La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha advertido al Gobierno de que llevará a cabo movilizaciones si no convoca de inmediato una "negociación real" de las materias que quedan pendientes en la Administración Pública, algunas de ellas vinculadas al pago de los fondos Next Generation como es la reducción de la temporalidad que se sitúa actualmente en el 31% frente al 14% del sector privado. El sindicato que no suscribió el último acuerdo salarial cerrado entre el Ministerio de Función pública -entonces encabezado por María Jesús Montero- y que recoge una subida del 2% en 2024 está determinado a recuperar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores públicos en los últimos años a causa de la inflación.
El presidente de CSIF, Miguel Borra Izquierdo, ha amenazado al actual titular de la cartera, José Luis Escrivá, con llevar a cabo una "primavera caliente" con protestas que se extenderán por todo el territorio si no atiende sus reclamaciones. Si bien el líder sindical ha reconocido la predisposición del exministro de Seguridad Social por haber recibido a los diferentes sindicatos a los pocos meses de recibir la cartera, ha expresado sus dudas de que los puntos que se ha comprometido a sacar adelante junto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) como es la jubilación parcial, no reflejen más una voluntad que una promesa en firme.
Sobre la posibilidad de que un trabajador se retire de forma progresiva antes de alcanzar la edad legal de jubilación, el representante de CSIF ha recordado que esta figura ya estaba plenamente implementada antes de 2012, cuando desde el Gobierno se decidió eliminarla como una forma de recortar el gasto público y que al personal laboral ya se le aplica, por lo que entienden que no debe haber ningún impedimento para extenderlo al conjunto de los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE). "Así se lo hemos trasladado al Gobierno", ha explicado Borra en rueda de prensa. Desde CSIF creen que es el momento de modificar el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) de forma que se homogenicen las condiciones de todos los empleados públicos, con independencia del nivel de la administración para el que trabajen.
Asimismo, desde la representación de los funcionarios y los empleados públicos inciden en la necesidad de que se adecúen los grupos profesionales y su retribución a las funciones que los empleados públicos llevan a cabo en el día a día. Las categorías se encuentran recogidas en el artículo 76 del TREBEP y en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI firmado en 2022 ya se había estipulado que estas estaban desactualizadas. En este documento el Gobierno también se comprometió a introducir el teletrabajo, pero no se ha terminado de concretar en muchos servicios públicos, al igual que sucede con la evaluación del desempeño que iba a recoger la Ley de Función Pública que el Ejecutivo sustituyó por algunas medidas integradas en un real-decreto ley de diciembre para aprobar todo lo ligado al Plan de Recuperación.
El sindicato, que celebra el próximo jueves su congreso nacional en el que se elegirá a todos los cargos de representación, también reclama un plan de recursos humanos por el que las plantillas se adecúen a las necesidades reales que tiene el sector para prestar los servicios públicos. En este sentido, piden que se agilicen los procesos selectivos y que se elimine la tasa de reposición con el fin de dar un adecuado relevo generacional ante la oleada de jubilaciones que se esperan en los próximos años. "En los últimos 10 años la Administración Pública Estatal ha perdido alrededor de 40.000 efectivos y más de la mitad de la plantilla se jubilará en los próximos 5-10 años" han advertido.
A este respecto, siguen con atención la cuestión prejudicial que ha planteado la sala de lo social del Tribunal Supremo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tras la sentencia en la que la corte estableció que unos trabajadores públicos tenían que ser considerados como fijos y no como indefinidos no fijos como se venía aplicando hasta el momento. "El TJUE no ha dicho nada nuevo" aseguran desde CSIF, quienes estiman que la sentencia ratifica el abuso que se ha producido en los últimos años, que vinculan al establecimiento de la tasa de reposición, la cual limita el porcentaje de vacantes que se pueden cubrir cada año. Escrivá se ha comprometido a eliminarla en 2025, pero este sindicato defiende que debería hacerse con carácter inmediato.
