El Gobierno de coalición ha dado prioridad absoluta a la reforma del sistema de pensiones. El ministro José Luis Escrivá, de hecho, ya ha comenzado a tantear al PP de Pablo Casado para sentarse a negociar consciente de que es un asunto para el que va a necesitar un pacto de Estado. Según confirman fuentes parlamentarias, se trata de una toma de contacto "preliminar" con los 'populares'. Las conversaciones se irán formalizando en el momento en el que se componga la nueva Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados. Un área parlamentaria, por cierto, que estará presidida por la exministra de Trabajo Magdalena Valerio.
Si hay algo que una a la práctica totalidad del arco parlamentario es la necesidad de reformar la Seguridad Social para garantizar el sistema público de pensiones. PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos y Ciudadanos coinciden en que ésta debe ser la legislatura en la que se aborde una solución. Escrivá ya se ha puesto manos a la obra, y ha empezado por el PP. Un partido que, pese a su condición de ministro independiente y tras haber pasado los últimos cinco años en un órgano que no se dejaba llevar por presiones, como es la AiReF, conoce bien: colaboró, por ejemplo, en el pasado en alguna iniciativa de la Fundación FAES.
Una de las primeras medidas que quiere poner en marcha Escrivá es la de acabar con el déficit de la Seguridad Social, según explican fuentes de su entorno. ¿Cómo? Trasfiriendo el déficit a la Administración Central del Estado. Las arcas del sistema están tiritando y la solución que plantea Escrivá es la de que el Ministerio de Hacienda se haga cargo, vía Presupuestos, de esa factura. Para ello tendrá que convencer, eso sí, a su compañera del Consejo de Ministros, María Jesús Montero. Hay que recordar también que fue la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tumbó un acuerdo cuando representaba a Unidas Podemos en la comisión del Pacto de Toledo sobre las recomendaciones pactadas para su reforma. Una batería de medidas que serían “un excelente punto de partida", según las fuentes consultadas.
Hay que recordar que la Seguridad Social sigue inflando año tras año sus números rojos. La previsión es que la deuda se dispare este año hasta los casi 70.000 millones de euros, por lo que el Tesoro ya ha reservado 13.800 millones para el préstamo que prevé conceder. Incluso ha decidido darse "un pequeño margen" por si es necesario elevar ese crédito. Algo que empieza a convertirse en costumbre, ya que es el cuarto año consecutivo en que el sistema que gestiona las pagas de los jubilados necesitará echar mano de la ayuda financiera que le proporciona el Estado.
El Factor de Sostenibilidad, en el foco
En el acuerdo para conformar el Gobierno de coalición, PSOE y Unidas dejaron negro sobre blanco una serie de medidas cuya defensa deberá capitanear Escrivá en este legislatura. Entre ellas se encuentra una negociación con "todas las fuerzas políticas y los agentes sociales" de "un nuevo Pacto de Toledo, que garantice la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones". Además de la promesa de actualizar las pensiones conforme al IPC real mediante ley de forma permanente y aumentar el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y no contributivas, ambos partidos plasmaron una revisión a fondo del sistema para "garantizar el aumento de los ingresos de forma estructural, descargando a la Seguridad Social de gastos impropios, asegurando la sostenibilidad del Sistema".
Sánchez e Iglesias también han prometido eliminar el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de Pensiones que aprobó el PP en 2013, algo que también deberá negociar Escrivá con el partido de Pablo Casado. El coordinador de este área en Génova es, por cierto, José Ignacio Echániz, que además será el portavoz adjunto de grupo parlamentario en la comisión del Pacto de Toledo. Esta negociación también rebaja sensiblemente las expectativas de Podemos, que ya tuvo que renunciar a gran parte de sus medidas en el acuerdo de coalición que firmó con los socialistas. La propuesta inicial de los morados era la de garantizar la revalorización de las pagas de los jubilados por ley, además de reformar la Constitución para blindarlas.
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