Los sindicatos van a la guerra contra los empresarios. CCOO y UGT han dado orden a sus negociadores de convenios colectivos de no ceder en ámbitos donde la patronal tiene la opción de suavizar el impacto de la reforma laboral. Fuentes del diálogo social avanzan que las organizaciones sindicales ya han trasladado esas instrucciones a sus equipos en las mesas abiertas y que están convirtiendo las negociaciones en un auténtico polvorín. En los cuarteles generales de Unai Sordo y Pepe Álvarez defienden esta estrategia frente a la cerrazón de la CEOE en la negociación salarial. Mientras, desde la organización que preside Antonio Garamendi denuncian lo que consideran un "chantaje" por parte de los sindicatos y avanzan que no van a ceder ante las amenazas que auguran un fuerte incremento de la conflictividad laboral.
Ante la falta de acuerdo en la mesa salarial, los sindicatos han empezado a trasladar sus propias recomendaciones a las unidades de negociación de los convenios colectivos y el conflicto está garantizado en las más de 4.000 mesas abiertas. CCOO y UGT han pasado a la acción y están tensionando al máximo esas negociaciones, hasta el punto de bloquearlas con la exigencia de la cláusula de revisión, y también están trasladando ese bloqueo a algunas cuestiones donde las empresas tienen la opción de amortiguar el despliegue de la nueva reforma laboral, como es el caso de la aplicación de los nuevos contratos fijos-discontinuos o en la prolongación desde seis meses hasta un año de los contratos temporales por circunstancias de la producción.
Recordemos que la reforma laboral que aprobó el Gobierno a finales de 2021 y que entró en pleno vigor el pasado 31 de marzo limita considerablemente las posibilidades de contratación eventual que tienen las empresas y limita a dos las causas para firmar un contrato temporal, por circunstancias de la producción o por sustitución de un trabajador. Pues bien, en el primer caso la duración del contrato no puede ser superior a los seis meses, pero la norma establece que ese periodo es ampliable hasta un año por convenio colectivo de ámbito sectorial. Y es ahí donde los equipos negociadores de CCOO y UGT se están negando a acceder a la demanda patronal de incrementar la duración máxima de esa modalidad contractual hasta los doce meses.
Los sindicatos también están ordenando a sus equipos que se opongan a negociar las condiciones del contrato fijo-discontinuo y, especialmente, su forma parcial. Se trata de la modalidad contractual que busca generalizar la reforma laboral para reducir la temporalidad. Pero el texto deja abierta a la negociación colectiva algunas de las condiciones de este tipo de contrato, como la indemnización por despido de estos trabajadores que contabilizan como indefinidos pero que, en realidad, prestan sus servicios de manera intermitente durante las temporadas en las que son llamados por las empresas. Pues bien, la pugna aquí está en que los empresarios rechazan considerar todo el periodo de relación laboral a la hora de calcular la indemnización por despido y los sindicatos precisamente persiguen que se blinde ese derecho en el ámbito de la negociación colectiva.
Una última reunión esta semana
Fuentes de la patronal denuncian lo que consideran un "chantaje" por parte de las organizaciones sindicales y aseguran que no van a ceder ante esas amenazas en la negociación salarial. Asumen así un inevitable aumento de la conflictividad en los centros de trabajo y un bloqueo de las mesas de negociación colectiva abiertas. Como se adelantó en estas páginas, la intención de la CEOE es retomar las negociaciones del AENC esta semana, una vez superada la celebración del Primero de Mayo, para constatar si hay posibilidad de acuerdo o, de lo contrario, optar por el cierre formal de las negociaciones. Esa maniobra permitirá calmar los ánimos tras las reivindicaciones de los sindicatos en las calles, que este 1 de mayo han pedido subidas salariales y contención de precios, y retomar la negociación en los próximos meses, con tasas de IPC más reducidas.
Los empresarios consideran que toda la presión está en estos momentos sobre la CEOE para que ceda en un AENC con fuertes incrementos salariales y con cláusulas de revisión con la inflación, un planteamiento que está siendo rechazado de plano por muchos sectores que están cerrando convenios en entornos de entre el 2,5% y el 3%. Además, la patronal se apoya en el Banco de España, que recomienda la máxima prudencia para evitar los mayores perjuicios de la inflación de segunda ronda. Y se respalda también en el propio Gobierno, que ha pedido subidas salariales moderadas y desvinculadas del IPC para evitar una espiral inflacionista. Esa es, de hecho, la estrategia que va a seguir Pedro Sánchez con los funcionarios, para quienes está valorando una subida salarial de en torno al 2% en 2023.
El Gobierno, de hecho, estaba esperando a que patronal y sindicatos alcanzaran un acuerdo de subida salarial en el marco del acuerdo de negociación colectiva para trasladar esa recomendación a los sueldos públicos. Pero, ante la ausencia del mismo, ha tenido que comunicar a Bruselas una proyección de incremento de gasto en el Programa de Estabilidad. El pacto de rentas ni está ni se le espera y, mientras, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha anunciado que va a constituir una comisión para diseñar el Estatuto del Trabajo del Siglo XXI. Todo, cuando los efectos reales de la reforma laboral se están dejando ver en forma de contratación indefinida "masiva" y "forzada", según denuncian los empresarios, que advierten de que esto augura "mayores costes de extinción de los contratos, mayor litigiosidad y detracción en la contratación".
