Al menos un 15% de las familias españolas, alrededor de 2,8 millones de hogares, se ven obligados a afrontar un gasto energético desproporcionado, de forma que su gasto en este tipo de suministros en relación a sus ingresos supera en más del doble la media nacional. El dato, que el Banco de España (BdE) ha calculado a partir de los datos de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) de 2020, por lo que no incorpora el impacto de la crisis energética agravada por la guerra en Ucrania ni de la pérdida de poder adquisitivo que ha traído consigo la escalada de la inflación. Se trata de hogares que se encuentran, fundamentalmente, en el 30% inferior de la distribución de la renta. La entidad ha publicado este miércoles un capítulo monográfico de su Informe Anual que dedica íntegramente a la situación de España y Europa frente a la crisis energética.
En él se pone de manifiesto cómo ese 15% de familias españolas con gasto energético desproporcionado se sitúa por debajo del porcentaje que registran otras grandes economías de nuestro entorno: del 20% de familias que se encuentran en esta tesitura en Francia o del 17% en Italia y Alemania. El organismo capitaneado por Pablo Hernández de Cos explica que los hogares de menor renta ya estaban más expuestos al encarecimiento de la energía antes incluso de que estallase esta crisis, dado que dedican una mayor proporción de su gasto total al consumo de electricidad y de alimentos. Mientras, el gas natural es consumido de manera relativamente homogénea por los hogares, independientemente de sus niveles de renta, mientras que el peso del gasto en carburantes es mayor para las familias de renta más alta.
Como resultado de estos distintos patrones de consumo y del diferente grado de encarecimiento que han sufrido todos estos bienes a lo largo de los últimos trimestres, se estima que, durante dicho período, los hogares de menor renta "habrían experimentado una tasa de inflación sensiblemente mayor que la que habrían observado las familias con un nivel de renta superior", explica el BdE. La entidad apunta a que las distintas medidas aprobadas por el Gobierno Central y por algunos ejecutivos autonómicos y ayuntamientos habrían mitigado, al menos en parte, ese mayor impacto adverso en las familias de menor renta.
En ese grupo de medidas se situarían los aumentos del salario mínimo interprofesional, las pensiones de jubilación contributivas y no contributivas, las prestaciones de incapacidad permanente o el ingreso mínimo vital. El regulador apunta a que la decisión de rebajar el IVA de los alimentos, de la electricidad y del gas, así como la bonificación a los carburantes habría costado al Estado 9.600 millones de euros en el periodo de vigencia de estas medidas, si bien su impacto ha sido diferente entre los hogares.
La efectividad de un cheque directo de 860 euros a vulnerables
Mientras que las rebajas del IVA de la electricidad, del gas y de los alimentos habrían supuesto ahorros fiscales mayores en relación a su gasto total en los hogares de renta baja, la bonificación a los carburantes habría beneficiado más a los de renta alta. Con todo, la entidad estima que una transferencia directa de 860 euros focalizada en los más vulnerables —en particular, en aquellas familias situadas en las tres primeras decilas de la distribución de la renta— habría logrado niveles de protección similares a los alcanzados con estas medidas, pero con un menor coste presupuestario y evitando distorsiones en las señales de precios.
En lo que respecta a la ayuda de 200 euros destinada a los hogares con bajo nivel de renta y riqueza, que se puso en marcha a finales del año pasado, el BdE calcula que podría beneficiar aproximadamente a 3,6 millones de hogares españoles, de los que un 51% presentarían un gasto energético desproporcionado. Con todo, la entidad reclama que este tipo de incentivos tengan en cuenta el gasto de las familias, además de la renta.
El paquete energético elevó el PIB 1,1 puntos y redujo en 2,3 el IPC
En conjunto, el Banco de España ha calculado que las medidas de apoyo contra la crisis energética desplegadas a lo largo del pasado ejercicio por el Gobierno de coalición (incluidas las rebajas del IVA, la bonificación a los carburantes o el tope al precio del gas, entre otras) tuvieron un impacto positivo de 1,1 puntos sobre el avance del PIB y contribuyeron además reducir la tasa general de inflación en 2,3 puntos -lo que contribuyó a situar a nuestro país entre los que registraron un IPC más reducido y a que ganase además competitividad y cuota de mercado en relación a sus principales socios comerciales-.
Según explica el director general de Economía y Estadística, Ángel Gavilán, el tope al gas "ha reducido la inflación en la economía española en torno a medio punto en el conjunto de 20222, por lo que puede decirse que ha tenido "un impacto importante sobre la inflación y sobre la actividad", dado que ha impulsado el consumo y la inversión de las empresas. La economía española avanzó un 5,5% en 2022, por segundo año consecutivo, pese a la subida acelerada de los tipos para hacer frente a una inflación que se situó de media en nuestro país en el 8,4%.
En adelante, el regulador considera que ha llegado el momento de eliminar las rebajas fiscales al gas y la electricidad, en un contexto en el que la actividad económica se está mostrando más dinámica de lo previsto en lo que va de año -este jueves el INE publica su avance de la Contabilidad Nacional del primer trimestre- para evitar que el impulso fiscal generalizado refuerce las "presiones inflacionistas". En marzo la tasa anual de inflación se moderó hasta el 3,3%, pero la subyacente (que excluye de su cómputo los precios de los elementos más volátiles) se mantuvo todavía en el 7,5%.
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