El Ministerio de Hacienda ya tiene el informe de la Abogacía del Estado en el que se ampara para no abonar los 7.200 millones de euros que corresponden a las comunidades autónomas y cuya retención ya está provocando algunos problemas de tesorería en territorios como Madrid o la Comunidad Valenciana. El documento de 13 páginas, al que ha tenido acceso La Información, concluye que si el departamento de María Jesús Montero libera las entregas a cuenta podría "comprometer o condicionar la actuación del nuevo Gobierno".
En el informe firmado por un abogado del Estado se puede leer también que "la revisión del importe de las entregas a cuenta realizadas a las comunidades autónomas es una actuación que por su fuerte trascendencia cuantitativa y cualitativa es subsumible en dicho concepto [comprometer al futuro Gobierno]. Por ello recomienda al Ejecutivo socialista en funciones "excluir" de su ámbito de actuación desbloquear esos 7.200 millones.
La conclusión del informe dirigido a la secretaría de Estado de Hacienda y que fue recepcionado ayer por el Ministerio es la siguiente: "Por exceder del despacho ordinario de asuntos públicos no podría un Gobierno en funciones actualizar el importe de las entregas a cuenta a realizar a las comunidades autónomas".
La Abogacía del Estado también indica a Hacienda que "un Gobierno en funciones al modificar el importe de las entregas a las Comunidades Autónomas establece nuevas orientaciones políticas, comprometiendo, condicionando o impidiendo las que pueda adoptar el nuevo Gobierno, por lo que dicha actuación excedería del despacho ordinario de asuntos".
La Abogacía destaca que la Secretaría de Estado de Hacienda les formuló la consulta el pasado 22 de agosto "con carácter de urgencia". La ministra María Jesús Montero no disponía, por tanto, de ningún documento cuando afirmó que sí lo tenía para denegar esta transferencia a las autonomías. Ciudadanos ya ha afirmado que pedirá su reprobación en el Congreso "por mentir".
Las deudas que acumula Hacienda con las autonomías son millonarias. Solo en lo que a las entregas a cuenta se refiere Madrid debería recibir 733 millones. Lo mismo Cataluña, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana... y con un sistema de financiación autonómica caducado desde 2014.
A esta "asfixia económica" que, según denuncia el PP, está sometiendo el Gobierno en funciones de Sánchez a las autonomías se suma que el Consejo de Ministros no ha aprobado a día de hoy la senda de estabilidad y el techo de gasto no financiero. Y tampoco tiene intención de hacerlo antes de lograr la investidura o unas nuevas elecciones el 10 de noviembre. "Es un incumplimiento de la ley de Estabilidad Presupuestaria", denuncian a La Información desde el equipo económico de Génova. Los populares están estudiando acudir a los tribunales ante los problemas de tesorería que se avecinan en los territorios.
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