España adopta primeras medidas en Gibraltar mientras sigue en estudio la tasa

Madrid, 16 ago.- España ha comenzado a adoptar medidas con respecto a Gibraltar y una de las primeras será endurecer las sanciones a las "gasolineras flotantes", en tanto que la Abogacía del Estado y la Representación permanente ante la UE estudian -por encargo del Gobierno- la tasa de 50 euros por cruzar la Verja.

Fuentes diplomáticas han explicado a Efe que siguen estudiando la viabilidad jurídica y legal, así como sus consecuencias en caso de ser implantada, de la denominada "tasa de congestión", una propuesta que ha suscitado mucha inquietud en Gibraltar.

Sería una tasa de acceso "similar" a la que se paga en Londres para acceder a la City y en ningún caso se aplicaría sobre los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad, explicó en algunas entrevistas el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo.

Esta propuesta no es nueva, ya que en 2010 el entonces alcalde de La Línea de la Concepción, Alejandro Sánchez (PP), ya planteó una "tasa de congestión" e incluso llegaron a iniciarse los primeros trabajos para posibilitar la implantación de ese peaje para los vehículos que cruzaran la Verja de Gibraltar.

El objetivo de la tasa que ahora estudia el Gobierno sería descongestionar la aduana y la recaudación se destinaría a compensar a los pescadores de la bahía de Algeciras, los grandes afectados, ya que los 70 bloques de hormigón que las autoridades del Peñón lanzaron en aguas españolas les impide salir a faenar.

"Medidas legales, proporcionales y aleatorias". Este es el mensaje que transmitió el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, al Reino Unido, país con el que mantiene desde finales de julio una tensión diplomática que ha ido en aumento con advertencias mutuas.

Esos 70 bloques de hormigón -lanzados al agua el 24 y 25 de julio- fueron el detonante de este nuevo conflicto entre dos países que son socios en la UE y en la OTAN pero que mantienen un único contencioso a cuenta del Peñón.

Una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente fue la respuesta de España a este "atentado al medio ambiente" como lo calificó el propio Mariano Rajoy, quien, aunque ha abogado por el diálogo en este asunto, ha dicho que el Gobierno se reserva la potestad de adoptar medidas "legales" para defender los intereses del país.

Mientras el Gobierno insiste en defender los controles que España realiza en la verja por considerarlos "irrenunciables" ya que el Peñón no pertenece al espacio Schengen, el Reino Unido ya ha avisado de que estudia medidas legales "sin precedentes" por la persistencia de esos intensos registros en Gibraltar, que desde hace días ocasionan largas colas de vehículos y motocicletas.

Incluso, Londres ha presentado una queja formal a España por considerar estos controles "inaceptables", a lo que el Gobierno español le ha respondido de forma "firme y severa" asegurando que son registros absolutamente legales.

Por su parte, España ha amagado con acudir a organismos internacionales -como el Tribunal de La Haya y la ONU- para hablar de la soberanía de Gibraltar, así como la posibilidad de intercambiar puntos de vista con Argentina para tratar de hacer un frente común en Naciones Unidas sobre el Peñón y las Malvinas.

Lo que sí ha hecho el Gobierno ya es comenzar a adoptar medidas, en primer lugar endureciendo las sanciones a los barcos que hagan de gasolineras flotantes (bunkering) en la Zona de Especial Protección (ZEC) en las aguas de la bahía de Algeciras, próximas al Peñón.

En esa ZEC, aprobada por el Gobierno en noviembre pasado, está prohibido el suministro de combustible a otros buques y por ello, de acuerdo con la normativa comunitaria, se quiere cambiar la legislación española de sanciones ambientales para "endurecerlas", dijo el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete.

Un plan de lucha contra el fraude fiscal es otra de las medidas que el Gobierno anunció que podría adoptar.

Se trataría de localizar a los 6.700 gibraltareños que tienen su residencia fiscal en el Peñón, pero que residen en España, beneficiándose así de sus infraestructuras y servicios sociales.

El Ejecutivo de Rajoy también se plantea revisar las 60.000 líneas telefónicas concedidas al Peñón por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y que dejan sólo unos 4.000 euros anuales en el municipio de La Línea.

Las empresas de juego online, un sector que ha florecido en Gibraltar en los últimos tiempos, también están en el punto de mira del Gobierno, que las podría exigir que operen a través de servidores españoles y paguen por los beneficios obtenidos en España.

Aunque no hay ninguna decisión tomada, García-Margallo tiene la firme intención de defender los intereses de España en un conflicto en el que, como ya ha dejado claro este verano, se ha acabado "el recreo de la época de Miguel Ángel Moratinos", ministro de Exteriores entre 2004 y 2010.