El FMI recomienda más control del gasto público y no vincular los salarios al IPC

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha publicado este lunes el capítulo del informe 'Fiscal Monitor' referido a la política fiscal. El organismo internacional pone el foco en el gasto público como responsable del avance de la inflación. En concreto, el FMI ha comprobado que por cada punto del PIB que aumentó el gasto público en el periodo comprendido entre 1950 y 1985, la inflación creció en 0,8 puntos. En los años posteriores, por cada punto del PIB, los precios se habrían elevado medio punto. Por ello, llama a los estados a reflexionar qué partidas presupuestarias quieren recortar y cuáles proteger o ampliar, dado que puede permitirles atajar la inflación, al tiempo que abordan la desigualdad en los ingresos y protegen a las familias más vulnerables. 

La organización financiera que dirige Kristalina Gueorguieva, ha recalcado que los efectos generados por la política fiscal y monetaria son muy diferentes en función de cuál sea el modelo económico del país concreto, siendo especialmente relevantes para los sistemas de redistribución de la renta, como el español. El FMI apunta a que los últimos estudios señalan que el papel que juegan estas políticas en la gestión de la inflación y en la demanda agregada podría ser superior al asumido clásicamente. "Una restricción fiscal bien orientada puede servir para apoyar la política monetaria en la contención de precios, protegiendo al mismo tiempo a los más afectados por la crisis ante el aumento del coste de la vida", recoge el escrito. 

En consecuencia, el FMI apela a que los países se centren en diseñar políticas centradas en recortar la erosión de los ingresos de las familias que no agraven la inflación. Por ello, recomienda evitar el uso de ayudas generales y en su lugar, realizar transferencias específicas a los grupos más vulnerables de la población. En especial, llaman a los responsables políticos a medir el impacto del incremento generalizado de precios en los salarios públicos y en los privados, sobre todo de la facultad de indexar los salarios al IPC, ya que pueden alimentar la inflación, aunque no sean la causa que ha originado el ciclo alcista. Si bien, reconoce que los "ingresos reales pueden verse considerablemente mermados si los salarios, pensiones u otras transferencias no siguen el ritmo de la inflación". 

Para el FMI el alcance y la distribución de la erosión en el poder adquisitivo depende de la causa del incremento de precios -pone el ejemplo de la subida de materias primas en 2021 como consecuencia de la mejora en el salario de los trabajadores-, aunque también de las características del mercado laboral, del sistema de pensiones y de cuáles sean las transferencias públicas. En consecuencia, pide tener presente que la inflación ya supone una carga sobre los hogares y los grupos más vulnerables a la hora de llevar a cabo reformas en el sistema de pensiones o de asistencia sanitaria. Las prestaciones por jubilación están indexadas a la evolución del IPC en casi todas las economías avanzadas y en cerca del 40% de los mercados emergentes y los países en desarrollo. No obstante, las transferencias de efectivo a colectivos vulnerables y los salarios públicos también tienen esta vinculación en muchos de ellos. 

Este gasto "justificado" no implica que sea menos necesario vigilar la deuda pública, por lo que el FMI estima que es apropiado endurecer la política fiscal en la mayoría de los países, porque cuentan con deudas públicas elevadas. El director adjunto del departamento de asuntos fiscales del fondo, Paulo Mauro, ha apuntado que esa es la dirección, ya que un aumento de la carga impositiva logrará reducir la demanda en la economía y las presiones inflacionistas. En consecuencia, los bancos centrales tendrán menos necesidad de elevar tipos, aunque Mauro no descarta que vayan a continuar haciéndolo. En este sentido, el informe recoge que sin el apoyo de la política fiscal, los bancos centrales se ven obligados a aplicar mayores subidas para retener la inflación. 

El organismo internacional también ha calculado el impacto de la inflación en el valor real de la deuda pública, este es mayor en los países con grandes cantidades de deuda, sobre todo cuando es de una moneda local, a largo plazo y no está indexada. En concreto, el FMI apunta a que para aquellos países en los que la deuda pública exceda el 50% del PIB, por cada punto porcentual en el que se incrementa la inflación por sorpresa, la deuda pública se reduce en 0,6 puntos porcentuales del PIB, un efecto que se extendería durante varios años.