Según Facua 

Las multas por incumplir la Ley de Cadena Alimentaria caen a 3.300 euros de media 

El motivo más frecuente es el incumplimiento de los plazos de pago, sancionado en 128 ocasiones, seguido de no formalizar por escrito los contratos alimentarios, causante de 41 de las sanciones. 

Facua advierte de que caen las multas por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria
Facua advierte de que caen las multas por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria
Europa Press

Las multas por el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria han caído hasta los 3.289 euros de media en el último año. Desde la organización Facua-Consumidores en Acción lamentan que no se haya sancionado todavía la venta a pérdidas de los productos alimenticios. Según la información que ha publicado la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), se han impuesto únicamente un total de 195 sanciones "firmes" desde enero de 2023 hasta la actualidad, las cuales oscilan entre 1.801 euros y 42.769 euros, lo que supone una suma total de 641.398 euros. 

Únicamente siete de las multas impuestas alcanzan las cinco cifras y más de la mitad (104) se reducen a 1.801 euros. El motivo más frecuente es el incumplimiento de los plazos de pago, sancionado en 128 ocasiones, seguido de no formalizar por escrito los contratos alimentarios, causante de 41 de las multas. Desde Facua critican que la medida incluida en la Ley de la Cadena Alimentaria, que prohíbe la venta a pérdidas, no haya sido aún objeto de ninguna sanción

Número reducido de controles 

Por ello, la asociación de consumidores cree que esta falta de sanciones es un claro indicador del "reducido" número de controles que lleva a cabo la AICA para detectar estas prácticas. Advierten de que las ventas a pérdidas se pueden dar tanto en origen como en los supermercados, a los que Facua acusa de aplicar "sospechosos descuentos" en varios productos. 

Desde la asociación piden a Agricultura que investigue estas prácticas, y recuerda que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 tiene potestad para sancionar estas prácticas y requerir que los supermercados justifiquen sus subidas de precios, que no pueden deberse a un aumento en los márgenes de beneficio.

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