La puesta en marcha del Fondo de Pensiones de Empleo de Promoción Pública (FPEPP) supone uno de los mayores retos que tiene por delante el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en esta legislatura. Pendientes de que la plataforma digital común por parte del departamento que lidera Elma Saiz junto a las cinco entidades seleccionadas para gestionar los 15 vehículos de ahorro adscritos eche a andar, la expectación dentro de las compañías dedicadas a la gestión del ahorro es máxima. El foco de atención en estos momentos se encuentra en la construcción, que ha sido la primera actividad en mover ficha en este sentido, y cuyo despliegue puede condicionar la trayectoria de estos programas.
Desde VidaCaixa, la firma encargada de su gestión, el primer ejecutivo de la entidad, Javier Valle, ha admitido que serán determinantes para el curso de dichos planes a futuro, ya que el "éxito" en su desarrollo puede servir de revulsivo a patronales y sindicatos para replantearse este formato como complemento para la jubilación. "Se trata de un proyecto de gran complejidad, pero creemos que su éxito impulsará a otros sectores, que ya valoran iniciativas similares", ha destacado durante la presentación de los resultados anuales. Sobre este punto de partida, el optimismo entre la industria de la gestión de activos es palpable si se tiene en cuenta que España registra uno de los niveles más bajos de ahorro destinado a la edad de retiro de la OCDE.
En concreto, creen que pueden resucitar los productos diseñados con esta finalidad, que no levantan cabeza desde 2012, coincidiendo con la eliminación de las aportaciones a los planes de previsión social complementaria de los funcionarios. Las pérdidas de patrimonio en los planes de pensiones de empleo han sido la tónica durante los últimos once años, en los que el volumen de retiradas de dinero ha superado en todos los ejercicios sin excepción el de las entradas. En 2023, las salidas netas ascendieron a más de 293 millones, que es la diferencia entre las aportaciones (1.298 millones) y el desembolso derivado de las prestaciones (1.591 millones), según los datos recabados por Inverco.
Esta situación ha derivado en un estancamiento del volumen de activos contabilizados en el sistema de empleo, que al término de 2023 se situaba en los 36.667 millones, apenas 4.095 millones más de los que se registraban en el citado 2012. Por ponerlo en contexto, el patrimonio de los individuales más que dobla esta cifra (84.923 millones), pese al freno experimentado en los últimos ejercicios a raíz de la rebaja en el límite deducible en el IRPF desde los 8.000 hasta los 1.500 euros. El anterior ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, tomó esta decisión a la par que elevó el máximo de los planes de empleo en aras de darles un empujón antes de que el FPEPP sea una realidad.
En el momento actual, apenas un 28% de las empresas españolas cuenta con al menos un plan de previsión para sus empleados, según se desprende del VII Estudio sobre la situación de las pensiones en España que elabora KPMG. En este aspecto, el sector financiero es uno de los más proactivos, ya que seis de cada diez empresas disponen de uno o más planes de pensiones. En menor medida se encuentran la industria energética (46%), así como la química y farmacéutica (38%), aunque en los tres casos están dirigidos para toda la plantilla. El estudio también cuestiona la decisión de reducir los planes simplificados que, según recoge, "está desmotivando el ahorro a través de planes de pensiones de gran parte de la población", que es de una de las principales críticas lanzadas desde gestoras, aseguradoras y sus diferentes patronales.
"El objetivo debería ser fomentar tanto la previsión social complementaria de las empresas como de los individuos y no favorecer una de las opciones en detrimento de la otra", esgrimen en el informe. La consultora destaca que si bien la representación de los planes sobre el PIB es baja, el porcentaje es especialmente ínfimo en el caso de los de empleo, que apenas suponen el 3%, frente al 7,3% de los individuales, magnitudes que han permanecido estables en la última década. En este contexto, uno de los datos más reveladores radica en el hecho de que más de un 47% de las empresas desconoce la figura del fondo público de pensiones promovido por el Estado, lo que no está reñido con su expectativa de que el fondo público vaya a contribuir a fomentar el ahorro destinado a la jubilación.
