Escrivá valora retrasar la cotización de los becarios por petición de las universidades

La cotización de los estudiantes en prácticas no remuneradas vuelve a ser objeto de debate. Después de casi dos años de negociaciones entre sindicatos, patronales y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre esta cuestión, la entrada en vigor de esta obligación en octubre está en el aire. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ya se había posicionado en contra de esta medida en varias ocasiones por suponer un "aumento de costes" para las empresas que podría reducir la oferta de prácticas, pero su presidenta, Eva Alcón, alimentaba el debate hace unas semanas solicitando una moratoria en su aplicación. José Luis Escrivá no se ha pronunciado al respecto, pero fuentes de su Ministerio trasladan a La Información que se está estudiando retrasar la cotización de estos estudiantes. 

Los agentes sociales -CCOO, UGT, CEOE y Cepyme- se comprometieron en la primera parte de la reforma de las pensiones pactada en julio de 2021 a desarrollar un reglamento para garantizar la cotización de todos los becarios en un plazo máximo de seis meses. En este acuerdo, las partes concretaron que el Estado bonificaría el 75% de esta cotización, dado que hasta entonces el sistema público solo cubría las prácticas curriculares, es decir, las que forman parte del programa de estudios y, por tanto, son obligatorias para obtener la titulación. Sin embargo, el Gobierno acabó incumpliendo estos plazos, por lo que esta cuestión no terminó de materializarse hasta la segunda parte de la reforma del sistema de pensiones, que cerró en marzo de 2023 sin la firma de los empresarios. 

En este segundo intento, los sindicatos admitieron que el Estado asumiera hasta un 97% de la cotización hasta 2024, cuando pasaría a bonificar un 95%. En consecuencia, el impacto para las empresas de esta obligación de cotizar es mínimo, por lo que no supone una preocupación para los representantes de los empresarios. Sin embargo, los rectores sí han denunciado que esta medida supondrá un incremento de la burocracia y, por tanto, de una carga de trabajo que no pueden asumir. Los centros formativos han recibido el respaldo del Ministerio de Universidades, encabezado por Joan Subirats. El secretario general del departamento, José Manuel Pingarrón, se posicionó a favor de conceder a los rectores la moratoria que han solicitado. 

Los sindicatos temen que el Ministerio ceda a las presiones

Fuentes sindicales confiesan que son conscientes de la influencia que tiene el sector universitario sobre el Gobierno y temen que el Ministerio de Escrivá terminé por decantarse en favor de los rectores, en lugar de velar por los derechos de los estudiantes que llevan desde el inicio de la legislatura esperando a que se consolide su cotización. En este sentido también se ha pronunciado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, que señalaba este jueves en la presentación del Estatuto del Becario que la falta de financiación del sistema universitario no puede traducirse en un escollo para la implementación de estos avances. 

El representante de Comisiones Obreras ha cargado contra los rectores por oponerse a la compensación de gastos incluida en el Estatuto del Becario, que tendrá carácter obligatorio, pero deberá acordarse entre la empresa formadora y el centro de estudios. Esta cantidad aspira a cubrir los gastos en los que incurra el estudiante para la realización de las prácticas, como comida, transporte o alojamiento, si bien no se ha fijado ningún límite mínimo o máximo. Para las universidades, esta compensación supone un aumento de la carga de trabajo y un nuevo motivo para desincentivar a las empresas a incorporar estudiantes a sus plantillas. 

Actualmente, solo los estudiantes con "ayuda al estudio" o prácticas pagadas cotizan a la Seguridad Social y lo hacen en concepto de contingencias comunes y contingencias profesionales. Es decir, estas aportaciones les cubren en caso de contraer una enfermedad o sufrir un accidente laboral, además de sumar este periodo a los años de experiencia laboral que son tenidos en cuenta para acceder a la jubilación. Pero no cotizan por desempleo, ni por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), ni tampoco para obtener formación profesional, dado que su relación con la empresa u organismo no es de tipo laboral. 

Este punto no ha sido modificado en la reforma de las pensiones, ni tampoco en el Estatuto del Becario, puesto que los negociadores entendían que no tendría sentido obtener derecho a esta prestación al tratarse de una relación de carácter formativo y no laboral. Sin embargo, el Parlamento Europeo sí ha recogido el desempleo entre los derechos sociales a los que entienden, deberían acceder todos los becarios, con independencia de si hacen prácticas curriculares o extracurriculares. Los eurodiputados instaron este miércoles a la Comisión Europea a prohibir las prácticas no remuneradas y a reconocer una serie de derechos, entre los que también se encuentra la cotización para el sistema público de pensiones.