Si no es una reforma radical del modelo como sugirió el gobernador del Banco de España, el cambio será cualquier otro, pero parece que será porque desde el presidente del Gobierno a la Comisión del Pacto de Toledo han pisado el acelerador para dar una respuesta a la calle, donde estos días pasados se han concentrado decenas de miles de pensionistas que defienden una mejora del sistema de retribuciones.
Con todo, el Gobierno busca hacer más atractivos los instrumentos de inversión privada con destino a la jubilación y trabaja ya en dos nuevas normas para mejorar las condiciones del ahorro a través de planes y fondos de pensiones. Fija así medidas dirigidas a la gobernanza de los fondos, su régimen de información, su supervisión y la mejora de la adquisición y mantenimiento de estos planes para trabajadores que decidan cambiar de país dentro de la Unión Europea.
Todo ello después de que el pasado mes de febrero se aprobara un cambio en el Reglamento de Planes y Fondos con el fin de reducir las comisiones aplicadas y mejorar las posibilidades de retirar, a partir de 2025, aquellas aportaciones que tengan al menos diez años.
Así consta en la respuesta dada por el Gobierno al portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, y fechada el pasado 23 de febrero, en la que el Ejecutivo asevera que trabaja en tres proyectos normativos que afectan al sistema de planes y fondos de pensiones. Uno de ellos es la citada modificación del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, con las medidas aprobadas.
Regulación comunitaria
Los otros dos corresponden a una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo y a una trasposición de otra directiva. La primera de ellas afectará a los requisitos mínimos para reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros, mejorando la adquisición y mantenimiento de estos planes privados.
La segunda trasposición, en fase inicial de elaboración, corresponde a la norma europea sobre supervisión de los fondos de pensiones de empresa, y en ella está previsto incluir regulación sobre la actividad transfronteriza de estos planes y su sistema de gobernanza, según reconoce el Gobierno.
El plazo que hay para trasponer esta directiva, señala el Ejecutivo, finaliza el 13 de enero de 2019. Respecto a la supervisión de estos fondos, ya es conocida la intención del Gobierno de crear una autoridad administrativa independiente (AAI) sobre Seguros y Planes de Pensiones, prevista con la ya anunciada separación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
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