entidades supervisadas, y un límite de tiempo en el cargo para los miembros de los órganos de gobierno.
Los negociadores también han acordado un régimen prudencial transitorio para los criptoactivos y modificaciones para mejorar la gestión de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza por parte de los bancos y han decidido armonizar los requisitos mínimos aplicables a las sucursales de bancos de terceros países y la supervisión de sus actividades en la UE.
