La Generalitat de Cataluña quiere tirar del personal médico de la Seguridad Social para llevar a cabo el plan de cribajes masivos con el que pretende atajar la evolución de los contagios de Covid en el territorio. Según confirman fuentes del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, el Govern catalán ha solicitado autorización en concreto para poder requerir al personal médico de las mutuas de accidentes de trabajo -dependiente de la Seguridad Social- para ejecutar el plan de cribajes masivos al personal de las residencias de la tercera edad en la ciudad de Barcelona, que tiene como objetivo establecer un control exhaustivo sobre los posibles contagios del personal de la residencias e impedir que los trabajadores de los centros puedan llevar desde fuera el virus a estos centros, donde se aloja un colectivo especialmente vulnerable.
La Generalitat entiende que los cribajes periódicos al personal de estos centros es una actividad situada en el ámbito de la salud laboral y que, por tanto, deben ser las mutuas de accidentes de trabajo las que asuman esa tarea bajo la coordinación de los equipos sanitarios de los centros. La solicitud remite a la controvertida maniobra intentada este pasado verano por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para alistar como rastreadores al personal médico de las mutuas con actividad en la región. Entonces, tras un pulso soterrado entre la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, los planes de Ayuso para incorporar sin coste presupuestario alguno como rastreadores a decenas de trabajadores del sistema de Seguridad Social quedaron en agua de borrajas.
Ahora, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social asegura estar estudiando el asunto para determinar "cómo canalizarlo jurídicamente" y avanza que "nuestra disposición a colaborar es máxima como no podía ser de otra forma". La situación difiere de la vivida el pasado verano con la Comunidad de Madrid en un elemento fundamental. Entonces, el Gobierno había declarado el fin del estado de alarma y como consecuencia de ello la derogación de la normativa específica aprobada al efecto y que, entre otras cosas, habilitaba a las comunidades autónomas para requerir el apoyo del personal médico de las mutuas de accidentes de trabajo para atender las necesidades que se pusieran de manifiesto en la lucha contra la crisis sanitaria. El Gobierno madrileño apeló en aquellos días a una orden de la Consejería de Sanidad que supuestamente habilitaba al sistema regional de salud a tirar de los recursos sanitarios existente en la comunidad, con independencia de su adscripción, para hacer frente al virus, pero cuya validez jurídica estaba en entredicho.
España vuelve a estar bajo el paraguas del estado de alarma y esto podría facilitar las cosas. El tiempo en cualquier caso apremia. La Generalitat pretendía empezar con su plan de cribajes masivos este mismo lunes para ejecutar una primera ronda a lo largo de esta semana, pero aún no dispone de la autorización formal de Seguridad Social que se antoja preceptiva. La eventual autorización de este programa exigiría la movilización de decenas de trabajadores de las mutuas que en la actualidad atienden los servicios médicos de los centros e implicaría la realización de decenas de miles de PCR y test de antígenos.
Un plan para controlar a más de 14.000 profesionales
El plan de la Generalitat pretende implantar un control preventivo regular sobre 9.721 trabajadores de 323 residencias de mayores. La idea es movilizar a las trece mutuas que tienen alguna dependencia en la ciudad de Barcelona para que asuman la realización de los test de control -PCR y test de antígenos- sobre el personal de estos centros a razón de un millar de controles diarios. "Las mutuas garantizarán tanto la realización efectiva de la criba como la gestión y la supervisión, la validación del proceso, el levantamiento de contactos profesionales y el registro de datos resultante haciendo a discreción las visitas oportunas que consideren", según se recoge en un documento informativo circulado entre las entidades afectadas y al que ha tenido acceso La Información.
Las estimaciones que maneja el Govern catalán apuntan a que por este procedimiento serán capaces de detectar en torno a 350-400 positivos de asintomáticos entre el personal que trabaja en las residencias, ya que esperan un nivel de incidencia del 3,7%.
En un segunda fase, el Govern de Pere Aragonés pretende que esos controles realizados por las mutuas se extiendan a los más de 4.000 trabajadores de los centros del sistema de atención a la dependencia. La operativa diseñada desde la Conselleria de Salut establece la realización de forma masiva de test rápidos de antígenos a los profesionales de las residencias antes del inicio de la jornada laboral y la realización de pruebas PCR en los casos en que el test rápido haya arrojado un resultado sospechoso. Será la Conselleria la que ponga las pruebas a disposición de las mutuas, en tanto que éstas tendrán que asumir toda la organización logística asociada a la realización de las pruebas, el registro de sus resultados y la comunicación de los positivos a los servicios de Atención Primaria del Sistema Catalán de Salud (CatSalut).
CatSalut ha detectado la existencia de cinco canales a través de los cuales el virus ha entrado en las residencias de mayores. A saber, las visitas de familiares, las salidas de personas residentes, los nuevos ingresos de residentes y los movimientos ordinarios de entrada y salida de los profesionales que prestan sus servicios en las residencias. El organismo entiende que los tres primeros factores son fácilmente controlables, pero que este último factor requiere de la implantación de un plan especial de seguimiento, que quiere poner en marcha con el apoyo de las mutuas.
La realización de controles masivos a grupos profesionales particularmente vulnerables, como son los trabajadores de las residencias, es sólo uno de los tres ejes del plan de la Generalitat para contener la proliferación del virus en Cataluña, y acompañará a los otros dos ejes, la realización de test masivos a la población en los territorios con mayores niveles de incidencia y el control exhaustivo de los contagios en colectivos de personas especialmente vulnerables en caso de contagio.
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