Los fondos Next Generation EU han aceleran las adjudicaciones en 2023. En concreto, se han asignado más de 2.000 millones de euros al mes, lo que supone un total de 7.756 millones entre convocatorias y licitaciones, un 27% del total previsto para adjudicar para este año. Sin embargo, su resolución sigue siendo lenta y, tal y como indica el informe realizado por la consultora LLYC (Llorente y Cuenca), únicamente se han resuelto 1.200 millones de euros, un 15%, en convocatorias competitivas. De estos proyectos la mayoría pertenecen a convocatorias de concesión directa de la Administración General del Estado (AGE). Por su parte, todavía no hay ninguna licitación resuelta en este 2023.
De la totalidad de los más de 70.000 millones de euros de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), España cerró 2022 con más de 23.300 millones en convocatorias de ayudas y licitaciones resueltas que financian más de 190.000 proyectos, según los datos de Moncloa, a los que se suman los 1.200 millones del primer trimestre de este año. Por lo tanto, a pesar de “la velocidad de crucero” a la que hacía referencia en noviembre del año pasado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, los más de cuatro meses de plazo habitual para la resolución de estas asignaciones ralentizan el proceso para hacer llegar las ayudas a las empresas.
El debate sobre el cuello de botella burocrático de estos fondos se arrastra desde el primer pago realizado por la Comisión Europea (CE) en 2022. De hecho, el Gobierno intentó mitigar con antelación mediante la aprobación del Real-Decreto 36/2022 que pretendía modernizar la Administración Pública en línea con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sin embargo, tal y como indica el balance de LLYC, existen grandes convocatorias planificadas para este primer trimestre que acumulan retrasos, como las ayudas al IPCEI de Hidrógeno, al almacenamiento energético en ‘stand-alone' o a la rehabilitación del Patrimonio Histórico. Además de otras convocatorias relevantes que continúan estando pendientes, como la segunda del PERTE VEC o la de Valles del H2, que no se prevé su salida hasta el segundo semestre de 2023.
Cierto es que la AGE ha tomado las riendas de la adjudicación del presupuesto destinado a la recuperación económica de los países miembro de la Unión Europea tras el impacto de la pandemia de la Covid-19. De este modo, la Administración ha sido la encargada de comprometer alrededor del 70% de los fondos durante este primer trimestre del año y un 62% del total asignado. Mientras que las Comunidades Autónomas han sido responsables de gestionar el 38% restante.
Así, el informe muestra que los pasos del Gobierno siguen de cerca las previsiones de compromiso de gasto para este primer semestre, con un 67% del presupuesto adjudicado de los casi 11.700 millones que pretendía asignar hasta marzo.
Continúa la negociación de la adenda al PRTR
A finales el mes de diciembre, la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, presentó el proyecto de adenda al PRTR, que actualmente el Ejecutivo está negociando con la CE, con el objetivo de ampliar la financiación en 10.700 millones de euros en subvenciones y en 84.000 millones en préstamos.
Según indica Moncloa, el dinero financiará los once PERTEs ya en marcha y un nuevo PERTE de Descarbonización industrial, que supondrá una inversión de 3.100 millones de euros entre transferencias y préstamos. Este nuevo proyecto, el PERTE Chip y el ERHA serán los que más recursos adicionales reciban a causa de su “relevancia en ámbitos clave con la transición energética y la autonomía estratégica”, asegura Moncloa en una nota.
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