El Gobierno ha planteado a los agentes sociales, en el marco de la negociación para la prórroga de los ERTE, que las empresas que formen a trabajadores afectados por estos expedientes tendrán derecho a un incremento del crédito disponible para la financiación de acciones en el ámbito de la formación programada de entre 160 y 320 euros por persona, en función del tamaño de la empresa. Así figura en el último borrador trasladado a la patronal y los sindicatos este domingo, al que ha tenido acceso La Información, y cuyos flecos finales se esperan cerrar este lunes en una nueva reunión, a las puertas del Consejo de Ministros que pretende aprobar la prórroga mañana, martes.
La propuesta, que adelanta en exclusiva este medio, contiene un cambio importante respecto al planteamiento inicial, y es que las acciones formativas no serán obligatorias para las empresas en ERTE, sino voluntarias, y lo que se busca es la manera de incentivarlas. Con este objetivo, para hacer más atractiva la formación para las empresas en las distintas modalidades de ERTE presenta dos vías. Por un lado, las exoneraciones de cotizaciones a la Seguridad Social serán superiores para las compañías que ejecuten las acciones formativas; y por otro lado, estas empresas que formen a los trabajadores en ERTE tendrán derecho a un incremento del crédito para la financiación de acciones en el ámbito de la denominada "formación programada", contemplada en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.
Esta norma establece que para la financiación de los costes derivados de la formación, las empresas disponen de un crédito anual, que se cobra mediante bonificaciones en las cotizaciones sociales, cuyo importe depende de las cuantías ingresadas por cada compañía el año anterior en concepto de cuota de formación profesional, en función de unos porcentajes que establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio. En concreto, los PGE de 2021 fijan que las empresas de hasta 5 trabajadores disponen de un crédito de 420 euros anuales; las que presentan plantillas de entre 6 y 9 empleados tienen bonificado el 100% de la cuota de formación; las que cuentan con entre 10 y 49 trabajadores disponen de una bonificación del 75%; que baja al 60% para las que tienen entre 50 y 249 empleados y al 50% para las más grandes, por encima de los 250 en plantilla.
Pues bien, el borrador consensuado entre los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y trasladado a los agentes sociales este domingo establece que las empresas que formen a trabajadores en ERTE tendrán derecho a un incremento del crédito para la financiación de acciones en el ámbito de la formación programada, en función del tamaño de la empresa. Las cantidades van desde los 160 euros por persona en empresas que tienen entre 1 y 9 trabajadores, hasta los 240 euros por persona en las compañías de entre 10 y 49 empleados o los 320 euros por persona en las empresas de más de 50 trabajadores. Este incremento de crédito, de acuerdo con el borrador, "será financiado a través de una aportación extraordinaria al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)".
Copago obligatorio
Hay que tener en cuenta que, en la formación programada, las empresas están obligadas a participar con recursos propios en la financiación de la formación de sus trabajadores, según unos porcentajes mínimos sobre el coste total de la formación, que van desde el 5% en las compañías de entre 6 y 9 trabajadores (las más pequeñas están exentas) hasta el 40% en las empresas de más de 250 trabajadores. Para las firmas de entre 10 y 49 empleados el porcentaje es del 10% y en el caso de las compañías con plantillas de 50 a 249 trabajadores se sitúa en el 20%. De este modo, son las entidades más grandes las obligadas a asumir una mayor proporción del copago de la formación.
Con todo, hay que insistir, como se ha indicado, en que los créditos anuales de formación se hacen efectivos mediante bonificaciones en las cotizaciones sociales, de modo que la aportación privada acaba siendo la diferencia entre el coste total de la formación y la bonificación aplicada a la empresa, incluyéndose en la cofinanciación privada los costes salariales de los trabajadores que reciben formación dentro de su jornada laboral. De ahí que desde el departamento de Escrivá garanticen que el "pequeño copago" al que tendrán que hacer frente las empresas privadas se compensará con las exoneraciones que les ofrezca la Seguridad Social.
Y es que en paralelo, el borrador plantea distintos niveles de exoneraciones de cotizaciones sociales para las empresas en ERTE que ejecuten acciones formativas a través de cualquiera de los tipos de formación previstos en la ley. En concreto, dentro de los ERTE de limitación de la actividad, se proponen exenciones del 20% para empresas de más de 10 trabajadores que no ofrezcan formación a sus empleados y del 50% si imparten acciones formativas. Para las empresas más pequeñas, de menos de 10 trabajadores, estas exoneraciones alcanzarían el 50% sin formación y el 70% con formación. Mientras, en los ERTE de impedimento de la actividad, las exoneraciones para todas las empresas serían del 100% en todos los casos, según la propuesta planteada por el Gobierno, que fue mejorada en la reunión de este domingo, según fuentes del diálogo social.
Para poder acogerse a estas exenciones en sus cuotas, las empresas tendrán que dedicar 30 horas de acciones formativas en el caso de las de 10 a 49 trabajadores y 40 horas en las que tengan plantillas superiores. Además, las acciones formativas deberán dirigirse a los trabajadores afectados por los ERTE en el momento de la solicitud del mismo o de una prórroga, un cambio respecto a propuestas anteriores, en las que el Gobierno había planteado la obligatoriedad de dar formación a todos los trabajadores que hubieran estado en ERTE desde el pasado mes de enero de 2021. Además, todo el planteamiento gubernamental se ha visto alterado, al pasar a incentivar la formación con mayores beneficios económicos (exenciones de cotizaciones y ampliaciones de créditos de formación) en lugar de hacerla obligatoria.
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