El Gobierno ya tiene listo el nuevo cuadro de proyecciones macroeconómicas y el Programa de Estabilidad que supone el pistoletazo de salida para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Y en la información que va a remitir este mismo viernes a la Comisión Europea revela sus planes para la revalorización de las pensiones y de los sueldos de los funcionarios. En un contexto de escalada de los precios, el Ejecutivo ha decidido imponer la moderación salarial para los empleados públicos, con una subida de sueldos en el entorno del 2%, para evitar una espiral inflacionista. Mientras, para los pensionistas plena un incremento de sus nóminas de más del 6%, porque tienen garantizada por ley la actualización con el IPC y blindado su poder adquisitivo en la reforma recién aprobada.
En el nuevo cuadro macro el Gobierno proyecta un incremento del deflactor del consumo privado (el indicador que elabora el Ministerio de Asuntos Económicos y más se asemeja al Índice de Precios de Consumo) del 6,1% en 2022. Y aunque las retribuciones de los pensionistas se revalorizan por ley en base al IPC de los 12 meses previos a diciembre, esa es la referencia aproximada que el Ejecutivo va a comunicar a Bruselas para incorporar en el Programa de Estabilidad el incremento del gasto que va a suponer esta medida, según informan fuentes gubernamentales. El Banco de España calcula que cada punto porcentual de subida de las pensiones supondrá un desembolso de 1.800 millones de euros, de modo que el coste total podría alcanzar los 11.000 millones, en base a esta previsión.
Eso, para los pensionistas, porque, como decimos, tienen garantizado el poder adquisitivo por ley. Pero para los empleados públicos el Ejecutivo tiene otros planes. "Nosotros no podemos contribuir a alimentar la espiral inflacionista", adelantan fuentes del área económica gubernamental. De este modo, para la subida salarial de los funcionarios el Gobierno está planeando fijarse en el deflactor previsto para 2023, que es sensiblemente más reducido, en concreto, del 2,2%. De este modo, la mejora de las pensiones triplicaría el aumento de las nóminas de los empleados públicos el próximo año, siempre según las previsiones que maneja en estos momentos el Ejecutivo y se van a comunicar a la capital belga en las próximas horas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó recientemente su intención de ligar la subida salarial de los casi tres millones y medio de empleados públicos a la recomendación de incrementos para los convenios colectivos que alcanzasen patronal y sindicatos en el marco de la negociación del AENC y confirmó así que los empleados públicos perderían inevitablemente capacidad de compra este año, toda vez que esa negociación se ha movido en el ámbito de la moderación salarial frente a la escalada de la inflación, ya que los empresarios rechazan incorporar cláusulas de revisión con el IPC. Pero, ante la falta acuerdo entre los agentes sociales, el Ejecutivo ha optado por adelantar esta previsión a las autoridades comunitarias.
Fuentes gubernamentales admiten que los salarios públicos están "contenidos", pero insisten en que, desde el Ejecutivo, no pueden "contribuir a la inflación". Reconocen también que, inevitablemente, los funcionarios van a perder poder adquisitivo este año, toda vez que sus nóminas se han visto revalorizadas un 2%, frente a una inflación media prevista para el año de entre el 6% y el 7%, según distintos organismos nacionales e internacionales. Caso distinto es el de los pensionistas, que tienen blindada su capacidad de compra en la reforma que entró en vigor el 1 de enero, de modo que sus prestaciones se incrementarán en 2023 según la inflación media de los 12 meses previos a diciembre de este ejercicio. Y a la espera de conocer ese dato, el Gobierno calcula alrededor de un 6%.
Respecto a las pensiones, el Gobierno tiene que hacer estos cálculos para comunicarle a Bruselas cuál va a ser el impacto que va a suponer en el gasto el año que viene la subida de las nóminas por el fuerte incremento de los precios en 2022. El Banco de España calcula que la medida tendría un coste de 13.500 millones de euros en 2023 con una inflación media del 7,5% este año, a razón de 1.800 millones por cada punto porcentual de subida de las pensiones. Mientras, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) rebaja el cálculo por cada punto adicional a 1.500 millones. En cualquier caso, el problema que señalan ambos organismos es que ese sobrecoste se consolida en el tiempo y la revalorización automática de las pensiones con la inflación acaba convirtiéndose en uno de los principales riesgos para la sostenibilidad a medio y largo plazo de las cuentas públicas.
En cualquier escenario, los pensionistas tienen garantizado su poder adquisitivo frente a la escalada de la inflación porque sus nóminas se van a ver revalorizadas en función del IPC desde el día 1 de enero de 2023. El Gobierno se está esforzando por trasladar ese mensaje de tranquilidad a más de 9 millones de ciudadanos en un momento en el que desde distintos organismos y casas de análisis, tanto nacionales como internacionales, se advierte del grave problema que implica esa decisión para la sostenibilidad del sistema público de las pensiones. Y la preocupación empieza a crecer también en el seno de la Comisión Europea, que está a la espera de que España solicite el segundo tramo de los fondos Next Generation -el más cuantioso, de 12.000 millones de euros- para evaluar la primera parte de la reforma de las pensiones, que incluye la vinculación a los precios de las prestaciones, y puede exigir al Gobierno que tome medidas adicionales en la segunda fase de la reforma que tendrá que aprobar antes de fin de año.
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