El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto que regula el sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE). Con este se creará un nuevo mercado que facilitará a las comercializadoras de energía el cumplimiento de sus obligaciones de ahorro, dándoles la opción de sustituir voluntariamente un porcentaje de sus pagos al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) por un ahorro energético certificado.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, insta a los Estados miembros a la creación de un mecanismo que permita asignar a las empresas comercializadoras de gas y electricidad, a los operadores de productos petrolíferos al por mayor y a los operadores de gases licuados de petróleo al por menor, una cuota anual de ahorro energético en el ámbito nacional según sus ventas, que en el caso español sólo se ha podido realizar hasta ahora en aportaciones financieras equivalentes al FNEE.
En este sentido, y con el fin de "reforzar el volumen de ahorros exigidos por la Directiva y las actuaciones de eficiencia energética", el Gobierno apuesta por establecer el sistema de CAE, que permitirá a las empresas sujetas a cuota anual de ahorro energético sustituir voluntariamente un porcentaje de sus pagos al FNEE por un ahorro energético certificado, proveniente de las inversiones en eficiencia energética. "Los CAE son una fórmula exitosa en otros países, como Francia, que ha conseguido multiplicar su capacidad de ahorro anual", subrayan desde Transición Ecológica.
En concreto, las empresas podrán identificar medidas de ahorro según un catálogo de actuaciones relativas a climatización, mejora de la envolvente, iluminación, movilidad, procesos industriales, etc, cuya ejecución permitirá obtener los CAE (un CAE equivale a 1 kWh ahorrado). Una orden ministerial aprobará este catálogo próximamente. Las empresas presentarán los resultados de ahorro ante un verificador independiente, acreditado por ENAC.
Plataforma electrónica
Ribera ha detallado que después se registrarán en una plataforma electrónica operada por su ministerio, mientras que la comunidad autónoma donde se haya actuado expedirá los correspondientes CAE, con efecto en todo el territorio nacional. Los CAE registrados en dicha plataforma podrán liquidarse o podrán comercializarse, permitiendo que otras empresas obligadas los adquieran y procedan a su liquidación para cumplir con sus obligaciones.
Los sujetos obligados podrán operar directamente o contratar los servicios de empresas acreditadas, denominadas sujetos delegados. La plataforma permitirá también inventariar a todos estos agentes y trazar las operaciones realizadas con los CAE durante sus tres años de vigencia. De su lado, una orden ministerial en tramitación detallará las figuras del sujeto delegado, del verificador del ahorro de energía y del registro nacional de CAE.
"El sistema favorece la inversión en tecnologías eficientes, reduce la factura energética de los consumidores y les permite obtener una contraprestación por este ahorro, desde el momento en que las comercializadoras de energía compran dicho ahorro a los propietarios de la instalación, inmueble o proceso en que se ejecuta la actuación que justifica la emisión de CAE. Esto es particularmente relevante en el ámbito industrial", apuntan desde Transición Ecológica.
La normativa europea exige obtener un ahorro nacional de energía del 0,8% anual sobre el promedio de ventas de energía final de los años 2016, 2017 y 2018 hasta 2030, de modo que España debe alcanzar un ahorro acumulado de 37.206 ktep (tonelada equivalente de petróleo) al final de la década, en comparación con el objetivo de 15.900 ktep de ahorro acumulado que hubo que alcanzar en el periodo 2014-2020.
El departamento que capitanea Ribera destaca que los sujetos obligados a cumplir con las exigencia de ahorro dispondrán ahora de dos mecanismos para cumplir, como es el FNEE y los CAE. El ministerio prevé unas aportaciones económicas al FNEE de 235 millones de euros este año, un 15% más que en 2022. La aprobación del sistema CAE es una de las medidas previstas en el Plan +SE.
También se ha incluido una disposición en el Real Decreto con la que se incrementa hasta el 5% el presupuesto que las Administraciones regionales pueden destinar a la gestión de los programas de fomento del autoconsumo y la movilidad eléctrica (Moves III).
Planes de las grandes
El Ejecutivo propuso en octubre del año pasado que las grandes empresas elaboraran y publicaran sus propios planes de contribución al ahorro energético en base a los resultados de las auditorías energéticas que ya debían realizar desde 2016. Sin embargo, Transición Ecológica no ha recibido ni un solo documento, según la propia Ribera.
Estos planes se cargarían en otra plataforma electrónica habilitada por Transición Ecológica y serían públicamente accesibles. Las empresas podían también informar cada seis meses de cualquier avance la implementación de los respectivos planes.
Plan hidrológico
El Ejecutivo también ha dado luz verde a un Real Decreto que revisa la planificación hidrológica de una docena de demarcaciones hidrográficas para el periodo 2022-2027. En concreto, el texto incluye la revisión de los planes hidrográficos de las demarcaciones Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura, Júcar, así como de la parte española de los ríos internacionales, compartidos con Portugal: Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana; y con Francia: Cantábrico Oriental y Ebro.
Una de las cuestiones que más polémica ha suscitado es el establecimiento de caudales ecológicos en el río Tajo, que supondrá una reducción del volumen de agua trasvasable del Tajo al Segura. Ribera ha garantizado el compromiso del Gobierno con el Levante pero ha advertido de la necesidad de anticiparse para asegurar la disponibilidad de agua en las zonas con mayor riesgo en materia de recursos hídricos.
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