Formaba parte de los PGE

El Gobierno inyecta 13.830 millones a la Seguridad Social para pagar pensiones

La ministra de Hacienda ha afirmado además que este préstamo evidencia el compromiso del Gobierno por hacer sostenible el sistema de la Seguridad Social "a corto, medio y largo plazo".

La ministra Portavoz, María Jesús Montero
El Gobierno inyecta 13.830 millones a la Seguridad Social para pagar pensiones.
Europa Press

El Consejo de Ministros de este martes ha acordado la concesión de un préstamo de 13.830 millones de euros a la Tesorería General de Seguridad Social para equilibrar las cuentas del sistema en relación al pago de pensiones o de prestaciones por incapacidad temporal (IT), según ha anunciado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha precisado que esta transferencia a la Seguridad Social estaba ya determinada y consignada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021. La ministra ha afirmado además que este préstamo evidencia el compromiso del Gobierno por hacer sostenible el sistema de la Seguridad Social "a corto, medio y largo plazo".

Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha apuntado este martes que en agosto debe culminarse la negociación con empresarios y el Gobierno para saber si puede haber un acuerdo sobre las reformas del mercado laboral y de las pensiones. Sordo ha explicado en una rueda de prensa por el XII Congreso de CCOO en la Región de Murcia que hay que retomar "cuanto antes" la negociación para derogar la reforma de pensiones de 2013 y de la legislación laboral de 2012 tras el parón causado por la pandemia de coronavirus.

El dirigente sindical ha recordado que el Gobierno ha contraído "compromisos" con los dirigentes de la UE para reformar ambas normativas a lo largo de este año. Respecto a las pensiones, Sordo ha dicho que confía en que se pueda llegar a un acuerdo en las próximas semanas para derogar el factor de sostenibilidad actual, de forma que se revaloricen en función del IPC. Además, ha apostado por que el acuerdo permita desarrollar en los próximos años un paquete de medidas para que los Presupuestos Generales del Estado transfieran a la Seguridad Social unos 19.000 millones de euros anuales.

En cuanto a la reforma laboral, Sordo ha considerado factible resolver la negociación en un "tiempo rápido" en la parte correspondiente a la negociación colectiva. Sin embargo, el dirigente de CCOO ha estimado "más complejo" acordar variables "más difíciles", como la contratación, el despido y la incorporación a la legislación de los ERTE en situación de normalidad. Por todo ello, Sordo prevé que el próximo agosto estén "ultimados" los contenidos para ver si hay posibilidad de llegar a un acuerdo en estas materias, aunque ha advertido que, en caso contrario, debe ser el Gobierno el que legisle con base en los compromisos adquiridos con la UE.

El secretario general de CCOO ha calificado como un "cambio de rasante" la situación económica actual, en el que prevé una recuperación "muy intensa" en el segundo semestre, con una subida superior al 6% en el PIB gracias a la consolidación del proceso de vacunación contra la Covid. Eso, ha añadido, provocará una mejora "importante" en los índices de ocupación y que una parte "sustancial" de los 588.000 trabajadores que están en ERTE actualmente se reincorporará a su puesto de trabajo.

Sin embargo, Sordo ha reclamado al Gobierno que no adopte una "actitud autocomplaciente" y refuerce la "agenda social" derogando las reformas laboral y de las pensiones, subiendo el salario mínimo interprofesional y canalizando “correctamente” los fondos europeos de recuperación. “Ahora toca saldar cuentas con la clase trabajadora y eso pasa por mejorar sus condiciones”, ha destacado Sordo antes de alertar de que al ejecutivo “no le queda otra” que dar prioridad a la agenda social ante la “polarización extrema” que van a emprender “las derechas”. El secretario general de CCOO en la Región de Murcia, Santiago Navarro, que opta a la reelección, ha incidido en que la comunidad es una autonomía "precaria con empleo precario" y cuenta con más de 100.000 trabajadores sin renovar su convenio colectivo desde hace diez años.

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