La CEOE amenaza con poner pie en pared en las negociaciones de la segunda parte de la reforma de las pensiones si el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, no se compromete a reeditar el bautizado como 'Mecanismo de Equidad Intergeracional' (MEI). Se trata del sustituto del Factor de Sostenibilidad, que introdujo la reforma del PP y que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha derogado para incorporar lo que los empresarios consideran una mera subida de las cotizaciones sociales para costear la jubilación del baby boom. La patronal no apoyó ese mecanismo, que fue pactado únicamente con los sindicatos e incorporado en la ley a última hora y por la puerta de atrás, y ahora reclama válvulas de ajuste adicionales para sentarse a negociar con el Ministerio lo que queda de la reforma del sistema de las pensiones públicas.
Así lo avanzan a La Información fuentes de la organización empresarial que advierten de que la subida de las pensiones con la inflación en 2023 va a suponer un sobrecoste para las arcas públicas que, al consolidarse en los presupuestos de años futuros, puede poner en serio riesgo la sostenibilidad del sistema. La patronal sí apoyó, en el marco del primer bloque de la reforma, el blindaje del poder adquisitivo de los pensionistas, pero, apenas unos meses después, con los precios tensionados por la onda expansiva de la guerra en Ucrania, se han echado las manos a la cabeza por una medida que consideran que hay que modular para no disparar el déficit público.
El propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, planteó recientemente en un acto público que la indexación de las pensiones al IPC puede "llevar a la ruina" al sistema en el actual contexto inflacionista. Y cifró en más de 15.000 millones de euros el coste, que iría a engrosar el déficit del sistema -traspasado al Estado-. El empresario vasco fue más allá de las proyecciones del Banco de España, que calcula que la medida supondría un desembolso de 13.500 millones de euros en 2023 con una inflación media del 7,5% este año, a razón de 1.800 millones por cada punto porcentual de subida de las pensiones. Pero el Gobierno le ha comunicado a Bruselas, en la actualización del Programa de Estabilidad, que planea subir las pensiones en torno a un 6%, lo que implicaría un gasto de unos 11.000 millones de euros.
El mensaje es claro. Para la organización empresarial que negocia con el Gobierno las reformas, garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas es una buena cosa, pero se convierte en un movimiento peligroso cuando la inflación está disparada, como está sucediendo este año. Pero el Ejecutivo no va a dejar de revalorizar las nóminas de los pensionistas en función el IPC, aunque este fuera de dos dígitos, porque así está estipulado por ley. De modo que ahí la CEOE sabe que no tiene nada que hacer. Aunque en su mensaje de modular la subida ha encontrado un aliado, el Banco de España, que ha recomendado ligar a la inflación solo las pensiones más bajas y subir en menor medida las más generosas.
Todo apunta, en cualquier caso, a que el Gobierno no va a incumplir su compromiso con los pensionistas. De manera que a la patronal solo le queda la opción de intentar 'rascar' alguna cesión al Ministerio por otra vía. Y aquí es donde entra en juego el citado MEI. El mecanismo está planteado en dos fases, una primera en la que se acumulará una sobre cotización entre 2023 y 2031 y otra posterior en la que el sistema podrá gastar lo acumulado en la jubilación de la generación del baby boom y, si no fuera suficiente para cubrir ese pico de gasto, se buscarían ingresos adicionales o se abordaría un ajuste en las prestaciones. Lo que plantean los empresarios es que esa válvula de ajuste se implante desde ahora, sin esperar a dentro de nueve años.
Ese factor de sostenibilidad, para la CEOE, no puede consistir en una mera subida de las cotizaciones a la Seguridad Social. Recordemos que, tal y como está diseñado, el MEI se resume en un incremento temporal de 0,6 puntos de las cotizaciones sociales (de los que la empresa abonará 0,5 puntos y el trabajador, 0,1 puntos), pero no lleva asociada ninguna otra medida para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Ahora, la patronal, que está preparando el terreno para la nueva negociación con Escrivá, exige que se reedite este mecanismo para apoyar al Gobierno en la segunda parte de la reforma de las pensiones, que se prevé como la más compleja, al incorporar las medidas de ajuste más duras, como la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, que genera una gran oposición social.
En el recién aprobado MEI, que entrará en vigor el 1 de enero del año que viene, según el calendario previsto en el primer bloque de la reforma de las pensiones, supondrá una importante recaudación adicional por el incremento de las cotizaciones sociales, que crecerán a partir de 2023 en un 6,3%, moderando ligeramente esta tendencia en 2024 y 2025, año en el que alcanzarán el 13,9% del PIB, según recoge el Gobierno en el Programa de Estabilidad que acaba de enviar a la Comisión Europea. En el documento remitido a Bruselas, el Ejecutivo justifica que el MEI es un "mecanismo contingente que operará mediante distintos componentes por el lado del gasto y de los ingresos" y aporta esa previsión de incremento de la recaudación como única justificación de esa afirmación, ya que el ajuste por el lado del gasto no aplicará hasta que se realice una revisión en 2032.
Pese a las advertencias de la CEOE, el Gobierno se está esforzando por trasladar un mensaje de tranquilidad a los más de 9 millones de ciudadanos que reciben pensiones públicas en un momento en el que desde distintos organismos y casas de análisis, tanto nacionales como internacionales, se advierte del grave problema que implica la indexación al IPC para la sostenibilidad del sistema público. Y la preocupación empieza a crecer también en el seno de la Comisión Europea, que está a la espera de que España solicite el segundo tramo de los fondos Next Generation -el más cuantioso, de 12.000 millones de euros- para evaluar la primera parte de la reforma de las pensiones, que incluye la vinculación a los precios de las prestaciones, y puede exigir al Gobierno que tome medidas adicionales en la segunda fase de la reforma que tendrá que aprobar antes de fin de año.
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