El envejecimiento del personal de la Administración es uno de los problemas que tiene que afrontar el actual Gobierno de coalición. Una gran mayoría de los funcionarios tiene una edad elevada, que les sitúa al borde de unas jubilaciones que se han acelerado por cuestiones como la reforma de las pensiones. La mayoría de ellos son auxiliares y administrativos de los distintos departamentos del Estado. Este es el motivo por el que la nueva oferta de empleo público va a priorizar la incorporación de trabajadores públicos 'rasos' que suplan a los que están cerca de marcharse. Por lo que la mayoría de los 10.000 puestos ofertados se centrarán en los cuerpos generales más comunes en las oficinas del engranaje del país, como ha podido saber La Información. Un refuerzo que llegará a otros ámbitos, como el de los servicios de informática. Y que es el primer paso de un plan que traerá otras convocatorias en los próximos meses.
Según los detalles del proceso diseñado por el Ministerio de Función Pública que dirige Miquel Iceta, al que ha tenido acceso este medio, casi dos tercios de las 10.254 plazas disponibles corresponden a esos cuerpos de auxiliares y administrativos, dos de los más numerosos en la Administración General del Estado (AGE). En concreto, hasta 3.803 corresponderán al Cuerpo General Administrativo, que son los encargados de tramitar las solicitudes o documentación de los ciudadanos. Otras 3.162 plazas se destinarán al Cuerpo General Auxiliar, que son los trabajadores que realizan funciones más comunes, como las de rellenar formularios o el archivo y registro de documentación. De este conjunto, para oposición libre se reservan 850 lugares para el primer colectivo y 650 para el segundo. El resto serán de promoción interna y de estabilización.
A estos se sumarán otros funcionarios de un rango más alto, al exigirles que dispongan de titulación universitaria. Entre ellos está el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil, que son los que trabajan en las áreas de tramitación y procedimientos administrativos o en la gestión de recursos humanos, de asuntos económicos o de subvenciones. Este colectivo ofertará 2.239 plazas, de las que 781 serán para cualquier ciudadano interesado, 1.050 serán para ascensos internos y 408 están pensadas para estabilizar a quienes se desempeñan desde hace tiempo en la AGE. Además, está previsto convocar 480 puestos en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática. Para estos empleados, centrados en desarrollar y operar con sistemas informáticos y vigilar las redes y la seguridad, habrá 480 lugares. De estas, 280 son de ingreso libre y 200 de promoción interna.
La razón de que haya tantas plazas exclusivas para dar un carácter estable a un gran número de personas es el alto volumen de interinos que conforman las oficinas del Estado. Este es el otro frente que afronta Iceta, que además de contar con una plantilla envejecida debe resolver la problemática que plantean las condiciones de quienes llevan años trabajando para la Administración aun no contando con una plaza en propiedad. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya sentenció que no hacer ofertas de empleo público no se podía traducir en que se le diera la categoría de fijo a los interinos. Ni siquiera a aquellos que lleven años en el mismo puesto sin moverse de un departamento específico. Por lo que esta ha sido la primera respuesta del Gobierno para intentar regularizar esta situación.
La oferta de estos más de 10.000 empleos es solo el comienzo de una estrategia mucho más amplia. Para empezar, estos puestos corresponden a las convocatorias de 2017 y 2018 (en el caso de la estabilización) y a 2019 y 2020 (para oposición libre). Por lo que aún están pendientes aquellos que se destinen a aumentar el número de funcionarios de este 2021. Unos retrasos que se explican con la falta de estabilidad del Gobierno, que durante casi ocho meses de 2019 permaneció en funciones. Después, llegó la pandemia de coronavirus para acabar de rematar cualquier idea de reactivar esos procesos de captación de más ciudadanos para que se incorporen a trabajar en la Administración General.
Esas convocatorias de 2021 irán apareciendo durante los próximos meses, como ha podido saber este diario de fuentes del Ejecutivo. Un gran número de colectivos esperan su turno para poder presentarse a los exámenes tras meses y años preparando las oposiciones. Los 'afortunados' hasta ahora han sido los interesados en ingresar en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El pasado martes, el Consejo de Ministros ya aprobó 4.419 puestos para la Policía Nacional y la Guardia Civil, con una tasa de reposición del 115%. Por lo que por primera vez en años habrá más agentes tras los recortes de años anteriores o la simple cobertura de aquellos a los que les tocaba jubilarse.
La duda está en si las convocatorias de los próximos meses serán las primeras en afrontar el nuevo sistema de oposición que está diseñando el departamento de Miquel Iceta. El Ministerio de Función Pública se ha fijado en otros países de la Unión Europea para cambiar el modelo tradicional que impera desde hace décadas. La idea es acabar con la exigencia de memorizar un temario extenso y acortar el tiempo de preparación, que en colectivos como la judicatura es de varios años. El fin del Ejecutivo es atraer el talento y rejuvenecer las plantillas. Tal y como está haciendo con esta convocatoria que aparecerá en el BOE.
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