El líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, exige ampliar el tramo exento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para que el Estado no se quede con casi la mitad de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El Gobierno aprobó la pasada semana, sin contar con el apoyo de los empresarios, un aumento del 5% que dejaría la renta mínima en los 1.134 euros al mes en catorce pagas y que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.
En el marco de su intervención, este lunes, en un desayuno del Fórum Europa, el responsable del principal partido de la oposición ha criticado que sólo a cuenta de esa subida del 5%, que afecta a entre 2,3 y 2,5 millones de trabajadores, el Estado va a ingresar 840 millones de euros. El gallego ha defendido que, según las cuentas de sus asesores de economía, "el 56% del incremento del salario mínimo va para los trabajadores y el 44% para el Estado".
Desde su formación consideran, por ello, que no es aceptable que casi la mitad de la subida del salario de los trabajadores, que pagan las empresas, se la quede el Estado. "La empresa paga, el trabajador cobra, pero el Gobierno recauda más, y por tanto es uno de los beneficiados del esfuerzos que harán, entre otras, las pequeñas y grandes empresas", sostiene su equipo económico. El año pasado en la ley de Presupuestos el Gobierno ya elevó el mínimo para que el aumento del SMI no cotizara en el IRPF.
Además, Feijóo ha afeado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que haya impuesto finalmente el porcentaje de subida del SMI sin alcanzar un pacto con la patronal, y acordándolo tan solo con los sindicatos, cuando quienes tienen que hacer frente a ese incremento son las propias empresas y los autónomos. Así lo ha manifestado ante un auditorio en el que estaban, entre otros, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, un nutrido número de empresarios, y los presidentes de la Región de Murcia y la de Baleares, así como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
No aclara si el PP vetará los objetivos de estabilidad en el Senado
Feijóo, que a preguntas de los medios ha evitado pronunciarse sobre si su partido votará en contra de los nuevos objetivos de estabilidad -estos pasaron la semana pasada el filtro del Congreso, pero el PP con su mayoría absoluta tiene la posibilidad de vetarlos en la Cámara Alta- ha asegurado que su partido lleva tiempo pidiendo al Gobierno que se siente para hablar de financiación.
Así, Feijóo ha apuntado que los españoles pagarán 1.600 millones de euros de los gastos financieros por esa quita de deuda a la autonomía. La prioridad, a su juicio, es que se aborde ese nuevo modelo de reparto. "Llevamos un mes pidiendo que se celebre la conferencia de presidentes", ha añadido.
"Cinco años de gobierno y ni una sola propuesta" sobre este asunto, ha criticado, tras recordar que Murcia y la Comunidad Valenciana están por debajo de la media en financiación "de una forma escandalosa", y acusar al presidente, Pedro Sánchez, de que para él lo prioritario sea condonar deuda a una de las comunidades más ricas, en referencia a Cataluña.
Ha puesto además el ejemplo de Galicia, que celebra elecciones el próximo 18 de febrero, para advertir de que al condonar deuda a una de las autonomías con mayor PIB y renta per cápita (Cataluña) se estaría penalizando a ciudadanos como los de la región gobernada por el popular Alfonso Rueda, que estuvo cumpliendo el déficit y la deuda y no se endeudó con el Estado -puesto que no hizo uso del FLA, el mecanismo extraordinario de financiación que se puso a disposición de las regiones que no podían acceder a los mercados por sus propios medios en 2012-.
Cree que habrá que hacer ajustes en inversión los próximos años
"Estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades y dejamos el pufo a nuestros hijos", ha sentenciado, tras criticar el aumento de la deuda que se produjo a lo largo de la pasada legislatura, cuando el Gobierno tuvo que hacer frente a las consecuencias de la pandemia, primero, y de la guerra en Ucrania y las crisis energética e inflacionaria, después.
Alberto Núñez-Feijóo ha señalado que habrá que hacer ajustes en inversión los próximos años y ha incidido, además, en que la segunda mayor partida de gasto a la que el Estad deberá hacer frente este año por detrás de la Seguridad Social serán intereses de la deuda, que alcanzarán los 40.000 millones de euros.
