El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, está estudiando distintas fórmulas para evitar romper con el compromiso adquirido en los últimos años y seguir impulsando subidas de las pensiones mínimas por encima de las que se establezcan para el conjunto de las prestaciones del sistema. Y una de las vías que está explorando con su equipo técnico pasa por vincular las pensiones más bajas a una cesta de la compra propia, en función de los distintos hábitos de consumo de los colectivos con menores rentas. La idea es configurar un sistema para que la mejora diferencial de las pensiones mínimas no sea meramente discrecional, sino calculada en base a parámetros previamente definidos y cuantificables.
Hay que recordar que la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones -la primera parte de la reforma comprometida con Bruselas, que entró en vigor el pasado 1 de enero- establece que "las pensiones de Seguridad Social, en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior". Si bien el Gobierno se mantiene firme en su compromiso de seguir impulsando la pensión mínima del sistema público de pensiones por encima del resto, incluso en un contexto de elevada inflación.
A finales del año pasado, Escrivá consiguió esquivar una batería de enmiendas de los socios parlamentarios del bloque de investidura que le exigían situar la pensión mínima en el mismo nivel que el Salario Mínimo Interprofesional (el SMI, que en esos momentos estaba en 965 euros mensuales) y que amenazaban con tensar aún más las costuras financieras de la Seguridad Social. A cambio, tuvo que plasmar negro sobre blanco su compromiso de revisar a un año vista el sistema de determinación de la pensión mínima y alumbrar con la ayuda de los agentes sociales un nuevo esquema que tuviera en cuenta la evolución del SMI, según se acordó en una de las enmiendas transaccionadas con ERC con las que el ministro tuvo que transigir para poder convalidar su reforma de pensiones en el Parlamento.
Finalmente, ese compromiso quedó así plasmado en el Boletín Oficial del Estado: "El Gobierno abordará en el marco del diálogo social una revisión de los criterios para la determinación de las cuantías de las pensiones mínimas con el fin de garantizar su suficiencia en cumplimiento del artículo 50 de la Constitución y del artículo 4 del Protocolo Adicional a la Carta Social Europea. A la vista de esta revisión, el Gobierno impulsará, en el plazo máximo de un año, las modificaciones normativas necesarias para establecer reglas relativas a la evolución de las pensiones mínimas que tengan en cuenta la evolución del salario mínimo interprofesional, garantizando la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones".
De este modo, Escrivá acordó incorporar el compromiso de desarrollar, en el ámbito del diálogo social, de una fórmula genérica para tomar en consideración el salario mínimo en la revalorización de las pensiones mínimas, frente al planteamiento inicial de ERC y Bildu, que proponían la configuración de un sistema de revalorización automática de las pensiones mínimas orientado a lograr el objetivo de que éstas alcanzaran un nivel equiparable al 90% del SMI. En su lugar, el ministro plasmó en la ley un compromiso ambiguo, evitando detallar la relación concreta entre el SMI y la pensión mínima e incorporando la coletilla "garantizando la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones", lo que deja, negro sobre blanco, un amplio margen al titular de la Seguridad Social.
La cuantía de las pensiones mínimas la fija el Gobierno por ley cada año en los Presupuestos Generales del Estado. En 2022 se han revalorizado un 3%, por encima de la subida general del 2,5%, lo que supone que la pensión mínima de un jubilado con cónyuge a cargo es de 851 euros mensuales y sin cónyuge, de 721 euros, muy por debajo del salario mínimo de 1.000 euros. Inicialmente, Escrivá se comprometió con los socios parlamentarios de la coalición a estudiar la vinculación de las pensiones más bajas con el SMI, tal y como reclaman desde distintas asociaciones de pensionistas y jubilados. Sin embargo, ahora el ministro está valorando otras opciones que planea llevar a la mesa de negociación con la patronal y los sindicatos en los próximos meses, de cara a la segunda parte de la reforma.
Así lo avanzó este miércoles el secretario de Estado de la Seguridad Social, Israel Arroyo, durante la rueda de prensa de presentación de los datos de paro y afiliación de abril. El número dos de Escrivá recordó que, en los últimos años, las pensiones mínimas han estado subiendo por encima del resto de las prestaciones del sistema público y que, precisamente, uno de los elementos pendientes de negociar en la mesa de diálogo social es la solución para que esa mejora diferencial de las pensiones mínimas respecto al resto no sea algo meramente discrecional, sino que venga dado por indicadores. Y aquí Arroyo puso de ejemplo "una cesta de consumo diferencial" u "otros elementos" -sin hacer referencia al SMI- que permitan configurar un sistema que elimine esos elementos de discrecionalidad y determine cuánto tienen que subir las pensiones más bajas por encima de las ordinarias.
El compromiso del Gobierno con los pensionistas que menos cobran se mantiene intacto pese a la escalada de la inflación. Al igual que el mandato de vincular las prestaciones al IPC para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los beneficiarios de pensiones públicas. Así se lo ha trasladado el Ejecutivo a la Comisión Europea en el nuevo Programa de Estabilidad 2022-2025, donde dibuja una subida generalizada de las pensiones de en torno al 6% en 2023. Y ello a pesar de las advertencias de organismos como el Banco de España, que está reclamando un pacto de rentas en el que tanto empresarios como trabajadores se aprieten el cinturón y que también incorpore el sacrificio de los pensionistas, evitando la indexación generalizada de las prestaciones públicas y aprobando una subida con el IPC solo para las pensiones más bajas, de las que dependen los colectivos más vulnerables y mas expuestos a la escalada de los precios.
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