El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha hecho una firme apuesta por promocionar los planes de pensiones de empleo, de carácter colectivo, con el objetivo de promocionar el ahorro a futuro como complemento de la pensión pública. Las Cortes dieron luz verde hace más de un año a la nueva ley diseñada al efecto, sin embargo, quedaba pendiente el reglamento para desarrollar una de las principales novedades de la normativa: los fondos de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP). Fuentes del departamento de José Luis Escrivá reconocían a este medio que el texto estaba listo, a la espera del dictamen del Consejo de Estado. El órgano consultivo del Gobierno se ha pronunciado este jueves al respecto, quedando todo listo para que el reglamento sea aprobado en el último Consejo de Ministros antes del 23-J.
Hasta el momento, solo el sector de la construcción y algunas grandes empresas han puesto en marcha planes de este tipo. En cambio, los trabajadores por cuenta propia y los de pequeñas y medianas empresas habían quedado al margen, dado que estos instrumentos debían desarrollarse por iniciativa del empresario en el marco de la negociación colectiva. Los planes de promoción pública aspiran a cubrir esta laguna con la oferta de 15 vehículos de inversión que gestionarán cinco firmas financieras, que también se harán cargo del depósito, según se desprende del pliego de la licitación. Por el momento, no se sabe con certeza cuáles de las siete entidades se harán con el contrato público, ya que la Mesa de Contratación debe estudiar las ofertas "anómalamente bajas" de Caser y BBVA.
Este órgano tiene un plazo de 48 horas para emitir su decisión, que llegará a término este viernes. En esta deliberación también estarán presentes los integrantes de la Comisión Promotora y de Seguimiento, con representación de las carteras de Seguridad Social, Asuntos Económicos, Transición Ecológica, Trabajo y Hacienda, por autorización del número dos de Escrivá, Borja Suárez. Si bien, a la espera de la decisión definitiva, VidaCaixa, Caser, BBVA, Santander e Ibercaja han recibido la mejor puntuación a través de los criterios automáticos, después de que tres de ellas se adhirieran al Código de Buenas Prácticas de la CNMV. Así, parece que ambos procesos culminarán en paralelo a las puertas de las elecciones generales, dejando los 'deberes hechos' al próximo Ejecutivo.
El gabinete de Escrivá ha conseguido cumplir los plazos fijados a comienzos de año 'in extremis', puesto que la previsión era que este documento fuese aprobado en julio, sin embargo, la convocatoria anticipada a las urnas abrió la posibilidad de que el proyecto de Seguridad Social quedase en el aire, tras meses de negociación con los agentes sociales y el resto de formaciones políticas. No obstante, el hecho de tratarse de un reglamento y no de un decreto ley facilita que el proceso pueda llevarse a término, porque no es preciso que el documento pase por la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados para ser convalidado.
Como confirman fuentes del departamento, el Gobierno había solicitado al Consejo de Estado que se pronunciase con urgencia sobre este reglamento, por lo que lo que ha sido la Comisión Permanente de este órgano la que se ha pronunciado en el dictamen 760/2023, que deberá ser publicado en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este es el último paso de un plan más amplio, dado que a lo largo de la legislatura el Gobierno ha elevado progresivamente las aportaciones deducibles en la declaración de la renta a estos planes de pensiones de empleo (hasta 8.500 euros), en demérito de los individuales, cuyo límite de aportación quedó fijado en 1.500 euros en los presupuestos de 2022.
Después, con la ley 12/2022 se crearon los nuevos planes de empleo simplificados y se señaló a las empresas, las administraciones públicas, las asociaciones de autónomos y las sociedades cooperativas laborales como responsables de promoverlos. El ente público asume este rol a través de estos planes de promoción pública, parcialmente tutelados por el Estado, aunque la gestión y el depósito recaigan sobre las firmas financieras, que aspiran a reforzar el segundo pilar. Con todos los cabos atados y el contrato previsiblemente colocado antes de que finalice la campaña electoral, todos los elementos parecen alineados para que empiecen a funcionar, con independencia de que se produzca o no un relevo al frente del Ejecutivo.
El Partido Popular lidera las encuestas para la contienda electoral y ha evitado pronunciarse demasiado sobre estas modalidades de ahorro, para destacar que vincularán la subida de las pensiones públicas al IPC. No obstante, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo sí admite su intención de elevar las aportaciones deducibles a los planes de pensiones privados, aunque descartan hacerlo de una manera automática y creen que sería oportuno subirlas con cierta progresividad. Las fuentes del equipo económico de la candidatura admiten que lo "lógico" sería igualar las ventajas de los planes individuales y los colectivos, pero evitan detallar cómo concretarían estos incentivos.
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