Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2023 se prorrogan de forma automática este lunes, 1 de enero, a la espera de que a lo largo del primer trimestre el Gobierno de Pedro Sánchez presente y consiga sacar adelante en las Cortes Generales unas nuevas cuentas públicas para el año 2024. Se trata de la novena prórroga presupuestaria de la democracia, ya que sucedió anteriormente con las cuentas de 1978, 1982, 1995, 2011, 2016, 2017 y en dos ocasiones los de 2018, algo que no había sucedido anteriormente.
Sin embargo, la intención de la ministra de Hacienda y recién nombrada vicepresidenta primera, María Jesús Montero, es elaborar y presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 en la primera parte del año, antes de abril. Ante un arco parlamentario tan fragmentado, tendrá que esforzarse por recabar los apoyos suficientes para que, por cuarto año consecutivo, puedan ver la luz unas nuevas cuentas públicas en España.
La necesidad de prorrogar los Presupuestos de 2023 ha hecho que el Consejo de Ministros aprobara un acuerdo por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga de las cuentas, que ascienden a 380.822 millones de euros. Se cumple así con lo recogido en el artículo 134 de la Constitución Española, donde se determina que, si no se ha aprobado una nueva Ley de Presupuestos el 1 de enero, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos Generales del ejercicio anterior hasta la aprobación de otras cuentas públicas.
Y es que debido a que la conformación del Gobierno resultado de las elecciones generales del 23 de julio se realizó a finales del mes de noviembre, el Ejecutivo no ha tenido tiempo para aprobar unos nuevos Presupuestos antes del 1 de enero de 2024. Por tanto, y aunque se encuentra ya iniciado el proceso de elaboración de las próximas cuentas públicas con la aprobación del techo de gasto y los objetivos de estabilidad por parte del Consejo de Ministros, ha sido necesario adoptar los criterios de prórroga de los Presupuestos de 2023 hasta la aprobación de las nuevas cuentas públicas.
Lo que ya tiene listo el Ejecutivo es el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', del Presupuesto del Estado para 2024, que se eleva a la cifra récord de 199.120 millones de euros, lo que supone un 0,5% más respecto al ejercicio anterior, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.
Pacto de estabilidad de la UE
se enfrenta a un escenario internacional incierto, marcado por los conflictos geopolíticos, la escalada de precios, los elevados tipos de interés y la reactivación de las reglas fiscales europeas, suspendidas desde 2020 por la pandemia y el impacto de la guerra en Ucrania.
Por ello, el Gobierno ha aprobado ya, junto al techo de gasto, los objetivos de estabilidad presupuestaria, que apuntan a un objetivo de déficit de las Administraciones Públicas en 2024 del 3% del PIB en 2024, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026. Asimismo, el Gobierno espera seguir con la senda descendente de la deuda pública y prevé que baje del 106,3% en 2024, al 105,4% en 2025 y al 104,4% en 2026.
Este panorama de consolidación fiscal estará asentado sobre un escenario macroeconómico que apunta a un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2% el próximo año y la creación de 700.000 empleos en 2023 y 2024, un impulso al que contribuirá el despliegue de los fondos europeos 'Next Generation EU'.
En las próximas semanas, las Cortes Generales se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos de estabilidad propuestos por el Gobierno -no el techo de gasto, que no se vota-, que en esta ocasión deberán estar alineados con las normas fiscales europeas, tras años suspendidas por la pandemia.
El Gobierno cuenta con un informe jurídico, elaborado por la Abogacía del Estado, que permitirá la tramitación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2024, pese al posible bloqueo en el Senado de los objetivos de estabilidad presupuestaria por la mayoría del PP.
Informe del Gobierno
El informe establece que el Gobierno podrá acudir, según la ley orgánica, en dos ocasiones a intentar aprobar en las Cortes Generales los objetivos de estabilidad para los próximos tres años. El plazo máximo de intervalo entre la primera remisión de objetivos y la segunda no puede superar el mes.
En caso de que en dos ocasiones no se apruebe por alguna de las Cámaras esos objetivos de estabilidad, el proyecto de Presupuestos se basará en lo dispuesto en el plan que se remitió a Bruselas en el mes de abril, el Programa de Estabilidad, que obliga a comunidades y ayuntamientos a apretarse más el cinturón porque les da menos margen de déficit.
Ahora, los objetivos de estabilidad aprobados por Hacienda fijan el déficit de las comunidades en el 0,1% del PIB y estipulan para los ayuntamientos un objetivo de estabilidad presupuestaria. Si el PP rechaza por dos veces en el Senado esta senda, habría que volver a la anterior, que fijan la estabilidad presupuestaria para CCAA y un superávit del 0,2% para ayuntamientos, lo que supone dar menos margen para el gasto de ambas administraciones.
El salario de los funcionarios
Una de las medidas de mayor interés que se incluirá en las nuevas cuentas públicas es la subida del salario de los funcionarios, que se hará cuando se aprueben los PGE de 2024 con carácter retroactivo. El salario de los más de 3,5 millones de empleados públicos subirá en un porcentaje fijo del 2% con la llegada de 2024, que podrá elevarse en otro 0,5% adicional en función de la evolución del IPC armonizado (IPCA).
Así lo pactaron Gobierno, CCOO y UGT en el 'Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI' firmado en octubre de 2022 y en el que se contemplaba una subida salarial para el conjunto de los tres años de hasta un 9,5%. En concreto, el texto del acuerdo contempla para el nuevo año un incremento salarial fijo del 2% sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior. Adicionalmente, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022-2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de esos mismos ejercicios, se aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%, con efectos desde el 1 de enero de 2024.
