La implantación de un Ingreso Mínimo Vital de 500 euros al mes por hogar, como el que defiende la Vicepresidencia Segunda de Pablo Iglesias, con un extra de 250 euros por adulto adicional residente y 100 euros por menor de edad, generaría un coste estructural para las arcas del Estado de entre 6.000 y 7.000 millones de euros al año, lo que equivale a añadir a las ya castigadas arcas públicas españolas un déficit estructural adicional de seis décimas de PIB. No se trata de una estimación cualquiera, se trata del cálculo que ha realizado José María Casado, la persona que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, designó en primer lugar para encargarse de la Secretaría General de Políticas de Inclusión y que por circunstancias no del todo esclarecidas cesó en su cargo apenas quince días después de su nombramiento para ser sustituido por la actual titular de ese departamento, Milagros Paniagua.
Después de su fugaz paso por el Ministerio, José María Casado ha retornado a la Autoridad Fiscal para encargarse de la coordinación del 'Spending Review' que Airef está realizando sobre el gasto público. este viernes ha subido a la red social Twitter un mensaje en el que da cuenta con todo lujo de detalles -coste presupuestario, número de beneficiarios...- de un estudio realizado sobre un proyecto de Ingreso Mínimo Vital casi idéntico al que plantea Unidas Podemos.
Sus cálculos indican que una Renta Básica de esas características -compatible con el empleo- tendría un coste de entre 6.000 y 7.000 millones de euros anuales para las arcas públicas y beneficiaría a 1,8 millones de hogares. El valor de su estimación no reside únicamente en la simillitud del modelo tomado como referencia con la propuesta que está defendiendo Pablo Iglesias dentro del Gobierno sino también en su competencia profesional, ya que Casado también participó en su día en el equipo que elaboró la opinión de la Airef sobre la Renta Básica. No hay que olvidar que siendo el actual ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, presidente de Airef, el supervisor de las cuentas públicas en España advirtió que la implantación de una Renta Mínima rompería las costuras del déficit público. Lo advirtió en 2017.
El trabajo realizado por José María Casado apunta a que la parte del león del coste del Ingreso Mínimo Vital -más de tres cuartas partes de esos 7.000 millones de euros- se concentraría en los hogares que tienen una renta anual por debajo de los 9.000 euros, aunque también alcanzaría a los que ingresan hasta 12.000 euros anuales. Por tipo de hogar, la mayor parte de la ayuda se concentraría en los hogares monoparentales y en los que residen dos adultos sin hijos.
El cálculo del excolaborador de Escrivá se basa en datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE y del Panel de Declarantes de IRPF de la Agencia Tributaria y apenas difiere del planteado por la Vicepresidencia Segunda, ya que en su esquema se parte de un Ingreso Mínimo de 500 euros que puede llegar a ser de hasta 950 euros en un hogar en el que conviven dos adultos y dos niños, a razón de 250 euros extra por el otro adulto y 100 euros por cada hijo en el hogar.
Un proyecto incierto
Aunque parece que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, han llegado ya a un acuerdo para su implantación a partir del próximo mes de mayo, la renuncia explícita del Gobierno a la aprobación de unos Presupuestos en 2020 y la incertidumbre sobre la prolongación de las medidas de contención vinculadas al estado de alarma y, por tanto, sobre el coste de la red de protección dispuesta por el Estado para cubrir a trabajadores, autónomos y empresas, mantienen en el aire la posibilidad de poner activarla en el corto plazo.
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