Que funcionarios no podrán acogerse al teletrabajo de tres días a la semana

El pasado mes de mayo, el Gobierno y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) acordaron posibilitar el teletrabajo durante tres días a la semana a los empleados públicos que así lo deseen. De esta medida podrán beneficiarse hasta 230.000 trabajadores de la Administración General del Estado (AGE) si deciden voluntariamente adoptar este nuevo modelo de jornada laboral. Hasta ahora, solo podían estar un día en remoto. 

La semana pasada, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó este plan, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, destalló que se establecerán esos tres días de teletrabajo de forma general. Asimismo, explicó que cada Ministerio o entidad estatal deberá aprobar un plan con una declaración de puestos susceptibles para ello.

Quiénes quedan excluidos

El Ministerio de Hacienda ha informado que los funcionarios que no van a poder acogerse a esta medida son aquellos empleados públicos cuya principal función sea la de atender a los ciudadanos. Sin embargo, estos trabajadores podrían establecer turnos rotativos entre ellos para acudir presencialmente y dedicar el resto de la semana a actividades que puedan desarrollarse de forma online, según señala Xataka. 

Tampoco podrán beneficiarse del teletrabajo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ni el personal de los centros docentes, ni de la administración de justicia. Esto es debido a que las tareas a realizar por estos profesionales no se pueden realizar de otra manera que no sea acudiendo presencialmente a su centro. En este sentido, los empleados que dependan de una supervisión directa o que "requieran de la disponibilidad para su prestación inmediata y no programable", también están excluidos según el BOE.

De igual modo, al tratarse de un plan dirigido a los funcionarios del Estado, los empleados de las comunidades autónomas y de los organismos locales dependerán de los proyectos de trabajo a distancia que desarrollen las instituciones a las que pertenecen.

El objetivo de esta medida

Montero ha explicado que el objetivo de esta medida es reducir el impacto energético tanto por los desplazamientos al lugar de trabajo como por el consumo de energía en el propio centro de trabajo, "garantizando siempre la prestación y calidad del servicio público". Como veníamos diciendo, la implantación será voluntaria y el porcentaje mínimo de prestación de servicios presenciales siempre deberá ser superior al 40 % en el conjunto de la jornada semanal.