Lunes, 30.03.2020 - 22:41 h
Vía Real Decreto 

CSIF convoca movilizaciones para que se suba el sueldo a los funcionarios en enero

"Los empleados públicos no van a tolerar que se retrase ni un día la subida salarial que está firmada y pautada desde el año pasado". 

FUNCIONARIO, OFICINA, TRABAJADOR,
CSIF convoca movilizaciones para que se suba el sueldo a los funcionarios en enero. / E.P. 

El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha anunciado este martes que va a reclamar al Gobierno que apruebe la subida del 2% del salario de los empleados públicos vía Real Decreto para hacerla efectiva desde el 1 de enero de 2020, medida que afecta a más de 2,5 millones de trabajadores públicos. El sindicato, según recoge Efe, ha convocado movilizaciones frente a las delegaciones de Gobierno este próximo jueves para que se garantice la subida salarial

Así lo ha señalado este martes en un encuentro con los medios, donde ha apuntado que el Ejecutivo está "facultado" para dictar dicha norma y ha remarcado que la subida queda "al arbitrio de su voluntad política". "Los empleados públicos no van a tolerar que se retrase ni un día la subida salarial que está firmada y pautada desde el año pasado", ha dejado claro Borra.

El presidente del sindicato ha recordado que en el encuentro que se tuvo hace unas semanas con el ministro de Política Territorial y Función Pública en funciones, Luis Planas, ya se le trasladó a los sindicatos que no se podían subir los salarios de los empleados públicos por Real Decreto.

De hecho, fuentes gubernamentales han recordado a Europa Press que, tal y como ya indicó Planas a principios de octubre, un Gobierno en funciones tiene "limitaciones legales" y "no tiene la capacidad de aprobar un decreto ley que incremente los salarios con carácter anterior al 31 de diciembre", aunque Planas matizó que se estudiarían mecanismos en función de la situación y el calendario político, y que en caso de no aprobarse en enero, verá la luz con carácter retroactivo.

No obstante, Borra ha señalado que "se remite a los hechos" y ha recordado que mañana se convalidan cuatro reales decretos en la Diputación Permanente. "Con todo el respeto, los parámetros retributivos del sector eléctrico no creo que sean más importantes que el salario de los funcionarios públicos", ha apostillado.

Así, ha hecho hincapié en que quiere que el Gobierno tenga en cuenta a los empleados públicos y reconozca el esfuerzo que este colectivo ha hecho durante la crisis. "No vamos a tolerar que los trabajadores paguemos el pato de nuevo ni que nuestras condiciones laborales se vean perjudicadas por la falta de acuerdo para formar un Gobierno estable", ha resaltado Borra, tras recordar que los funcionarios todavía arrastran, desde la crisis, una pérdida de poder adquisitivo del 20%.

Por todo ello, CSIF también ha convocado una movilización para el próximo jueves en toda España frente a las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno. El sindicato ha anunciado que continuarán con más medidas de presión si el Gobierno no ejecuta lo pactado en el II Acuerdo de mejora en el empleo público y de condiciones laborales para todos los empleados públicos.

La central sindical también ha puesto el punto de mira en el deterioro que atraviesan los servicios públicos por la "parálisis" del Gobierno central y la inercia que se traslada al resto de administraciones públicas. En esta línea, ha remarcado que existe parón en las convocatorias de empleo público, que provoca "alta temporalidad, precariedad y deterioro en general" de los servicios públicos por la falta de plantillas. De hecho, en la actualidad solo se han llevado a cabo el 20% de las convocatorias para las 250.000 plazas acordadas en 2017.

Por otro lado, Borra ha resaltado que en sanidad se han destruido 50.000 puestos en los últimos dos meses, que en educación existe una "gran inestabilidad laboral e incertidumbre" y que en justicia se ha bloqueado la negociación colectiva.

También ha señalado que en las administraciones locales la parálisis está provocando que, por ejemplo, en Madrid decenas de refugiados duerman en la calle por "la inacción, descoordinación y el choque de competencias entre el Gobierno, la Comunidad y el Ayuntamiento".

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