El Ministerio de Derechos Sociales "reclama una reforma fiscal de emergencia" que permita "sufragar las medidas de protección social" que se pongan en marcha para paliar el impacto económico de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmase este jueves que en un contexto de inestabilidad internacional "no se va a plantear ninguna subida fiscal", el departamento que dirige Ione Belarra considera "urgente" abordar la reforma fiscal. De nuevo, se producen discrepancias entre los dos socios del gobierno en materia de política fiscal y desde Unidas Podemos presionan al PSOE para que la reforma tributaria no se aparque.
Unas semanas antes de que Hacienda recibiese el Libro Blanco para la reforma fiscal, elaborado por un comité de expertos, Unidas Podemos presentó su propuesta para cambiar el sistema tributario. Una iniciativa que en palabras de María Jesús Montero fue "inoportuna" y que ya mostró cierto desacople entre los dos partidos que conforman el Ejecutivo. Entonces, Belarra reclamaba más participación en "los debates centrales", haciendo referencia a este asunto. De nuevo, la secretaria general de Unidas Podemos se expresa de forma contraria a la decisión tomada por la titular de Hacienda de esperar a que la situación económica se estabilice para llevar a cabo la reforma.
Desde Derechos Sociales defienden que "el impacto económico del conflicto bélico no pueden pagarlo de nuevo los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, las grandes empresas y las grandes fortunas deben corresponsabilizarse y pagar lo que les toca a las arcas públicas". Así, desde la cartera de Ione Belarra insisten en la postura de Unidas Podemos de crear un impuesto a la riqueza y de aumentar la presión fiscal sobre las empresas, algo que ya se recogía en la propuesta presentada hace menos de un mes. Según los cálculos de Podemos, se podrían recaudar hasta 19.000 millones de euros más si se crea un nuevo tributo y se exige más en el impuesto sobre Sociedades.
Desde el Gobierno consideran que es pronto para calcular el impacto económico de la invasión de Ucrania, pero el presidente anunció esta semana varias medidas para contenerlo. En primer lugar, llamó al impulso de un pacto de rentas para proporcionar estabilidad económica a nivel salarial y empresarial. Además, se comprometió a la puesta en marcha del mecanismo RED y anunció la prórroga de las medidas fiscales para contener la factura de la luz. Se trata de medidas que, sin duda, tendrán un impacto presupuestario y ese es el principal argumento del Ministerio de Derechos Sociales para exigir una subida de impuestos "urgente".
"Ante el previsible impacto que va a tener en la economía europea y por tanto en la economía española el conflicto bélico en Ucrania, se hace más urgente que nunca abordar con carácter inmediato una reforma fiscal ambiciosa que nos permita sufragar las medidas de protección social que deberemos implementar", explican. Por otra parte, comparan el sistema tributario español con otros modelos europeos e indican que "si queremos un Estado del Bienestar y unos servicios públicos como los que tienen los países de nuestro entorno, debemos tener también un sistema fiscal similar al de estos países, y aún estamos lejos de situarnos en ese punto".
Comité de expertos
En relación al Libro Blanco elaborado por el comité de expertos, desde el Ministerio de Derechos Sociales entienden "señala claramente que España tiene un problema de infrafinanciación de las políticas públicas, fruto de nuestro débil sistema fiscal. Resolver esta debilidad estructural, y hacerlo mejorando la progresividad, no puede esperar, es una tarea que hemos de afrontar esta legislatura", argumentan. De hecho, el compromiso del Gobierno en el Plan de Recuperación es el de llevar a cabo la reforma fiscal en 2023, antes de que se convoquen elecciones. "La reforma estructural no sólo es un compromiso alcanzado con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, es un compromiso alcanzado con la sociedad española", argumentan.
Los catedráticos han descartado la idea de crear un nuevo impuesto a la riqueza, pero sí plantean un tipo mínimo autonómico para el impuesto de Patrimonio. Además, instan a establecer tipos mínimos efectivos para los impuestos de sucesiones y donaciones. En este sentido, defienden que el establecimiento de estos tipos mínimos dejarían margen a la autonomía financiera, a la vez que mantiene "una imposición sobre la riqueza".
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