"Creo que veremos un acuerdo en el Pacto de Toledo antes de lo que muchos se piensan". La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha aprovechado este miércoles el acto institucional de toma de posesión de los nuevos altos cargos de su Ministerio - Octavio Granado, como secretario de Estado de Seguridad Social; Consuelo Rumí, como secretaria de Estado de Migraciones; y Yolanda Valdeolivas, como secretaria de Estado de Empleo- para desterrar cualquier sensación de parálisis respecto a la negociación política sobre el futuro de las pensiones en la comisión parlamentaria y espolear a sus representantes para alcanzar un acuerdo lo antes posible.
Valerio ha querido actuar con diligencia después de que en el día de ayer los portavoces de las diferentes fuerzas parlamentarias decidieran posponer los trabajos de la comisión bajo el argumento de esperar a que se conociera al nuevo presidente del PP y su posición respecto a los aspectos más críticos sobre el futuro de las pensiones.
La certeza de que esto no se conocerá hasta el próximo 21 de julio - cuando está previsto el Congreso Extraordinario de los populares - y la impresión generalizada de que la singular situación política vivida en los últimos meses puede actuar de desincentivo para que el Grupo Popular muestre ahora una postura especialmente propensa al acuerdo llevó a interpretar este paréntesis como la prueba definitiva de un parón casi irreversible en la comisión que debe definir la hoja de ruta a seguir por el sistema público de pensiones.
Ante algunos de los portavoces de la Comisión, que se dieron cita en el acto de toma de posesión de los nuevos altos cargos del Ministerio de Trabajo, Valerio quiso enviar un mensaje claro al Parlamento: el Gobierno cuenta con que el Pacto de Toledo emita sus recomendaciones según lo previsto y espera que lo haga este mismo año.
Es más, puestos a acelerar lo más posible los trabajos, la ministra ya se ha ofrecido a la Comisión para comparecer ante la misma en cuanto los grupos parlamentarios lo consideren conveniente.
Si algo ha dejado claro Magdalena Valerio en las comparecencias públicas que ha tenido desde que se hizo cargo de la cartera de Trabajo es que su idea de partida es que las reformas que pueda sacar adelante el Gobierno de Pedro Sánchez en materia laboral, social y de pensiones se hagan con el mayor grado de consenso posible, y eso exige en materia de pensiones la existencia de una hoja de ruta pactada en el Pacto de Toledo.
El problema de las pensiones y el IPC
La coyuntura económica también aprieta lo suyo para que el Gobierno 'necesite' de un acuerdo en ese foro. En principio, el acuerdo Gobierno del PP-PNV para sacar adelante los Presupuestos de 2018 dejaba razonablemente resuelto el debate sobre la actualización de las pensiones al fijar una subida del 1,6% para este año 2018 y para el siguiente.
Sin embargo, la escalada de los precios del petróleo amenaza con hacer que la subida acordada se quede corta. El Banco de España ya prevé que la inflación cerrará el año en el 1,9% en lugar del 1,6% previsto en los Presupuestos y ello se traduciría en una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas este mismo año...
El Gobierno no oculta su deseo de modificar el mecanismo de actualización de las pensiones dentro de esta 'minilegislatura' de dos años y con la inflación al alza tal vez el acuerdo Gobierno del PP-PNV no sea suficiente para mantener el poder adquisitivo de las pensiones, ni este año ni tampoco en 2019.
Una negociación estancada
Al margen de la dimensión política que puede condicionar el recorrido a futuro del diálogo del Pacto de Toledo, a nivel técnico la negociación sobre el sistema de actualización de las pensiones no está siendo sencilla.
Los grupos han alcanzado un consenso general en torno a recuperar la referencia del IPC a la hora de actualizar las pensiones, pero las posturas siguen enfrentadas en relación al peso que debe tener este índice en la determinación de la evolución de las nóminas de los pensionistas.
La izquierda parlamentaria, en general, es favorable a reimplantar el IPC como referente único a la hora de actualizar las pensiones de modo que se garantice que ningún pensionistas pierda poder adquisitivo. Ciudadanos, PP y en diferente medidas las formaciones nacionalistas de naturaleza más conservadora (PNV, PdCat...) abogan o bien por delimitar ese sistema de actualización en función del IPC - o incluso por encima de este indicador- para las pensiones más bajar o bien por un indicador algo más sofisticado que basándose en el IPC, incorpore también otros determinantes basados en la situación económica, como el PIB o la productividad.
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