La nueva ley de la Cadena Alimentaria del ministro de Agricultura, Luis Planas, no convence a todos los eslabones que componen el sistema, desde los productores agrarios hasta los lineales de los supermercados. La reforma, que llegaba para apaciguar los ánimos del campo, cojea de inseguridad jurídica para el productor primario y, para la industria y las tiendas, siembra un gran miedo a un aumento de los costes burocráticos y las trabas comerciales. Ninguna de las fuentes consultadas, que agrupan a entidades representativas de cada eslabón, entiende del todo cómo se aterrizará la norma. Ni siquiera el más débil, la agricultura, que ha sido quién más ha empujado para que la regulación se hiciera realidad, está conforme con el resultado. La ley, cuyas demandas llevan casi 10 años sobre la mesa, ha estado modificándose en los últimos años para recoger el reglamento europeo. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de su aprobación, la semana pasada, las expectativas positivas abrían la puerta a grandes preocupaciones.
La reforma, hecha sobre la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria de 2013, tiene una norma 'estrella' que atiende a la petición de los agricultores tras las sonadas marchas de 2019: prohibir la compraventa por debajo del coste de producción. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Nadie sabe con certeza cuánto cuesta producir y no hay un índice universal que lo indique, con lo cual será muy difícil descubrir cuando no se cumple la norma. Con ese escenario, el presidente de Asaja, Pedro Barato, se muestra escéptico ante la aplicación: "Las normas están para cumplirlas, pero tampoco se cumple el pago en un plazo de 30 días de los alimentos perecederos. Esperemos que con esta norma no pase lo mismo, porque necesitamos medidas inmediatas", critica a este medio.
De la asociación agraria que aglutina a una parte importante de los agricultores y ganaderos en España explican que al menos ahora hay un marco sobre el que dialogar y reclamar por ley ante un problema de compra por debajo de costes, pero no se sabrá hasta qué punto es útil hasta que pase el tiempo. Dentro del sector primario se quejan de la falta de claves que da el ministerio para avanzar en el desarrollo de la ley. La cooperativa de aceite de oliva Decoop puntualiza que a un agricultor puede costarle 1 euro elaborar 1 kilo de aceituna de mesa y a otro 2 euros, por lo que no saben qué índice aplicar a sus socios. Un 'caos' en el aceite aún sin respuesta que, junto con la leche, es de los pocos que tiene datos actualizados por el Ministerio para estimar el porcentaje de costes de cada etapa a la hora de formar precios. Su producción se lleva un 60% del coste del producto, la industrialización un 27% y la distribución un 13%. La leche tiene parámetros parecidos.
La industria y el 'súper'
El segundo eslabón, la industria, representada por FIAB entre otras asociaciones patronales, valora el blindaje a los agricultores para dar pie a una cadena más sostenible pero admite que es delicado que el coste efectivo del productor lo tenga que justificar el comprador. Esto es porque, en la ley, la Administración entra a regular las relaciones comerciales de los primeros eslabones al obligar que se formalice un contrato por escrito en todas las operaciones comerciales. Además se añaden nuevos elementos contractuales y se da pie a un registro digital donde el Ministerio centralizará los contratos alimentarios. Así, pretende acabar con prácticas desleales y fomentar la trasparencia comercial, pero FIAB rechaza la propuesta ya que los operadores son los que deben registrar las condiciones de compra, y eso hace "más complejas las relaciones entre los eslabones de la cadena".
La nueva regulación también entra en el ámbito internacional. Establece que con los países miembros de la UE se aplique la Ley de la Cadena si ambas partes están de acuerdo, algo que ha hecho saltar las alarmas en Fepex, una federación que agrupa a exportadores de futas y hortalizas en España. Temen que se les exija a los operadores que trabajan en España documentos que no se piden en el resto de Europa, y se dañe la competitividad. "No queremos que, a la larga, se judicialicen las relaciones comerciales", explican.
Por último, desde el tercer eslabón, advierten que esas regulaciones no deben añadir cargas económicas que encarezcan el proceso de cara al consumidor. El nuevo reglamento obligará a extender burocracia y, con ello, trámites que antes no eran necesarios. Así, los supermercados temen que dichos procesos revaloricen sus gastos, mermando sus márgenes de beneficio. En cuanto a la prohibición de la venta a pérdidas y ante un hipotético encarecimiento de los precios, Asedas, la asociación que representa a distribuidores del nivel de Mercadona o Día, alerta que el clima de fortísima competencia no admite subidas pronunciadas.
"Exigimos los mejores precios posibles. Si los proveedores tienen un incremento que se acaba trasladando al producto final, haremos todo lo posible para seguir siendo competitivos", explica su presidente, Ignacio García Magarzo. También, argumenta Magarzo, existen casuísticas que van más allá de la aplicación de un posible índice para no vender a pérdidas. "A veces, los precios están bajos porque la cosecha ha sido grande o la calidad es muy mala", y estas razones no tienen nada que ver por los gastos asumidos por los agricultores por pesticidas, combustibles o maquinaria.
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