La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cifrado en unos 5.350 millones de euros el coste del último paquete de medidas para combatir la inflación, que incluye un IVA de la electricidad al 10% y la gratuidad del Cercanías durante todo 2024.
En una entrevista con EFE horas antes de su nombramiento como vicepresidenta primera, Montero ha defendido que esta serie de medidas encaja en el compromiso de reducir el déficit público al 3% del PIB en 2024 "habiendo demostrado que la consolidación fiscal es compatible con la política" de protección social del Gobierno.
"El margen fiscal", ha explicado, permite continuar "por un tiempo" con unas medidas que han sostenido las rentas en un entorno de precios elevados y mantener así una política que ha permitido "que el crecimiento económico no se pare".
Entre estas medidas figuran la extensión de las bonificaciones al transporte público y de la supresión del IVA para los alimentos básicos, así como otras "sin repercusión económica", como la prohibición de los desahucios.
Reforma de la financiación autonómica
La nueva vicepresidenta primera ha asegurado a EFE que ya está trabajando en la reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente desde hace una década, y que si no se producen avances es debido a la falta de liderazgo del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. La financiación autonómica "no se puede reformar porque no hay una posición única por parte del Partido Popular", argumenta, que "en cada uno de los territorios tiene una posición contradictoria con respecto al otro" sobre cómo se financian los servicios y el peso que se da a la dispersión, el envejecimiento o la insularidad.
Sobre la posibilidad de que la financiación de Cataluña se afronte de manera independiente, Montero se limita a pedir que no pongan en boca del PSOE "algo que no hemos dicho" y que el objetivo es promover "un acuerdo que nos permita situar puntos de encuentro".
Abanico de impuestos
Entre las medidas aprobadas está también la prórroga durante un año de los gravámenes sobre banca y energéticas, inicialmente previstos para dos ejercicios, aunque con bonificaciones para la inversión en descarbonización porque hay que "animar a las empresas energéticas" a avanzar en ese sentido.
Estos gravámenes, que nacieron con carácter extraordinario y en forma de prestaciones patrimoniales, se van a "incorporar al sistema tributario, es decir, a convertirlos en figuras fiscales", en impuestos permanentes.
Otro gravamen que ha sido extendido esta semana durante un año ha sido el de las grandes fortunas -que complementa el impuesto de patrimonio en las comunidades autónomas que lo tienen bonificado- y, afirma la ministra, se mantendrá hasta que se reforme el sistema de financiación autonómica.
Los presupuestos en marzo
Montero ha reiterado su intención de que los Presupuestos de 2024, que todavía se están trabajando "al interior del Gobierno" para ajustarlos a las nuevas reglas fiscales europeas, estén en vigor a finales de marzo o principios de abril.
Antes de ello, la senda del déficit tendrá que pasar por las Cortes. "Espero que el Senado (donde el PP tiene mayoría absoluta) no ejerza la amenaza" de vetarla, ha apuntado, porque retrasaría las cuentas y perjudicaría a las comunidades autónomas al impedirles acceder a una senda de estabilidad más flexible.
En caso de que el Senado tumbe la senda de déficit propuesta, el Gobierno volverá a remitirla a las Cortes y elaborará los Presupuestos con base en los objetivos comunicados a Bruselas en abril, más estrictos para las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Entrada del Estado en Telefónica: "Un accionista más"
Según ha asegurado a EFE la ministra de Hacienda, la intención del Gobierno "no es ser el principal accionista de Telefónica", en la que el Estado ha acordado comprar hasta un 10 % del capital, sino "un accionista más" de una empresa que ha definido como "estratégica".
El Gobierno acordó este mes de diciembre ordenar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) adquirir hasta un 10% del capital de Telefónica, tres meses después de que la empresa saudí de telecomunicaciones STC Group anunciara que había adquirido una participación del 9,9% de la operadora por 2.100 millones de euros.
De alcanzar ese porcentaje, el Estado se convertiría en el principal accionista de la operadora, por delante del STC (que ha adquirido un 4,9% en acciones y un 5% en derivados que puede convertir en capital si cuenta con la autorización del Gobierno); el BBVA (con un 4,87%); el fondo BlackRock (4,48%) y CaixaBank, con un 3,5% directo, aunque Criteria tiene otro 2,53%.
Tras recalcar que la autorización del Consejo de Ministros es para comprar "como máximo" un 10% de Telefónica, la nueva vicepresidenta primera ha señalado que aún no está decidido cómo va a financiarse la adquisición, que la SEPI ya había informado de que se llevaría a cabo minimizando el impacto que pueda tener en la cotización de la compañía y "en el menor tiempo posible".
Montero ha dicho que no está sobre la mesa la posibilidad de que el Estado adquiera participaciones en otras empresas privatizadas, como han solicitado algunos partidos de izquierdas, y ha recalcado a ese respecto que el caso de Telefónica es "muy singular" por el hecho de tener un "papel trascendente" en la transformación tecnológica, incluido en el ámbito de la defensa.
