El Gobierno resarcirá a las empresas proveedoras de servicios a las Administraciones Públicas con concesiones en vigor el sobrecoste derivado de la subida del Salario Mínimo Interprofesional siempre que se acredite que su impacto en la estructura de gastos de personal prevista en el contrato sea "relevante". No lo hará de forma generalizada, como pretendía CEOE, sino que analizará los contratos caso a caso y establecerá alguna fórmula de resarcimiento en aquellos en que detecte que las condiciones del contrato varían de manera significativa con la medida.
Fuentes del Ministerio de Hacienda avanzan que la fórmula concreta mediante la que se producirá ese resarcimiento está aún por ver, si mediante una renegociación de las condiciones del contrato o mediante una compensación económica por el sobrecoste que la subida del 22% en el Salario Mínimo genere en los gastos de prestación del servicio.
La preocupación en relación a este asunto en el ámbito empresarial era importante. Las sectoriales más dependientes de sus contratos con la Administración habían advertido a Juan Rosell y en la última Junta también al nuevo presidente de CEOE, Antonio Garamendi, de que la asunción de los sobrecostes asociados a esa alza salarial podrían obligar a muchas empresas a renunciar a la prestación del servicio, en especial en aquellos ámbitos intensivos en manos de obra y de bajo valor añadido, como la limpieza o la seguridad.
Rosell maniobró sin éxito en la recta final de su mandato para que se incluyera en el Decreto de Subida del Salario Mínimo alguna exención para los contratos públicos y el propio Garamendi también intentó, con suerte similar, arrancar algún tipo de compromiso general al Gobierno para que se dictara una instrucción que obligara a todos los centros administrativos a compensar esta circunstancia a sus empresas contratistas.
CEOE no ha conseguido lo que pretendía, pero al menos sí ha logrado que el Ministerio de Hacienda se avenga en última instancia a revisar los contratos públicos en vigor que estén afectados por la subida hasta los 900 euros del Salario Mínimo para analizar si procede o no compensar.
Según fuentes de Hacienda el análisis se hará contrato a contrato y sólo se activará la compensación cuando se entienda que el quebrante es "significativo". No aclaran, no obstante, que se entenderá como 'quebranto significativo', lo cual se entiende que se resolverá en negociación con las organizaciones empresariales o directamente con las empresas proveedoras de la Administración.
El compromiso de Hacienda con la organización empresarial abre la puerta a la revisión de cientos de contratos públicos en la Administración del Estado y su ámbito de influencia, y también crea un resquicio para que las empresas puedan reclamar esta situación en autonomías y ayuntamientos, donde esta situación será más común.
En el mismo movimiento esquiva un escenario aún más inquietante. Las organizaciones sectoriales más afectadas por la subida del SMI amenazaban con una oleada de demandas ante la jurisdicción económico-administrativa si el Gobierno no daba ninguna solución a la problemática.
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