El Ejecutivo defiende la laicidad del Estado

Sánchez se plantea suprimir las ventajas fiscales de la Iglesia y que pague el IBI

El Gobierno tiene sobre la mesa la revisión del Concordato con la Santa Sede y que paguen impuestos los lugares que no son de culto, como viviendas.

Primera entrevista Pedro Sánchez
Primera entrevista a Pedro Sánchez en televisión / RTVE

El Gobierno de Pedro Sánchez ha apostado en su primeros días por un Estado laico. El objetivo de los socialistas es defender en esta nueva etapa un modelo que, desde el respeto a las creencias de todos, ponga fin a algunas ventajas fiscales que tienen la Iglesia católica u otras religiones. Para ello el Ejecutivo tiene sobre la mesa una propuesta para revisar los acuerdos que tienen firmados España y la Santa Sede y que datan del año 1979. Se trata de un tratado internacional que solo puede denunciar el Gobierno; en la oposición, los socialistas ya se mostraron partidarios de acometer unos cambios que serían históricos para el país.

Fuentes cercanas al Gobierno consultadas por La Información explican que su intención es adaptar el Concordato con la Santa Sede a la Constitución. Es decir, modificar un acuerdo con el Vaticano que es único en Europa, ya que ningún otro país lo tiene. Ello significaría someter a revisión los cuatro acuerdos firmados en enero de 1979: el relacionado con asuntos jurídicos, el de enseñanza y cultura, el de asuntos económicos y el de asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de los clérigos y religiosos. 

Que los lugares que no son de culto paguen el IBI

El Gobierno de Sánchez se está inspirando en una propuesta del PSOE que exige el mismo tratamiento fiscal para la Iglesia que para el resto de las instituciones. El nuevo Ejecutivo no pretende poner fin a la exención del IBI para la Iglesia católica u otras instituciones, sino que los lugares que no son de culto y que son gestionados por estas religiones paguen de forma efectiva un impuesto que está gestionado conjuntamente entre la Administración del Estado y los diferentes ayuntamientos.

Las fuentes consultadas aseguran que la exención del IBI a lugares que no son los propios templos (parroquias o mezquitas) excede los términos del Concordato con la Santa Sede. Concretan que determinadas casas parroquiales, abadías, colegios, hospitales o polideportivos que gestiona la Iglesia no son lugares de culto y que, por tanto, tendrían que pagar el correspondiente impuesto de bienes inmuebles.

Hay que recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó hace unos meses que algunas exenciones fiscales a la Iglesia católica en nuestro país podrían constituir ayudas estatales ilegales. El Tribunal Constitucional, por su parte, rechazó en diciembre de 2013 la decisión del Parlamento de Navarra de cobrar el IBI a los inmuebles de la Iglesia católica y del resto de confesiones.

Ley de eutanasia y funerales de Estado

El Gobierno socialista también está ultimando un proyecto de ley sobre muerte digna. Fuentes gubernamentales confirman que será una de las primeras medidas que tramite el nuevo Ejecutivo. La propuesta hace referencia a que, al igual que la Constitución protege tener una vida digna, se debe ofrecer respaldo legal a aquellos enfermos que deseen tener una muerte también digna. En Ferraz recuerdan el caso del tetrapléjico Ramón Sampedro como el mejor ejemplo de que, bajo su punto de vista, el Estado necesita solucionar este vacío legal.

Otro aspecto conflictivo que pretende abordar el Gobierno es la supresión de los funerales de Estado católicos. En el 39 Congreso federal se aprobó acabar con ellos y celebrar ceremonias ecuménicas en la que se puedan sentir representadas todas las creencias. Tampoco habrá, evidentemente, presencia del Gobierno en actos como la Semana Santa, en contraste con lo que ocurrió este año cuando cuatro ministros del PP entonaron 'El novio de la muerte' delante de la Legión en Málaga.

Promesas sin Biblia ni crucifijo

El Gobierno de Sánchez quiere tomar como referencia las resoluciones aprobadas en dicho Congreso federal de hace ahora un año y en las que ya se contemplaba en el apartado dedicado al "Marco estratégico, ponencia política y social" el siguiente objetivo: "España debe consolidar su condición de Estado laico que garantiza los valores, derechos y libertades civiles, adecuando su legislación a las características propias de una sociedad abierta, plural y compleja, en la que se respetan las convicciones y expresiones ideológicas, religiosas, culturales y de género de todos los ciudadanos". En ese Congreso, precisamente, se aprobó una enmienda para cobrar el IBI a los lugares que no son de culto.

El Ejecutivo ya dio una pista sobre cuál sería su postura en materia religiosa durante esta segunda parte de la legislatura: la defensa de la laicidad del Estado. Así está quedando reflejado en las tomas de posesión de los diferentes altos cargos en las que se ha suprimido el crucifijo y la Biblia.

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