La irrupción de los gigantes digitales ha zarandeado los cimientos del orden fiscal internacional y ha situado a las economías desarrolladas ante el inesperado desafío de cobrar impuestos a actividades que no se sujetan a una localización física concreta, el factor que ha venido determinando hasta ahora dónde se debían pagar los impuestos. El consenso internacional ante el nuevo escenario se ha aglutinado en torno a la OCDE y sobre la idea de establecer un nuevo 'impuesto global', que en principio se iba a limitar únicamente a la operativa de las grandes plataformas de la economía digital pero que ha evolucionado hacia un 'impuesto a las multinacionales'. La idea es que sólo queden fuera las empresas multinacionales cuya actividad productiva tenga un profundo arraigo territorial, como la minería extractiva por ejemplo. La última revisión del marco realizada por la OCDE ha incluido a las empresas de la construcción, pero no ha adoptado una decisión definitiva sobre las grandes multinacionales de la concesión de infraestructuras y otros servicios. Y esa incertidumbre genera preocupación en Ferrovial.
La gran concesionaria española ha aprovechado la ventana abierta por la OCDE para que los 'stakeholders' opinen sobre los cambios introducidos en la definición del que está llamado a ser el futuro marco fiscal internacional para defender el arraigo territorial de su actividad y advertir de los efectos perniciosos, en forma de mayores costes y situaciones de 'doble imposición', que se producirían si el organismo internacional opta por mantener la actividad de la gestión de infraestructuras y servicios dentro del perímetro del futuro 'impuesto a las multinacionales'.
La compañía española sostiene que el mismo criterio sobre la necesidad de presencia física en un territorio para desarrollar la actividad que se ha seguido para excluir a las constructoras del futuro 'impuesto a las multinacionales' es aplicable a las concesionarias de infraestructuras o servicios. Ferrovial argumenta que las actividades relacionadas con infraestructuras están basadas en activos localizados en el territorio donde se desarrolla la actividad, como aeropuertos, autopistas, líneas eléctricas o proyectos ferroviarios, y que incluso en los casos de proyectos de colaboración público-privada en los que la empresa concesionaria presta un servicio directo al consumidor (servicios de limpieza, vigilancia...) el cliente de las empresas no es el consumidor sino la Administración que contrata.
"La hipotética relocalización de los ingresos del proyecto hacia una jurisdicción diferente modificaría los términos económicos de la oferta escogida por la autoridad pública, incrementaría los costes del proyecto para las administraciones públicas y aumentaría la incertidumbre sobre los procesos de contratación", advierte Ferrovial en el escrito dirigido a la OCDE, dando a entender que el cambio de paradigma fiscal en este ámbito sería más perjudicial para el 'sistema' que para las empresas concesionarias. Eximir a este sector, por el contrario, evitaría "distorsiones y un trabajo extra en un sector que ya está gravado de manera justa con las actuales reglas fiscales".
No sólo eso. El informe elaborado por Ferrovial advierte de que una eventual aplicación de ese nuevo impuesto a las multinacionales sin tener en cuenta la sujeción de las empresas al esquema fiscal tradicional se traduciría de forma inexorable en situaciones de doble tributación, que la propia OCDE asegura que no deberían darse en ningún caso con la puesta en marcha del nuevo esquema fiscal en el que se está trabajando.
Un trasvase de ingresos fiscales de 85.000 millones de euros
El espíritu de la reforma fiscal impulsada por la OCDE es garantizar que las empresas pagan impuestos en los territorios dónde tienen "una participación activa y sostenida en el tiempo", aunque no tenga un establecimiento permanente en el territorio. De otro modo, que paguen allí dónde ganan dinero y no dónde tienen su sede fiscal. Para conseguirlo, la OCDE trabaja en un sistema fiscal sobre tres bases: un gravamen fijo sobre la actividad de las grandes multinacionales en territorio, un gravamen adicional sobre la rentabilidad obtenida por su operativa en el territorio en cuestión y un esquema para resolver de forma ágil y sencilla los conflictos que se puedan producir entre diferentes jurisdicciones. Con ese esquema, la OCDE estima que puede llegar a reasignar 100.000 millones de dólares - unos 84.000 millones de euros - en impuestos hacia territorios dónde las multinacionales operan pero no dejan rendimientos fiscales
La fórmula defendida por la OCDE para calcular esas bases fiscales tampoco termina de convencer a Ferrovial, que entiende que en el caso de que se decidiera finalmente incluir a las empresas concesionarias en el perímetro del futuro impuesto, éste debería tener en cuenta las especificidades de un negocio, el de las concesiones, que en no pocas ocasiones genera un volumen de pérdidas importante en los primeros ejercicios, que luego se compensas con ganancias igualmente significativas una vez que se alcanza el punto de equilibrio de la concesión. Advierte en este sentido que si se trata de calcular la carga fiscal a partir de un año base las distorsiones que eso puede generar sobre los impuestos pagados por las concesionarias serían muy significativas.
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