España y Bélgica se alían para blindar el gasto social ante las nuevas reglas fiscales

Una vez superada la pandemia y sorteadas las principales consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea deben cerrar un acuerdo sobre las nuevas reglas fiscales que serán de aplicación a partir de 2024. Es uno de los puntos clave del semestre presidido por España en el que los representantes de Seguridad Social e Inclusión buscan hacerse un hueco. El grupo, con la tutela de José Luis Escrivá, trata de conseguir cierta flexibilidad en el cumplimiento de las reglas fiscales para parte del gasto social, que califican como inversión social por sus retornos para el conjunto de la economía. 

"España, junto a Bélgica, ha impulsado este grupo de trabajo informal y en ambos casos se tienen conversaciones con los responsables económicos. Se trata de un trabajo conjunto y serán ellos los que acordaran el margen para la inversión social en la senda de ajuste fiscal”, explica la secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, Milagros Panigua, a La Información. La iniciativa apenas ha dado sus primeros pasos y no se ha elevado de manera formal, sin embargo, ya se han sumado más de una veintena de países y se espera que este fin de semana se traslade a los representantes económicos en el encuentro informal de Santiago de Compostela. 

Frente a la política de austeridad que se impuso en Europa durante la última crisis financiera y en línea con las normas de gobernanza económica propuestas por la Comisión Europea en abril, los negociadores de España y Bélgica buscan proteger ciertos gastos sociales que han demostrado tener retornos positivos para el conjunto de la economía. "Tratamos de diferenciar el gasto de la inversión social a partir de la evidencia científica que proporcionen los estado miembro y conseguir así que se tenga en cuenta en el cumplimiento de las nuevas reglas fiscales", apunta Panigua, quien representa a España en este foro. 

Los datos trazan la línea entre el gasto y la inversión

La idea es distanciarse de las discusiones de corte político que puedan dificultar el consenso entre los 27, tanto en el foro de Seguridad Social como en el económico, en esa línea, argumentan que no todo gasto puede ser calificado como inversión -como se defiende desde las posiciones más escoradas a la izquierda- ni al contrario. Para la doctora en Ciencia Económicas y directora de Proyectos Internacionales del Ivie, Matilde Mas, los abundantes estudios que miden el impacto de las políticas públicas y llevan a cabo un análisis de su coste-beneficio trazan una frontera clara entre la inversión y el gasto. "¿Está contribuyendo al crecimiento de la economía? Este es el único requisito a cumplir para ser calificado como inversión". 

"No todos los tipos de gasto social pueden ser considerados inversión, solo aquellos que tengan capacidad de influir en el potencial de crecimiento", explica en conversación con este medio.  "Hasta ahora, el gasto en educación u otras formas de gasto social se ha considerado como gasto corriente de tipo distributivo, que en líneas generales tratan de subsanar un problema que se ha producido desde la perspectiva del bienestar social. En cambio, los gastos de inversión, se realizan con el objetivo de obtener un rendimiento mayor en el futuro". Y para la economista, hay ciertas políticas sociales que entran en esta lógica y que además, no solo reportan beneficios con carácter inmediato, sino también a largo plazo. 

Mas ha estado en contacto con la propuesta como parte de su trabajo en el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas e incide en el peso que puede tener en la economía de un país la inversión en ciertos focos sociales, como es el abandono escolar temprano. "Si parte de la población deja sus estudios antes de tiempo, estás reduciendo tu potencial de crecimiento en el futuro, pero si por el contrario lo apoyas y logras que se formen durante más tiempo, accedan a puestos más productivos y mejor remunerados con un retorno social en forma de impuestos, estás haciendo una inversión". 

Las negociaciones llegarán a 2024

El grupo informal se ha reunido en una ocasión y ya prepara su próximo encuentro que tendrá lugar el próximo 28 de septiembre. La hoja de ruta facilitada por el Ministerio recoge otras citas para octubre y noviembre, con el fin de elaborar las conclusiones que se presentarán en el Consejo de Empleo y Política Social (EPSCO). Este trabajo se desarrollará en paralelo al de los ministros de Economía que deberán fijar las líneas para reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB y la deuda por debajo del 60% en el medio plazo, como dictan los tratados de la UE. Por lo que desde el Ministerio señalan que lo más probable es que los contactos con los titulares económicos se formalicen una vez haya comenzado la presidencia belga. 

El Ministerio de Asuntos Económicos ha rechazado hacer declaraciones al respecto al ser preguntado por este diario, dado el carácter inicial de la conversaciones. Los titulares de la cartera de España y Bélgica serán los encargados de 'pelear' el margen de flexibilidad para la inversión social en el marco de la normalización de la política fiscal. Al tiempo que los responsables de Seguridad Social se centrarán en concretar las políticas públicas que pueden ser consideradas como tales, en base a los retornos económicos y sociales probados por la investigación académica. Si bien, todo ello se concretará en el medio plazo, puesto que la meta es celebrar un 'jumbo', es decir una reunión conjunta del EPSCO y el ECOFIN a mediados del primer semestre de 2024.