El impuesto catalán a las emisiones de los grandes barcos acumula 4 años de retraso

Hasta cuatro años de retraso acumula el impuesto que catalán a las emisiones portuarias de los grandes barcos, un tributo medioambiental que afectaría especialmente al Puerto de Barcelona, y el cual debía haber entrado en vigor en 2019, tal como prevé la ley catalana de cambio climático de 2017.

Aunque el gobierno catalán tuvo abierto hasta febrero el trámite de audiencia y de información pública sobre este anteproyecto de ley, que se aplicaría a portacontenedores y cruceros, todavía no lo ha aprobado. El anteproyecto de ley considera gran barco a aquella embarcación con una capacidad superior a 5.000 toneladas y establece un gravamen de 1 euro/Kg/NOx/PM, es decir, de 1.000 euros por tonelada de emisión, que se incrementaría año a año hasta llegar a los 3,5 euros en 2026, el cuarto año de aplicación.

Fuentes del Departamento de Economía de la Generalitat han asegurado a EFE que se trata de un impuesto de "alta complejidad técnica", dado que grava las emisiones de óxidos de nitrógeno y de partículas emitidas por los grandes barcos durante las operaciones de maniobra, atraque y fondeo.

Estas fuentes han asegurado que están estudiando las alegaciones recibidas, ya que "algunas de ellas son muy específicas y requieren de un análisis profundo y especializado", pero han subrayado que la previsión es que el proyecto se pueda debatir en el Parlamento catalán este año.

Una recaudación estimada entre 9,7 y 34 millones

Según la memoria de evaluación del impacto del anteproyecto de ley, este nuevo impuesto debe generar una recaudación de entre 9,71 millones -el primer año de recaudación- y 34,01 millones de euros -el cuarto-.

En cuanto a la afectación del impuesto, se presume que lo pagarían el grueso de los grandes barcos que recalan en los puertos catalanes, ya que, según datos de 2019, ese año operaron en el Puerto de Barcelona 2.090 barcos, de los cuales 1.528 fueron grandes barcos, lo que supone el 73% del total, y en el caso del Puerto de Tarragona se eleva hasta el 75%.

Alegaciones del Puerto de Barcelona

El impuesto a las emisiones de los grandes buques, entre ellos cruceros y barcos de mercancías, ha generado alegaciones por parte del Puerto de Barcelona en el trámite de audiencia. El actual presidente del Puerto, Lluís Salvadó, ya avisó en una reciente comparecencia en el Parlamento catalán de que el nuevo impuesto que gravará las emisiones contaminantes de cruceros, portacontenedores y otros grandes barcos puede "romper el equilibrio del mercado" en el caso de que se incremente hasta los 3,5 euros por kg, y defendió un impuesto "razonable".

Salvadó, que es dirigente de ERC, también comentó en febrero que este tributo podía provocar la deslocalización de escalas de cruceros. Por su parte, el anterior presidente del Puerto, Damià Calvet, remitió en 2021 al Govern una serie de aportaciones con la intención de que este nuevo impuesto no supusiera "un menoscabo en la competitividad de las empresas que ejercen actividades económicas mediante el Puerto de Barcelona". Según el texto del anteproyecto, la recaudación de este impuesto se destinará a dotar el fondo para la protección del ambiente atmosférico, creado en una ley que data de 1983.

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Incumplimiento del acuerdo presupuestado

El retraso en la aprobación de este impuesto implica que el gobierno catalán, formado por ERC, ha incumplido el plazo pactado con los comunes en el acuerdo sobre los presupuestos de la Generalitat para 2023. Aquel acuerdo aseguraba que el nuevo impuesto a las emisiones portuarias de grandes barcos debía tramitarse en el Parlamento catalán "entre los meses de enero y febrero de 2023".

Este impuesto, previsto en la ley catalana de cambio climático, aprobada en 2017, ya formó parte del acuerdo entre el Govern y En Comú Podem para aprobar las cuentas de la Generalitat de 2022.

El impuesto a los grandes barcos no es el único cuyos plazos se han incumplido, ya que el impuesto sobre las actividades económicas que generan gases con efecto invernadero, que provocaba rechazo entre las asociaciones empresariales en Cataluña, también debía iniciar su tramitación parlamentaria "antes de acabar 2022", según el acuerdo entre Govern y El Comú Podem para los presupuestos de 2022.

Cataluña también tiene previsto aprobar un impuesto catalán sobre los alimentos ultraprocesados, un tributo también contemplado en el acuerdo de los presupuestos de la Generalitat para 2023 que debería iniciar su tramitación parlamentaria "durante el tercer trimestre del 2023".