"En esto hay dos opciones: o decir que todo está bien para no caer en un presunto alarmismo o advertir a los ciudadanos de los riesgos reales a los que se enfrenta. Tenemos que contarle la verdad a los ciudadanos". Movidos por esta reflexión, tres investigadores de Fedea - el 'think tank' de referencia en temas de pensiones para los organismos internacionales que analizan la economía española - han evaluado el eventual impacto que tendría la reversión de la reforma de las pensiones de 2013, y singularmente la restitución de la actualización de las prestaciones con el IPC, sobre el sistema de pensiones y, en general, sobre la economía española, en un evento organizado por el think tank y APIE.
Sus conclusiones distan de ser alentadoras. Fedea no pone paños calientes. Concluye que en ausencia de otras reformas, la reversión de la reforma de 2013 y en concreto la sustitución del Índice de Revalorización de las pensiones por el modelo tradicional de actualización con el IPC, terminaría más que duplicando a medio plazo el déficit del sistema desde el 1,6% del PIB actual a un entorno de entre el 3% y el 3,6%, y disparando la deuda pública en una espiral de gasto que, alertan, "nos llevaría eventualmente a la suspensión de pagos".
Lógicamente, este es el peor de los escenarios posibles y podría verse suavizado por factores como la inmigración. Suavizado, que no resuelto. "Se necesitarían cientos de miles de inmigrantes castellanoparlantes y altamente cualificados para resolver el déficit implícito del sistema de pensiones por esta vía", ha advertido el presidente de Fedea y coautor del estudio, Ángel de la Fuente.
El informe elaborado por el propio Ángel de la Fuente, por el investigador de Fedea y ex director general de Ordenación Económica de la Seguridad Social en el Gobierno del PP, Miguel Ángel García; y Alfonso R. Sánchez, investigador de Fedea y profesor de Cunef, que será enviado al Pacto de Toledo, estima la capacidad de resolver el problema de las diferentes soluciones que se han planteado tanto desde el Gobierno como desde el ámbito político.
Acreditado que la inmigración puede suavizar pero no resolver el problema y que encajar el golpe a través de los Presupuestos puede aproximar al país a la suspensión de pagos, Fedea evalúa qué habría que hacer para solucionar la cuestión por el lado de los ingresos, con más cotizaciones y más impuestos.
Tirar por ese camino implicaría que las pensiones llegarían a absorber hasta una tercera parte de las rentas totales del trabajo y exigiría elevar hasta en un 80% las cotizaciones sociales, lo que según Fedea "tendría efectos muy negativos sobre el empleo y la inversión, y también sobre la renta disponible", es decir, sobre la capacidad de consumo de los ciudadanos.
Conclusión y aviso a navegantes: "No existe una forma indolora de financiar ese mayor déficit". Para Fedea es necesario elaborar un plan realista de ingresos y gastos durante las próximas tres décadas para garantizar el equilibrio financiero del sistema y un reparto equilibrado de los esfuerzos entre los diferentes colectivos. En este sentido, los autores plantean restringir la actualización del IPC a las pensiones mínimas e introducir una regla de actualización más generosa que la actual pero más restringida que el IPC, que esté vinculada al ciclo económico y a la situación financiera del sistema de pensiones.
Impacto en el déficit de 2019
La ausencia de medidas no es una opción. Asumido que el asunto no se puede resolver exclusivamente elevando los ingresos ni con los eventuales nuevos flujos de inmigrantes, Fedea advierte de que no modular el incremento del gasto abocaría al país "a un ajuste abrupto" de las pensiones a medio plazo que podría llegar a ser de más del 40% de la prestación en el escenario más dramático y, también, más improbable, como reconocen los autores.
La actualización de las pensiones con el IPC también generará tensiones a corto. Miguel Ángel García, que hasta hace cinco meses gestionaba las cuentas de la Seguridad Social y que es una autoridad en la materia, advierte que en ausencia de medidas que eleven los ingresos del sistema, el déficit de la Seguridad Social en 2019 quedará lejos del 1,1% previsto en el plan presupuestario del Gobierno. Su estimación es que el déficit se situaría en unos 21.000 millones de euros, alrededor de un 1,7% del PIB.
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