Una vez culminada la reforma del sistema público de pensiones, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha centrado sus esfuerzos en encaminar los nuevos planes de empleo de promoción pública (FEPP) antes de las elecciones generales, con el objetivo de que estén operativos a finales de 2023. La cartera encabezada por José Luis Escrivá abrió a principios de mes una licitación pública para seleccionar qué firmas asumirían la gestión y el depósito de estos 15 vehículos de inversión. Un total de siete se han postulado al concurso, sin embargo, Santander, BBVA y Caser cuentan con una ventaja: haber firmado el código de buenas prácticas impulsado por la CNMV.
El pliego de la convocatoria de contratación pública recoge un listado de criterios que se valorarán para adjudicarlo a una de las entidades gestoras que cumplan los requisitos técnicos. El primero de ellos es precisamente la adhesión al código de buenas prácticas, que a pesar de tener una ponderación de solo cinco puntos, sitúa en una posición destacada a las que sí lo han hecho. Las entidades gestoras de fondos de pensiones (EGFP) de Santander, BBVA y Caser parecen haber tenido presente este bonus, ya que se adhirieron a este mecanismo el pasado viernes 23 de junio, justo el día que terminaba el plazo para presentar la oferta al proceso público.
Esta puntuación podría inclinar la balanza en el caso de que las diferentes gestoras estuviesen más o menos igualadas en función de los otros criterios, dado que la mayor ponderación recae sobre la memoria técnica y la rentabilidad media a cinco años, dotadas con 60 puntos en total. Como parte de su solicitud, estas firmas deben presentar una propuesta para tres fondos: uno a renta fija, uno a renta mixta y otro a renta variable, con los que se comprometerán a alcanzar un depósito de 500 millones de euros cuando se cumplan tres años de la firma del primer plan de pensiones.
Incentivar el ahorro de trabajadores de pymes y autónomos
El ministro José Luis Escrivá se ha manifestado a favor de incentivar los planes de pensiones privados a lo largo de la legislatura. Sin embargo, se ha decantado claramente por los de tipo colectivo, como son los convenios sectoriales -en los que la Construcción ha sido la pionera- o los que puedan desarrollar las empresas. Hasta el momento solo compañías de gran tamaño han tomado la iniciativa, por lo que en el último año se ha desarrollado normativa específica para que estos vehículos de inversión lleguen también a los autónomos y a los trabajadores de pequeñas y medianas empresas.
Hace un año se aprobó la ley 12/2012 de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, con la que se crearon los planes simplificados y se señaló a las empresas, las administraciones públicas, las asociaciones de autónomos y las sociedades cooperativas laborales como responsables de promoverlos. El rol del ente público recae en la puesta en marcha de los planes de promoción pública y en la aprobación del reglamento para su desarrollo, que el ministerio ultima a las puertas de la campaña electoral.
En paralelo, el Gobierno redujo los incentivos a los planes privados individuales para favorecer la proliferación de los segundos, algo que no ha estado exento de críticas desde la bancada de la oposición del Congreso de los Diputados. Los Presupuestos Generales del Estado de 2022 rebajaron el límite de aportación a los planes de pensiones individuales deducible en la declaración de la renta hasta los 1.500 euros, al tiempo que elevaron el máximo para los planes de empleo hasta los 8.500, lo que permite que entre ambas aportaciones se puedan alcanzar los 10.000 euros.
En el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva pactado entre los sindicatos -CCOO y UGT- y las patronales -CEOE y Cepyme- coincidieron en señalar estos instrumentos como "medida de ahorro a largo plazo de carácter finalista y de complemento a las pensiones públicas". Sin embargo, su inclusión en este acuerdo marco solo supone el primer paso, dado que su implementación depende de lo que se concrete en el marco de la negociación colectiva de cada empresa y sector.
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