Fiscal rechaza la competencia de la Audiencia Nacional para investigar a los controladores

Madrid.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rechazado hoy la competencia de este tribunal para investigar la denuncia interpuesta por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra los controladores aéreos por abandonar sus puestos de trabajo los días 3 y 4 de diciembre, en pleno puente festivo.

En un escrito remitido esta mañana al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, en cuyo juzgado recayó la denuncia, el fiscal Marcelo de Azcárraga considera que la denuncia, que califica de lacónica por no especificar los puestos de trabajo "supuestamente abandonados", debe ser remitida a la Fiscalía de Madrid, al ser el órgano que investiga la actuación de los controladores.

A juicio del representante del Ministerio Fiscal, el delito de sedición en el que podían haber incurrido los denunciados (penado con hasta ocho años de cárcel, según anunció el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido) "no tiene encaje" entre las atribuciones competenciales de la Audiencia Nacional, recogidas en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Por todo ello, el fiscal pide al juez que archive la denuncia de la OCU y la remita a la Fiscalía Provincial de Madrid, ante la que la pasada semana comparecieron veintiséis de controladores aéreos destinados en los centros de control de Barajas y de Torrejón de Ardoz y que se negaron a declarar, actitud que han mantenido hoy otros ocho controladores que habían sido citados.

Su negativa a declarar la basan en que están a la espera de ser citados por la autoridad judicial que consideran competente -la militar y no la ordinaria- y a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos que la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha presentado contra los decretos por los que se militarizó el control aéreo y se declaró el estado de alarma.

La denuncia de la OCU está dirigida contra el sindicato y contra "los que se demuestren colaboradores u organizadores" del abandono de los puestos de trabajo de los controladores, así como contra las demás personas que aparezcan relacionadas como "autores o cómplices".

Para la OCU, el abandono masivo de los controladores de su puesto de trabajo obedece a una huelga encubierta, "claramente dirigida", que provocó la cancelación de 2.710 vuelos y que 600.000 pasajeros se vieran afectados.

Los hechos, según la OCU, pueden ser constitutivos de tres delitos. Uno contra el tráfico aéreo en su vertiente de sedición y otro de coacciones contra los intereses turísticos de España y contra miles de pasajeros al impedirles volar y "mantenerlos rehenes en los aeropuertos al negarse a realizar su trabajo".

Los hechos, para la OCU, también podrían ser constitutivos de un delito de falsificación de documentos públicos o privados si se demuestra que los controladores aportaron informes médicos sin estar realmente justificados.

En su denuncia, la OCU pedía a la Audiencia Nacional que citara a los responsables de USCA y de AENA para esclarecer los hechos denunciados.