No es suficiente: los jubilados españoles no van a detenerse en su lucha y seguirán con sus protestas para reclamar “pensiones dignas”. Pese al acuerdo del Pacto de Toledo y el compromiso del Gobierno de revalorizar las pensiones en 2018 y 2019 en función del IPC real, continuarán en la calle, como llevan haciendo desde enero de este año porque “no nos fiamos del Gobierno” “Cada ministerio dice una cosa distinta y los pensionistas estamos siendo utilizados en un periodo prelectoral; queremos, entre otras cosas, que se garantice por ley la revaloración anual de las pensiones en base al IPC real y mientras esto no sea así vamos a seguir manifestándonos”. Leopoldo Pelayo es portavoz de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de pensiones y quiere dejar patente que “no se fía” de Pedro Sánchez porque “PSOE y PP hacen las mismas políticas”.
Además, dicen, “¿qué pasará en 2019? ¿Volveremos a la subida del 0,25%? España está a las órdenes del FMI y la UE y estos dos organismos priorizan el pago de la deuda costa de las políticas públicas en sanidad, educación o pensiones”, añaden.La gallega Victoria Portas, otra de las portavoces de un movimiento a través del cual se han movilizado más de un millón de pensionistas, es incluso más contundente y califica el pacto de Toledo, de “chiringuito”. “La presidenta de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, dijo en su día que había pensionistas que están más tiempo cobrando la pensión que trabajando… ¡Y lo dice ella que con cuatro años en el Congreso tiene derecho a una pensión para toda la vida!, mientras muchos jubilados, con pagas precarias, se mantienen a ellos mismos y a sus hijos”.
Esta imagen, la del jubilado que con su pensión mantenía a sus hijos azotados por el paro durante la crisis, fue moneda común en los tiempos más duros de la recesión y, aunque ya no lo es tanto, todavía se dan casos. Jesús, 66 años, y su esposa Esperanza, 65, viven en Parla, al sur de Madrid, con la pensión del primero, 750 euros. Con este dinero tienen que pasar el mes y ayudar a su hija Luisa, “de 35 años, que vive con nosotros y que solo encuentra esporádicamente empleos precarios y temporales”.
Con esos 750 euros “tenemos que pagar la luz, el agua, el gas, comer, vestir… No llegamos a fin de mes”. Jesús ya ni se acuerda cuándo fue la última vez que salió a cenar fuera de casa con su esposa. “Eso es un lujo que no está a nuestro alcance. Nos conformamos con tomar un vinito el domingo al mediodía después de misa, Ese es nuestro único lujo”. Jesús apoya “totalmente” las movilizaciones que los jubilados están llevando a cabo, “incluso he asistido a alguna de ellas en Madrid”, pero “tampoco puedo ir a todas porque hay que pagar el billete de tren para desplazarnos; es un gasto extra, y aquí hay que mirar hasta el último céntimo”.
Desde diversos ámbitos, incluso desde el Gobierno, se desliza la imposibilidad de atender las reivindicaciones de los pensionistas, que además de blindar por ley la subida anual del IPC real reclaman, entre otras cosas, el establecimiento de la pensión mínima en 1.084 euros (actualmente la pensión contributiva mínima sin cónyuge a cargo es de 656 euros), la derogación del factor de sostenibilidad y de la subida anual del 0,25%... Hay que tener en cuenta que el sistema arrastra un fuerte déficit en España, ya que, en 2017, por ejemplo, la Seguridad Social recaudó 110.000 millones de euros y el gasto en pensiones según los Presupuestos Generales del Estado fue de 139.646 millones de euros.
De hecho, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció este miércoles que el Gobierno creará un impuesto sobre las transacciones financieras que “irá íntegramente a financiar la seguridad social y las pensiones”. Unas pensiones, por otro lado, cuya ‘hucha’, con la que se ha pagado las últimas ‘pagas extra’ de los pensionistas, cuenta con apenas 8.000 millones euros frente a los 66.815 millones de euros que llegó a tener en 2011.
“El impuesto sobre las transacciones financieras es otro parche y una tasa Tobin encubierta y nos tememos que Europa no la admita”, explica Victoria Portas. “Quienes hablan de la insostenibilidad del sistema faltan a la verdad porque lo que hay que hacer es procurarle más recursos, por ejemplo, eliminando los empleos precarios, los sueldos, para que las cotizaciones sean más altas. Hemos recuperado los 19 millones de cotizantes, como antes de la crisis, pero no la recaudación porque los sueldos son precarios y, lógicamente, las cotizaciones han bajado”.
La realidad es que el gasto de las pensiones aumenta y el sudoku de la sostenibilidad del sistema es difícil de completar. Y lo será más en el futuro, si se tiene en cuenta que en 20 años los españoles hemos pasado de una esperanza de vida de 78,6 años a los 83,1 de la actualidad; ahora mismo hay 2,1 trabajadores por cada pensionista frente a los 2,7 de hace 10 años y en unos pocos años comenzarán a jubilarse los nacidos en el ‘baby boom’ de los años 60.
Por otro lado, según el acuerdo presupuestario entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos, que para ser efectivo deberá de contar también con el visto bueno del PNV, ERC, Compromís y PdeCAT, recoge que “se garantizará el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas de acuerdo con el IPC”.
“La música suena algo mejor que antes”, explica Nati Menéndez, de la Coordinadora en Defensa de las pensiones Públicas de Asturias, “pero, por un lado, está por ver si se puede aprobar finalmente y, en todo caso, es insuficiente” porque el “objetivo es que todos los pensionistas españoles tengan una pensión mínima de 1.084 euros, como recomienda la Carta Social Europea; en definitiva, una pensión digna”, sentencia, antes de recordar que “en los últimos años hemos perdido un 10% de poder adquisitivo y ese poder adquisitivo no se recupera con esta subida”.
Desde la Coordinadora Estatal de Defensa del Sistema Público de Pensiones, que este mismo jueves lanzó un comunicado desligándose de un nuevo Partido de Pensionistas porque “nosotros somos un movimiento transversal, social, no político, y que defendemos las pensiones públicas gobierne quien gobierne”, se estima que “todo está muy bien, pero las noticias del acuerdo es otra vez el 3% de subida en pensiones mínimas, lo que son diez euros y nunca llegan ni a la mitad del salario base".
¿Tanto movilizarse para estar igual? "Para mí los Presupuestos y el acuerdo con Podemos es otra tomadura de pelo”, apunta Carmen Díaz. A los pensionistas les inquieta, además, declaraciones como las del secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, quien en el Congreso de los Diputados abogó este lunes por ampliar la base de cálculo de la pensión de cada trabajador a toda la vida laboral y no a los últimos veinte años como está en estos momentos. “Un claro intento de recorte. Creemos que el cálculo de la pensión debería hacerse en base a los 20 años que elija el trabajador, como sucede en casi toda Europa”, explica Victoria Portas.
Luego, dentro de España hay desigualdades respecto a las pensiones. La pensión media nacional se sitúa en 930,27 euros en una horquilla que va desde los 773,07 que perciben los extremeños hasta los 1.155,16 euros de los pensionistas vascos. Quizás por ello sorprende que estos, particularmente en Bilbao, hayan sido los más insistentes en sus protestas y sea en Vizcaya donde mayores movilizaciones ha habido, como sucede todos los lunes desde que comenzó el año frente al ayuntamiento de la capital bilbaína y donde el pasado 1 de octubre se congregaron, por ejemplo, 30.000 personas.
El Movimiento de Pensionistas de Bizkaia asegura que sus movilizaciones, celebradas desde el 15 de enero, “han forzado algunos acuerdos entre partidos respecto a la revalorización de las pensiones y el aumento de las mínimas”, pero las consideran “parches temporales e insuficientes”. Los pensionistas vizcaínos quieren destacar que “en Euskadi unas 190.000 personas reciben menos de 700 euros de pensión y alrededor de 16.000 pensionistas tienen que solicitar la Renta Básica de Inserción para poder subsistir”, por lo que han decidido seguir con sus movilizaciones “con el objetivo de conseguir unas pensiones públicas dignas para todos”.
Para ello acudirán a manifestarse a Vitoria, sede del Gobierno vasco, el próximo día 18. Una vez más. Pese a acuerdos y anuncios de todo tipo. Aunque algo cambia y surgen ya las primeras grietas en el movimiento y las primeras voces que hablan de “frenar” las movilizaciones. Josele Perera, por ejemplo, líder de Personas Jubiladas de Bizkaia, sería partidario, “tras los avances logrados, que no es todo lo que queremos, pero son avances, es momento de parar un poco, pero ¿cómo frenas a un caballo desbocado?”. Porque razones siguen existiendo para los afectados.
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