El Gobierno se conjura contra el gas por el alza de la luz y amenaza la transición

A cada subida del precio de la electricidad siempre le sigue la misma reacción: la búsqueda de un culpable al que echar a los leones. Las lluvias torrenciales, la sequía, el excesivo viento, las nucleares o la tormenta Filomena han sido los señalados en el pasado. Sin embargo, ahora parece ser otro el causante de la subida de un 45% en una factura altamente inflamable, como es la de la luz.

En este caso le ha llegado el turno al gas, que en los últimos meses se ha convertido en el chivo expiatorio de la política energética. Ya en los primeros días de junio, el Ministerio de Transición Ecológica anunció que seguiría "con atención las subidas en consumos cautivos en horas punta" con el objetivo de localizar al patrón que estaba provocando, por aquel entonces, subidas de dos dígitos en el bolsillo del consumidor. Sin embargo, el paso del tiempo ha demostrado que hay otros elementos, además de la nuclear, que pueden encarecer la factura.

El precio de la electricidad ha continuado su escalada vertiginosa y, en esta ocasión, la situación parece encontrar su origen en el gas. Hay un hecho indudable: la materia prima, en concreto su cotización en los mercados internacionales, ha aumentado de forma considerable y esto ha encarecido el recibo a final de mes. En el escenario de futuros el panorama no es alentador. Para julio, los analistas lo sitúan en valores cercanos a los tres puntos y medio, con subidas apreciables para los meses de octubre, noviembre y diciembre, meses en los que se negocia siempre teniendo en cuenta el aumento de demanda, y que podrían situarlo entorno a los 4,5 puntos, casi el doble de su valor en la actualidad. El problema político se agrava, paradójicamente, por los precios bajos de la electricidad de 2020. La pandemia produjo, casi inmediatamente, una bajada de la demanda de energía, algo que lastró los precios de materias primas y, en consecuencia, la factura que pagábamos a final de mes. La comparación interanual es la que provoca esta subida histórica ante la que nos encontramos.

La superación de la pandemia es de por sí una buena noticia, pero no lo es tanto para el bolsillo energético de los más desfavorecidos. A la recuperación económica, en la que el gas también juega un papel fundamental, se une el incremento del coste que generan para las eléctricas el valor de los derechos de emisión para su comercialización. La máxima de ‘quien contamina paga’ hace que cada vez resulte más caro generar energía contaminante, independientemente de su aportación cualitativa al mix energético. El Estado se está asegurando así aproximadamente 2.000 millones de euros, por lo que tocar esta tasa es algo impensable. La medida sería una buena regla si, al final del proceso, no fuera el consumidor el que paga por esa generación contaminante y artificialmente cara.

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La guerra al gas

En cualquier caso, el efecto del coste de la materia prima y el gravamen que suponen los derechos de emisión en el montante final de la factura es limitado. De ahí que el Ministerio de Transición Ecológica esté barajando la supresión de determinados impuestos que gravan la factura final, como el de generación eléctrica, o incluso esté sopesando minorar la imposición indirecta vía IVA en la que, a día de hoy, es la electricidad más cara de toda la Unión Europea.

Es precisamente en Bruselas donde el gas ha estado a punto de recibir un nuevo golpe mortal. El Consejo de la Unión ha permitido la financiación para la utilización y adaptación de infraestructuras gasísticas ya existentes para adaptarlas a la circulación canalizada del gas natural o bioetanol mezclado con hidrógeno hasta 2030. Más allá de esa fecha, cualquier tipo de financiación o ayuda quedará vetada en territorio UE.

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Al Ministerio español, todo aquello que huela a gas azul le espanta, así que, junto a Alemania, trató de adelantar la fecha esgrimiendo que cualquier tipo de financiación a los combustibles fósiles retrasaría la transición energética. España se opuso a los nuevos criterios que guiarán los proyectos en el campo de la energía en Europa, expresando su oposición a que puedan recibir ningún tipo de fondo comunitario en el calendario propuesto por la Comisión Europea. La intención del Ejecutivo es que el gas no sea objeto de ningún tipo de ayuda o desahogo, aun a costa de que su precio continúe subiendo sin fin. La aversión se extiende a cualquier tipo de combustible fósil, en una estrategia, por otra parte, coincidente y coherente con la expresada por la Agencia Internacional de la Energía que defiende acabar con cualquier tipo de inversión orientada a combustibles fósiles.

La lista de agravios se extiende también al territorio patrio. Las más de 50 centrales de ciclo combinado que aportan el 17,3% de generación eléctrica en el mercado español acumulan cientos de millones de euros en pérdidas debido a su papel de respaldo en el sistema y al privilegio en el acceso al mismo por parte de las renovables. Además de las medidas de aspecto técnico, la auténtica batalla del gas se libra en su papel en la transición energética, en la que el sector está comprometido tanto con la descarbonización como con la recuperación de la economía. En este sentido, la ‘guerra cultural’ entre Gobierno y empresas consiste en la demonización de todo aquello que huela a gas y que encarezca en algún modo la factura de la electricidad. De esta manera, al Gobierno sólo le restaría ajustar la parte impositiva de la factura, ya que no puede intervenir ni en el precio de las materias primas ni en las transacciones y costes del CO2.

La ministra ya avisó al sector cuando manifestó que "sólo el 9% de la electricidad que se genera consume gas natural y emite CO2, y por tanto tiene unos costes muy elevados y el resto tiene una rentabilidad muy alta, queremos que parte de esa rentabilidad la disfruten los consumidores". El Gobierno apunta de esta manera al incremento de los precios del gas en el mercado de futuros como causante de la subida de la factura. Sin embargo, la culpabilización del sector no ayudará a disminuir el precio y puede llegar a comprometer la manida transición ecológica, en la que el gas (y también la nuclear) son imprescindibles, tal y como se establece en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que dibuja un 2030 casi descarbonizado, pero que ignora el coste final para el ciudadano de tener una energía limpia y sin gas, pero quizá excesivamente cara.