Los elevados precios en el mercado eléctrico, el cambio de tarifas aplicado desde el 1 de junio y la llegada del verano han provocado una reacción gubernamental que, por urgente, puede llegar a parecer desesperada, como se desprende de lo que hasta hoy conocemos del anteproyecto de ley llamado a reducir el precio de la factura eléctrica un 4,8% para los consumidores domésticos y un 1,5% para la gran industria.
Mayo ha cerrado con un aumento del 43,8% de precio de la electricidad con respecto al mismo mes del año pasado y, esta vez, los culpables no han sido ni las escasas lluvias que afectan a las centrales hidroeléctricas, ni las borrascas que impiden funcionar a las fotovoltaicas y las eólicas. Por el contrario, la subida en el mercado mayorista tiene un causante claro: los derechos de emisión de CO2. Durante este mes se ha producido un incremento del valor de los derechos de emisión en los mercados europeos que se han disparado un 150% interanual.
Junto a este factor, el cambio de tarifas horarias supone el acelerante perfecto para que la factura de la electricidad pase de ser un gasto variable a otro imprevisto en la economía doméstica. La razón es que el consumidor tardará algún tiempo en ‘aclimatarse’ a los hábitos ahorradores que busca la nueva regulación. Por el momento, la adaptación provocará una subida temporal en el consumo energético, máxime teniendo en cuenta que el teletrabajo y el fin del curso escolar tendrán una repercusión directa sobre el consumo energético de los hogares.
Por si todo esto fuera poco, el verano y la ausencia de lluvias reforzará la tendencia en el alza de precios. El aire acondicionado es uno de los principales gastos que hogares y empresas deben afrontar en este periodo y, en este caso, está directamente afectado por las horas punta señaladas en la nueva regulación aplicable desde el 1 de junio. La combinación de todos estos factores está a punto de hacer explotar la bomba eléctrica que, no obstante, ya fue advertida por el sector hace dos meses.
Para desactivarla, el Ministerio de Transición Energética ha planteado un anteproyecto de ley que tiene el objetivo de acabar con la sobreretribución de la hidráulica y nuclear, las dos tecnologías que desde siempre se han identificado con los 'beneficios caídos del cielo'. Bajo el eufemismo “minoración de la retribución de las centrales no emisoras puestas en funcionamiento antes de 2005” se esconden las siete plantas nucleares en funcionamiento en España y las 1.350 centrales hidroeléctricas que suministran energía limpia y bajo contaminante: 29.000 MW de energía instalada en estado puro.
La estrategia del ministerio pasa por corregir el dividendo que reciben estas centrales y tratar de actuar directamente sobre el precio de la factura eléctrica. Es aquí donde encontramos el primer desajuste de la solución propuesta. Pese a reconocer el “elevado precio de la factura eléctrica que se está produciendo en las últimas semanas”, tendremos que esperar toda la tramitación derivada de su presentación como anteproyecto de ley para que su efecto se visualice en el bolsillo del consumidor, algo que una de dos: o es un vaticinio de precios elevados en el mercado de CO2 a un año vista, o bien trata de dar una respuesta estructural a un problema coyuntural y esto sí sería un gran error.
La medida, como todo en energía, causará ganadores y perdedores. El destino de esta minoración en la retribución se destinará en un 90% a “financiar los costes regulados relativos a las energías renovables”, léase incentivos a su financiación pública, y el 10% restante a “políticas de lucha contra la pobreza energética mediante transferencias a las administraciones públicas para atender el suministro de los consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social”. De esta manera, el fondo destinado a combatir la pobreza energética se verá aumentado, según las previsiones, en 100 millones más.
La medida podría resultar coherente, si bien, en este caso, en lugar de ir dirigido a que las empresas energéticas puedan asesorar a sus clientes para que aumenten el ahorro energético y eficiencia energética a través de auditorías, como ocurre en gran parte de Europa, serán los ayuntamientos o las comunidades autónomas los que subvencionarán el pago a aquellos clientes identificados como energéticamente vulnerables. En otras palabras, se soluciona el efecto económico, pero no la causa de la pobreza energética.
El Ministerio fija en 350.000 los hogares vulnerables severos en riesgo de exclusión social y cuyo “suministro es financiado, al menos en un 50% por las administraciones públicas”. De esta manera, el foco se sitúa no tanto en el precio de la energía sino en el pagador de la misma, es decir, otro y nuevo parche en el destartalado traje de la pobreza energética en España.
El CO2 tiene la culpa de todo
Tácitamente, el ministerio señala a los ciclos combinados de gas natural como los culpables de la situación, ya que “repercuten el coste del CO2 que tienen que asumir en el mercado de derechos de emisión, en su oferta”. En los últimos tiempos, debido a nuestro sistema marginalista, la retribución que reciben todas las tecnologías viene marcada por ellos, generando unos ingresos que no se corresponden con los costes de producir energía para todas las tecnologías no emisoras y no sólo para la nuclear o la hidráulica. Eólica posterior a 2005, fotovoltaicas y otras se ven también favorecidas por estos beneficios caídos, en este caso, directamente de los diversos consejos de ministros.
Por último, la nueva regulación presentada se esfuerza en acentuar que su efecto es compatible con el marco normativo nacional y comunitario en un modelo que “se escoge por su robustez, viabilidad práctica, eficacia, simplicidad e inmediatez”. Aun se notan los desastrosos efectos que han tenido las sucesivas regulaciones y cambios normativos que han afectado a la seguridad jurídica y, por ello, el gobierno asegura que “la propuesta es respetuosa con el mercado interior de la electricidad, ya que no interfiere a la formación de precios dado que la minoración se produce a posteriori y a través del sistema de liquidaciones sin afectar al coste de la energía que pagan las comercializadoras, y lo recaudado se destina a financiar los costes regulados de las renovables que se sufragan a través de los cargos”.
Hace bien el ministerio en señalar la legalidad de su iniciativa, si bien también deberá prepararse para la apertura de un nuevo frente jurídico interno en el mismo momento que la norma vea la luz en el BOE y es que si bien habrá que esperar a ver si la medida surte los efectos deseados, lo cierto es que lo que caerá del cielo serán los recursos de un sector cada vez más encendido.
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