Suma y sigue. Las peticiones de las distribuidoras eléctricas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se suceden y cada vez son más las cuestiones que se plantean en torno al mecanismo retributivo establecido para las redes. Las empresas de distribución llevan un tiempo considerando, para el próximo periodo retributivo (2026 2031), la respuesta a una serie de aspectos que, en su opinión, limitan y ponen en riesgo sus inversiones.
En general, el sector demanda la reforma de los valores unitarios (los costes que se les reconoce). Los que están actualmente en vigor se aprobaron por primera vez con la Orden IET 2660/2015 y fueron elaborados con información de 2011, pero la situación económica actual ha hecho que hayan ido perdiendo valor a lo largo del tiempo. "En muchos casos no han recogido el valor justo de la inversión", señala a La Información Cristina Olivera, 'manager' en Arthur D. Little.
Olivera advierte de que la tasa de retribución financiera (TRF) para el próximo periodo retributivo será calculada con datos correspondientes al periodo 2018 2023, caracterizado por una alta inflación y que ha sido intervenido por los bancos centrales. "Es importante que la TRF se calcule con los valores macroeconómicos adecuados y no de un período que ha sido intervenido por los bancos centrales . De no ser así, la TRF podría situarse en un 5%. ADL señalaba a posibilidad de corregir la tasa libre de riesgo de forma que el valor real fuera de un 2% (como históricamente ). Lo que representa un incremento de 200 puntos básicos pudiendo alcanzar el 7%", argumenta.
¿Qué pasa con las empresas de menor tamaño?
Además de lo anterior, habría que sumar los aspectos que algunas asociaciones de distribución eléctrica, que engloban a los colectivos de menor tamaño están solicitando. En España, 323 de las 333 empresas de distribución eléctrica tienen menos de 100.000 y operan, principalmente, en zonas más rurales, por lo que resultan "clave", en opinión de Olivera, para el desarrollo económico de las áreas donde suministran y juegan un papel "particularmente importante" en la descarbonización.
Bajo este escenario, asociaciones como Apyde (Asociación de Productores y Distribuidores de Energía Eléctrica de Galicia) piden realizar una distinción por zona geográfica. En concreto, indica que el coste de operación y mantenimiento y, en general, las actuaciones que requieren mano de obra en Galicia son sensiblemente mayores que en otras zonas de distribución (debido a la geografía y la naturaleza del terreno).
"Pese a estas circunstancias, el reconocimiento actual basado en los costes unitarios es el mismo para toda la península (solo se contemplan distinciones con las islas), por lo que su actividad se encuentra penalizada. Algo que se ve agravado por costes que en las empresas de menos de 100.000 clientes pueden ser mayores debido a la falta de economías de escala", apunta Olivera, quien subraya que la reflexión sobre estos aspectos se centra en lo que se realiza en otros países de Europa o Latinoamérica y en cómo las "buenas prácticas" podrían adoptarse no solo a nivel de metodología, dado que opina que la española es correcta, sino también en cuanto a incentivos y promoción de los aspectos que impulsan la transición energética.
Hito para la actividad de distribución eléctrica
Justamente en la tarde del jueves, la CNMC abrió la consulta específica para la revisión de la TFR, de acuerdo con la Circular 2/2019, en la que destaca la "reflexión profunda" que debe hacerse sobre la metodología de cara al tercer periodo regulatorio. También realizará un análisis sobre el marco retributivo y, según el regulador, la metodología ha de adaptarse a los cambios derivados del proceso de descarbonización, asegurando el equilibrio entre el desarrollo de infraestructuras, un uso eficiente de las redes existentes y la incorporación de las nuevas funcionalidades que se espera de las mismas asociadas a la digitalización y a las nuevas figuras que emergen en el mercado eléctrico.
Además de todo lo anterior, existen otros aspectos de los que el sector se queja como el retraso en el reconocimiento de las inversiones y la rigidez en la planificación y, en ocasiones, los tiempos de puesta en servicio, lo que, según fuentes de cercanas a las compañías, se intensifica con los problemas que se puedan dar en la cadena de suministro. Asimismo, otro punto que interesa a las distribuidoras es la continuidad de las inversiones que han finalizado su vida útil regulatoria y los mecanismos compensatorios.
